Caitlin Johnstone: El aterrador aumento del silencio mediático sobre las noticias incómodas

Investig’action · 12 de julio de 2021

Dos organismos de supervisión de los medios de comunicación, Media Lens y Fairness & Accuracy In Reporting (FAIR), han publicado artículos acerca del silencio total en los grandes medios sobre la revelación del periódico islandés Stundin de que una acusación sustitutiva de EE.UU. en el caso contra Julian Assange se basó en el falso testimonio de Sigurdur Thordarson, un sociópata diagnosticado y pederasta convicto.

Alan MacLeod, de FAIR, escribe que “hasta el viernes 2 de julio, no ha habido literalmente ninguna cobertura en los medios corporativos; ni una palabra en el New York Times, Washington Post, CNN, NBC News, Fox News o NPR”.

“Una búsqueda en línea de ‘Assange’ o ‘Thordarson’ no dará lugar a ningún artículo relevante de fuentes del establishment, ya sea en Estados Unidos o en otros lugares de la Anglosfera, incluso en plataformas centradas en la tecnología como The Verge, Wired o Gizmodo”, añade MacLeod.

“No hemos encontrado ni un solo informe de ninguna cadena o periódico ‘serio’ del Reino Unido”, dice el informe de Media Lens. “Pero en un mundo cuerdo, las revelaciones de Stundin sobre un testigo clave de Assange –que Thordarson mintió a cambio de inmunidad judicial– habrían sido noticia en todas partes, con una amplia cobertura mediática en BBC News, ITV News, Channel 4 News, historias de primera plana en el Times, Telegraph, The Guardian y similares.”

“Para aquellos que todavía creen que los medios de comunicación proporcionan noticias, por favor, lean esto”, tuiteó el periodista australiano John Pilger en relación con el informe de Media Lens. “Habiendo liderado la persecución de Julian Assange, la ‘prensa libre’ guarda un silencio uniforme ante la sensacional noticia de que el caso contra Assange se ha derrumbado. Una vergüenza para mis colegas periodistas.”

Como ya comentamos el otro día, este extraño y espeluznante apagón mediático tiene paralelismos con otro apagón total sobre una noticia importante que también implicaba a WikiLeaks. A finales de 2019, el portal fundado por Assange publicaba múltiples documentos de denunciantes de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) que revelaban que la dirección de la organización manipuló activamente la investigación sobre un supuesto ataque con gas cloro en Douma, Siria, en 2018, para apoyar la narrativa del gobierno estadounidense sobre la acusación, y sin embargo los medios de comunicación no quisieron abordarlo. Un reportero de Newsweek renunció a su cargo durante este escandaloso apagón y publicó los correos electrónicos de sus editores que le prohibían cubrir la historia con el argumento de que ningún otro medio importante había informado sobre ella.

No se equivoquen, esto es ciertamente un fenómeno nuevo. Si no me creen, contrasten el bloqueo de estas historias con la cobertura de los medios de comunicación de masas sobre las revelaciones de WikiLeaks unos pocos años antes. La prensa se entusiasmó con las publicaciones de 2016 de los correos electrónicos del Partido Demócrata y colaboró activamente con WikiLeaks en la publicación de las filtraciones de Chelsea Manning en 2010. Incluso las filtraciones más recientes de  Vault 7, publicadas en 2017, recibieron una gran cobertura mediática.

Sin embargo, ahora todas las historias relacionadas con WikiLeaks que resultan incómodas para el imperio centralizado de Estados Unidos se mantienen cuidadosamente fuera de la atención de los medios de comunicación, con una uniformidad y consistencia sorprendentes que nunca antes habíamos experimentado. Si el entorno mediático de hoy hubiera existido diez o quince años antes, es posible que la mayoría de la gente ni siquiera supiera quién es Assange, y mucho menos la importante información sobre los poderosos que WikiLeaks ha sacado a la luz.

También hemos percibido un fuerte olor de esta nueva tendencia en el bloqueo casi total de la sorpresa de octubre pasado de Hunter Biden, que sólo se convirtió en primicia porque beneficiaba a una de las dos facciones políticas principales de Estados Unidos. Después de que el New York Post diera a conocer la historia, vimos a las figuras de los principales medios de comunicación explicarse públicamente entre sí, sobre el por qué estaba bien no cubrirla, con razonamientos muy variados, desde que es una pérdida de tiempo, pasando porque es demasiado complicado y que no es nuestro trabajo investigar estas cosas, hasta el famoso “Debemos tratar las filtraciones de Hunter Biden como si fueran una operación de inteligencia extranjera, aunque probablemente no lo sean” del Washington Post.

Quien se atrevió a publicar las filtraciones en cualquier lugar cerca de una cámara de eco liberal dominante fue golpeado hasta la sumisión por el rebaño, y sin ninguna razón legítima fue tratado como una completa nimiedad, en el mejor de los casos, y como una siniestra operación rusa, en el peor. Y es entonces cuando, en abril de este año, Hunter Biden reconoció que, después de todo, las filtraciones podrían haber salido de su ordenador portátil y no de alguna operación psicológica del GRU [Inteligencia Militar Rusa].

Y creo que todo ese calvario nos da algunas respuestas a esta nueva e inquietante dinámica de supresión total de noticias importantes. El año pasado, Stephen L. Miller, de The Spectator, describió cómo se formó el consenso entre la prensa dominante desde la derrota de Clinton en 2016, de que es su deber moral no criticar al oponente de Trump y suprimir cualquier noticia que pueda beneficiarlo.

“Durante casi cuatro años, los periodistas han avergonzado a sus colegas y a sí mismos por lo que llamaré el dilema de ‘pero sus correos electrónicos’”, escribe Miller. “Aquellos que informaron diligentemente sobre la inoportuna investigación federal acerca del servidor privado de Hillary Clinton y el vertido de información clasificada, han sido expulsados y apartados de la mesa de los chicos simpáticos del periodismo. Centrarse tanto en lo que, en su momento, fue un escándalo considerable, ha sido tachado por muchos medios de comunicación como un error garrafal. Creen que sus amigos y colegas ayudaron a poner a Trump en la Casa Blanca al centrarse en un escándalo de Clinton que no era de gran magnitud, cuando deberían haber destacado las debilidades de Trump. Es un error que ningún periodista quiere repetir”.

Una vez que se ha aceptado que los periodistas tienen no solo el derecho sino el deber de suprimir noticias que son veraces y de interés periodístico, con el fin de proteger una agenda política, se está en aguas abiertas en términos de manipulación propagandística flagrante. Y vimos cómo la prensa dominante fue empujada a alinearse con esta doctrina a raíz de las elecciones de 2016.

Este empujón nunca fue la historia más importante del día, pero fue constante, contundente y extremadamente dominante en las conversaciones que los periodistas de grandes medios tenían entre sí, tanto en público como en privado, a raíz de las elecciones de 2016. Incluso antes de que se emitieran los votos, vimos a gente como Matt Yglesias, de Vox, y Scott Rosenberg, editor de Axios, avergonzar a los periodistas de los medios masivos por centrarse en el escándalo de los correos electrónicos de Hillary Clinton, y después de que se desatara la histeria de Trump, esto se tornó mucho más agresivo.

En 2017 vimos cosas como que Jennifer Palmieri, muy cercana a Clinton, se lamentaba melodramáticamente por la fijación de los medios con las publicaciones de WikiLeaks, a pesar de los intentos desesperados de la campaña de Clinton por advertirles que se trataba de una operación rusa (una afirmación que al día de hoy sigue sin tener ninguna prueba). Expertos liberales como Joy Reid, Eric Boehlert y Peter Daou (antes de su conversión a la izquierda) estaban constantemente intimidando a la prensa en Twitter por cubrir las filtraciones.

Esto se intensificó aún más cuando periodistas de los grandes medios, como Amy Chozick del New York Times, y Jeffrey Toobin de CNN, dieron un paso adelante con degradantes mea culpas sobre lo mucho que lamentan haber permitido que el gobierno ruso los utilizara como peones involuntarios para elegir a Donald Trump con su información sobre hechos de interés noticioso basados en documentos completamente auténticos. Fue como un cruce entre la escena de confesión/ejecución de Rebelión en la Granja y la escena de expiación de Juego de Tronos.

Poco a poco, la creencia de que la prensa tiene la obligación moral de suprimir las historias de interés periodístico si existe la posibilidad de que puedan beneficiar a partes indeseables, tanto extranjeras como nacionales, se convirtió en la ortodoxia predominante en los círculos informativos de la corriente dominante. A mediados de 2018 presenciamos hechos como el de la reportera de la BBC Annita McVeigh regañando a un invitado por expresar su escepticismo sobre la culpabilidad del presidente sirio Bashar al-Assad en el incidente de Douma, con el argumento de que “estamos en una guerra de información con Rusia.” Ahora se da por sentado que la gestión de las narrativas es parte del trabajo.

https://youtube.com/watch?v=foj29LIXpy4%3Ffeature%3Doembed

De nuevo, este es un fenómeno reciente. Los medios de comunicación convencionales siempre han sido empresas de propaganda, pero se han basado en giros, distorsiones, medias verdades, coberturas desiguales y afirmaciones del gobierno repetidas acríticamente; no había estas barreras de información completas en todos los medios. Se veía que daban a las historias importantes una cobertura inadecuada, y algunos medios individuales omitían las historias inconvenientes. Pero siempre ocurría que alguien se lanzaba para aprovechar la oportunidad de ser el primero en informar, aunque sólo fuera por las audiencias y los beneficios.

Ahora las cosas no funcionan así. Una historia importante puede salir a la luz y sólo ser cubierta por medios de los que los partidarios de la corriente dominante se burlarán y descartarán, como RT o Zero Hedge.

La forma en que los medios han comenzado a ignorar las noticias importantes que son incómodas para los poderosos, no sólo en algunos sino en todos los principales medios de comunicación, es extremadamente preocupante. Significa que cada vez que hay una revelación inconveniente, las empresas de noticias dominantes simplemente fingen que no existe.

Pensemos seriamente en lo que esto representa, por un momento. Esto significa que los denunciantes y los periodistas de investigación saben que, independientemente de lo mucho que trabajen o del peligro que corran para hacer pública una información crítica, el público nunca se enterará, porque todos los principales medios de comunicación estarán unidos para bloquearla.

¿Queremos hablar de una amenaza a la prensa? Olvidémonos de encarcelar a los periodistas y a los denunciantes, ¿qué tal si todos los medios de comunicación con alguna influencia real se unen para simplemente negar la cobertura a cualquier información importante que salga a la luz? Esto es una amenaza para lo que la prensa es en esencia. Más que una amenaza. Es el fin. El fin de la posibilidad de que cualquier tipo de periodismo tenga algún impacto significativo.

El periodista que trabajó en el informe Stundin dice que pasó meses trabajando en esta historia, y seguramente habría esperado que sus revelaciones recibieran alguna cobertura en el resto de la prensa occidental. Los denunciantes de la OPAQ seguramente habrían esperado que sus revelaciones recibieran la suficiente atención como para marcar la diferencia, de lo contrario no habrían filtrado esos documentos con gran riesgo para ellos mismos. Lo que se está comunicando a los denunciantes y a los periodistas con estos silencios mediáticos, es que no se molesten. No habrá ninguna diferencia, porque nadie verá nunca lo que revelan.

Y si eso es cierto, bueno. Que Dios nos ayude a todos, supongo.



Ilustración: Eric Drooker

Traducido del inglés por América Rodríguez y Edgar Rodríguez para Investig’Action

Fuente: Blog de Caitlin Johnstone

Desmitificando el mito de Assange como terrorista

Eric A.S. Harvey · Intermedia Press · 26 de marzo de 2021

Hace diez años, el presidente Joseph R. Biden, Jr. se refirió al fundador y ex editor en jefe de Wikileaks, Julian Assange, como un “terrorista de alta tecnología”. Al decir esto, Biden se ubicó dentro de una de las narrativas anti-Assange más potentes, pero completamente erróneas. Esta línea de pensamiento originalmente motivada por nociones de que Assange fue un facilitador del terrorismo contra Estados Unidos sigue prevaleciendo hasta el día de hoy. Motiva implícita o explícitamente las persecuciones calumniosas, difamatorias y violentas de muchos gobiernos contra Assange.

En Febrero de 2010 Wikileaks publicó un voluminoso tesoro de documentos clasificados. Diversos miembros del establishment de EEUU exageraron la cantidad de nombres de “informantes” que había en el mismo.

En julio de 2010 y hasta Septiembre de 2011 (eventualmente como resultado de una serie de eventos imprevistos y desafortunados, lo que se conoció como “Cablegate”) Wikileaks publicó la totalidad de estos archivos.

Inicialmente, todo salió según lo planeado. En un acuerdo con las publicaciones de noticias El País, Der Spiegel, Le Monde, The Guardian y The New York Times, Wikileaks publicó una variedad de documentos clasificados, editando las identidades de todos los informantes mencionados en los originales. Sin embargo, en febrero de 2011, David Leigh de The Guardian publicó dentro de un libro el código de acceso utilizado para acceder a los documentos restantes, después de haber confundido ese código de acceso como temporal.

Para empeorar las cosas, unos meses después, en agosto, Der Freitag, un semanario alemán, también publicó detalles pertinentes para acceder a los archivos. Como resultado, y sin culpa directa o total de Assange, más de 250.000 cables diplomáticos surgieron en línea en todo el mundo en forma no redactada para el consumo del público mundial. Solo después de esto, Wikileaks publicó todos los cables diplomáticos en forma no redactada. Pero no se puede enfatizar lo suficiente que Assange hizo todo lo posible en este momento para mitigar las posibles consecuencias de las revelaciones sobre las identidades de los informantes. En un momento, Assange se puso en contacto con el Departamento de Estado e insistió en hablar directamente con la exsecretaria de Estado Hillary Clinton y dijo: “a menos que hagamos algo, las vidas de las personas están en peligro”.

Pasaron horas antes de que Assange recibiera una llamada. Un abogado del Departamento de Estado, y no la secretaria Clinton, habló con Assange durante esa llamada telefónica y dijo que el Departamento de Estado no podía ayudar a Wikileaks a atenuar la posibilidad de consecuencias letales derivadas de la filtración.

Ninguno de los periódicos involucrados en ninguna etapa de “Cablegate” hizo lo que hizo Assange. La responsabilidad de evitar las posibles consecuencias se dejó en manos de Assange, quien manejó esta situación de una manera emblemática de la preocupación humanitaria por las vidas de aquellos que tantos funcionarios de la administración Obama afirmaron más tarde con urgencia que se pusieron en riesgo inminente como resultado únicamente de Assange. Pero pregunto: ¿qué pasa con los otros periódicos? Esta pregunta a menudo se conoce como “El problema del New York Times”, lo que llevó a la administración Obama a poner fin a su persecución de Assange, reconociendo que criminalizar a Assange requeriría criminalizar todas las otras publicaciones que publicaron los cables diplomáticos antes que Wikileaks, el Departamento de Justicia de Obama, dirigido en ese momento por el Fiscal General Eric Holder, observó la necesidad de abstenerse de buscar la extradición de Assange.

A pesar de esta línea de razonamiento obviamente sólida, la administración Trump ha perseguido de manera tan repugnante a Assange en la historia reciente. Si bien un total de 17 organizaciones diferentes publicaron las partes no redactadas de los cables diplomáticos, solo Assange enfrenta ahora la posibilidad de 175 años en confinamiento solitario en los Estados Unidos.

Recientemente, la ex candidata presidencial Marianne Williamson se puso en contacto conmigo para preguntarme por qué Assange publicó los documentos no redactados, diciendo que al hacerlo, “no hizo mucho por su caso”.

Si bien Williamson ha afirmado la necesidad de desestimar los cargos contra Assange, plantea una pregunta interesante, una pregunta que llama la atención sobre las opiniones distorsionadas sobre la motivación de Assange para publicar las partes no redactadas de los cables diplomáticos.

Indicando cuán nobles eran las intenciones de Assange al publicar las partes no redactadas de los documentos, el autor ganador del Premio Pulitzer Glenn Greenwald escribió una vez en un artículo para Salon.com, “Hechos y mitos en la saga Wikileaks / Guardian”:

Una vez que WikiLeaks se dio cuenta de lo que había sucedido, notificaron al Departamento de Estado, pero se enfrentaron a un dilema: prácticamente todas las agencias de inteligencia gubernamentales habrían tenido acceso a estos documentos como resultado de estos eventos, pero el resto del mundo, incluidos periodistas, denunciantes y activistas identificados en los documentos – no lo hicieron. En ese momento, WikiLeaks decidió, de manera bastante razonable, que lo mejor y más seguro era liberar todos los cables en su totalidad, para que no solo las agencias de inteligencia del mundo sino todos los tuvieran, de modo que se pudieran tomar medidas para proteger las fuentes y demás, que la información contenida en ellos estaba igualmente disponible “.

En otras palabras, Assange dio a conocer las partes no redactadas de los documentos para proteger las vidas de aquellos que el gobierno estadounidense afirmó haber puesto en peligro. No entregó los documentos de manera imprudente ni con la intención de causar daño a nadie.

A pesar de la responsabilidad con la que Assange manejó la situación, como sostiene Greenwald en “Hechos y mitos en la saga Wikileaks / Guardian”, entidades de todo el espectro político en los Estados Unidos afirmaron que Assange tenía “sangre en las manos”, alegando que había puesto a los informantes mencionado en los cables diplomáticos en riesgo de represalias letales por parte de organizaciones terroristas internacionales y gobiernos autoritarios que buscan venganza contra aquellos que cooperaron con los Estados Unidos.

Figuras de la administración de Obama, desde la ex secretaria de Estado Hillary Clinton hasta el ex presidente del Estado Mayor Conjunto, el almirante Mike Mullen alegaron el optimismo de Assange. Pero no fue solo dentro del establecimiento demócrata que la noción de Assange como un criminal interesado en matar inocentes se convirtió en algo común. La candidata a la vicepresidencia de 2008, Sarah Palin, se sumó a esta retórica anti-Assange, afirmando en un momento que Assange era “un operativo anti-estadounidense con sangre en sus manos”. A continuación, pregunte: “¿Por qué no lo persiguieron con la misma urgencia que perseguimos a los líderes de al Qaeda y los talibanes?” Palin incluyó a Assange con terroristas fácilmente entendidos como tales por la mayoría del público estadounidense. La comparación es completamente injusta, y es interesante notar que Palin ha apoyado últimamente la desestimación de los cargos contra Assange.

Aproximadamente diez años después, en y después de la acusación de reemplazo emitida contra Assange mucho antes del fallo del lunes 4 de enero de 2021 en el Reino Unido, el Departamento de Justicia continúa transmitiendo este mito sobre el radical australiano anti-secretismo. Influenciados por la forma en que la administración Obama procesó a más denunciantes que todas las demás administraciones combinadas, el odio del presidente Trump hacia la comunidad de medios de comunicación y una variedad de otros factores, los políticos de todo el espectro político en estos días también demonizan a Assange como un facilitador de violencia contra Estados Unidos Estados.

Al mismo tiempo, los medios de comunicación, en muchos aspectos independientemente de su orientación política, distorsionan la asignación de culpabilidad con respecto a Assange y la liberación completa y definitiva por Wikileaks de los cables diplomáticos. Con demasiada frecuencia se olvida que tantas otras publicaciones noticiosas respetadas y prestigiosas hicieron lo mismo que Wikileaks. Y luego, por supuesto, convenientemente se ha desenfocado que Assange intentó ardientemente mitigar la posibilidad de consecuencias de “Cablegate”, mientras que ninguna otra organización involucrada en “Cablegate” lo hizo de la forma en que lo hizo Assange. Y así, el mito de Assange como terrorista ha cobrado un impulso atroz, aunque no siempre es posible que la palabra “terrorista” se use explícitamente en referencia a él.

Si bien la acusación formal, compuesta por 17 cargos contra Assange por violar la Ley de Espionaje de 1917 y un cargo por violar la Ley de Abuso y Fraude Informático, no acusa específicamente a Assange de haber cometido un acto de terrorismo, el mito de Assange como tal está vivo y coleando. Ha sido un mito utilizado para lavar el cerebro del público para que apoye la violenta persecución de un periodista por parte de Trump: un asalto a las protecciones garantizadas constitucionalmente para la prensa, uno de los principios más fundamentales de una república democrática y una democracia liberal.

El 13 de abril de 2017, el director de la CIA, Michael Pompeo, se refirió a Assange como el “favorito” de los grupos yihadistas y a Wikileaks como un “servicio de inteligencia hostil no estatal”. Hablando como el recién nombrado Director de la CIA ese día, Pompeo se dirigía a una multitud en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington, DC.

Sus comentarios parecían ser una respuesta al lanzamiento de la primera parte de Vault 7, una serie de documentos difundidos por Wikileaks que revelan prácticas problemáticas y legalmente sospechosas dentro de la comunidad de inteligencia estadounidense. Y no olvidemos que el presidente Trump, quien nombró a Pompeo, exclamó repetidamente durante su primera candidatura a la presidencia en 2016: “Me encanta Wikileaks”.

Desde 2017 hasta el presente, este mito ha ido ganando cada vez más terreno. El 11 de abril de 2019, el día en que Assange fue arrestado por las autoridades británicas y arrastrado desde la embajada ecuatoriana en Londres, Wired.com publicó “Rompiendo el caso de piratería informática contra Julian Assange“, en el que el periodista Andy Greenberg escribió: “El abogado Tor Ekelund de la ciudad de Nueva York también señala que para ampliar el estatuto de limitaciones para la CFAA de los cinco años normales a los ocho necesarios en este caso, dada la fecha de la acusación de marzo de 2018, el Departamento de Justicia está acusando Assange bajo un estatuto que etiqueta su presunto pirateo como un “acto de terrorismo”.

Más recientemente, el 12 de septiembre de 2019, Kevin Gosztola de Shadowproof.com entrevistó a cada uno de los candidatos presidenciales sobre sus actitudes hacia Assange. Mientras que algunos afirmaron rotundamente que retirarían los cargos, como el senador Bernie Sanders y la antes mencionada Marianne Williamson, otros como el presidente Biden, respondieron indirectamente a la pregunta, sin dejar de indicar su desdén por Assange, afirmando nuevamente que Assange había puesto vidas en riesgo.. Sin embargo, hay que recordar que se estableció anteriormente en este documento que Assange no fue el único y, de hecho, fue el último en difundir las partes no redactadas de los cables diplomáticos. Como resultado, el énfasis indebido en su culpabilidad es problemático. Además de eso, es importante recordar que nunca se ha documentado ninguna evidencia de daño causado a los informantes. En el artículo de Greenwald citado anteriormente, el ex cofundador de The Intercept da testimonio de esto, cuando escribe:

“Recordemos que el almirante Michael Mullen y otros acusaron a WikiLeaks de tener “sangre en las manos ” como resultado de la publicación de los documentos de la guerra afgana, pero eso resultó ser totalmente falso como Shane señaló hoy en el NYT: “No se ha informado de ninguna consecuencia más grave que el despido de un trabajo”. Incluso el secretario de Defensa, Robert Gates, se burló de las afirmaciones sobre el daño causado por WikiLeaks como “significativamente exagerado”.

Pero aclaremos lo siguiente: la acusación de reemplazo alega violaciones de las leyes de espionaje y piratería, mientras que no enumera explícitamente los cargos de terrorismo. Sin embargo, en el contexto del retrato que nuestro gobierno y los medios de comunicación han pintado de Assange e incrustado en los cargos de espionaje y delitos de piratería motivados por espionaje, hay un cargo implícito. Ese cargo, quizás necesariamente e inextricablemente relacionado con la esencia disruptiva, disidente y ocasionalmente incluso violenta del espionaje, es que Assange es un cerebro criminal peligroso de proporciones globales en connivencia con terroristas y en diversos grados involucrado en la muerte de personas inocentes.

La ausencia de cargos en la acusación de reemplazo organizados explícitamente en torno a acusaciones de terrorismo también es interesante en la medida en que probablemente indique que nuestro gobierno mismo aprecia la ilegitimidad de acusar a Assange de actos de terrorismo. Los equipos de abogados del Departamento de Justicia, liderados por William Barr hasta hace poco, probablemente comprendieron que fundamentar sus argumentos a favor de la extradición de Assange con cargos de terrorismo no iba a producir el resultado deseado. En otras palabras, parece que el D.O.J. probablemente reconoce el mito de Assange como terrorista como absurdo.

Lo que debe enfatizarse nuevamente es que no se ha documentado ninguna evidencia de muertes entre la comunidad global de informantes a raíz de “Cablegate”. Y los miembros de la administración Obama estaban completamente dispuestos a hablar públicamente sobre esta falta de evidencia. Por ejemplo, el exsecretario de Defensa, Robert Gates, habló en una ocasión sobre este tema y, en última instancia, afirmó que “Cablegate” no era más que una molestia embarazosa. Es de igual importancia que Assange nunca haya mostrado la intención de causar violencia contra nadie, y mucho menos contra los informantes mencionados en los cables diplomáticos. Se guía en parte por la noción de principios de que la libertad de información es una forma poderosa de fomentar la paz. De hecho, dijo una vez: “Si las guerras se pueden iniciar con mentiras, la paz se puede iniciar con la verdad“.

Entonces, ¿qué es el terrorismo y qué es un terrorista? Para disipar la ridícula noción de que Assange es un criminal, es necesario definir qué es ese actor y luego descalificar a Assange de los elementos de esa designación.

En una entrevista el día en que la jueza británica Vanessa Baraitser bloqueó la extradición de Assange, el 4 de enero de 2021, hablé con el relator de Egipto sobre el estado de derecho, el profesor Mohamed A. ‘Arafa, SJD sobre el tratamiento legislativo y judicial de los terroristas tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido.

Profesor de derecho en la Universidad de Alejandría en Egipto y profesor adjunto de derecho en la Facultad de Derecho de Cornell, el profesor Arafa reveló que, para resumir lo que dijo durante nuestra entrevista, citando un artículo sobre terrorismo que fue coautor, “solo el gobierno de EE. UU. Emplea 22 definiciones diferentes de terrorismo”, todas las cuales, en diversos grados, indican que el terrorismo es un comportamiento que involucra una conducta orientada a la perpetración de violencia ilegal. (‘Arafa, Mohamed A y Adam J Rovello. “Terrorism Under the Umbrella of International Criminal Law”. Crime-in-Crisis.com, 2017, crime-in-crisis.com/en/wp-content/uploads/2017 /06/57-mohamed-KOURAKIS-FS_Final_Draft_26.4.17.pdf). En otras palabras, dado el volumen de definiciones, la identificación legal de terroristas dentro de los órganos judiciales estadounidenses tiende a ser complicada.

Además, como ha escrito el profesor Arafa, la definición legal de terrorismo en el Reino Unido, que se encuentra en la Ley de Prevención del Terrorismo (Disposiciones Temporales) de 1974 (PTA), Sección 14 (1) de la PTA de 1974, es “el uso de violencia con fines políticos, e incluye cualquier uso de la violencia con el fin de atemorizar al público o a cualquier sector del público “. (Ibídem.)

Con lo antes mencionado en mente, preguntemos: durante su mandato en Wikileaks, ¿Assange encarnó todos los elementos enumerados anteriormente de un terrorista legalmente reconocido? Y en el contexto de esto, los precedentes en el sistema de extradición británico y en el sistema de justicia penal de los Estados Unidos brindan una base legalmente sólida para reconocer a Assange como terrorista en una aplicación de las definiciones legales de terrorismo.

Como precedente, el juicio de extradición de Abu Hamza al-Masri es indispensable y relevante para desacreditar aún más el mito de Assange como terrorista. La conducta de Hamza fue emblemática del terrorismo, tanto en los Estados Unidos como en el Reino Unido. La opinión de que Hamza es un terrorista por excelencia también caracteriza las actitudes de muchas entidades hacia él en todo el mundo. El profesor Arafa sugirió la validez de tal comparación durante nuestra entrevista, sugiriendo que era una forma efectiva de arrasar con el mito de Assange como terrorista.

Un imán nacido en Egipto, extraditado del Reino Unido a los Estados Unidos por cargos de haber cometido 11 actos de terror o relacionados con el terrorismo contra Estados Unidos, Hamza predicó el avivamiento islámico en la mezquita de Finsbury Park en Londres, Inglaterra, donde era ciudadano naturalizado. Los 11 cargos por los cuales el Reino Unido lo extraditó y por los cuales Estados Unidos lo condenó involucraron: (1) ayudar a complots terroristas en Yemen que resultaron en la muerte de rehenes; (2) trabajando para el establecimiento de un campo de entrenamiento terrorista en Bly, OR . y (3) facilitar la yihad violenta en Afganistán.

En la primera serie de cargos se llamó mucho la atención sobre cómo Hamza había proporcionado a los secuestradores en Yemen acceso a un teléfono satelital, brindando por teléfono asesoramiento a los secuestradores en tiempo real sobre cómo perpetrar la toma de rehenes. No mucho después en una conversación grabada, Hamza también afirmó que la toma de rehenes era “algo bueno” bajo el Islam.

Con respecto al segundo grupo de cargos, el Renacimiento Islámico fue condenado por enviar a un miembro de su círculo desde el Reino Unido a los Estados Unidos para planificar y construir el campo de entrenamiento terrorista en el noroeste del Pacífico. Y con respecto al tercer grupo de cargos, Hamza fue declarado culpable de organizar remotamente campos de entrenamiento yihadistas en Afganistán, mientras que en última instancia también proporcionó “bienes y servicios” a los talibanes allí, para citar la declaración oficial emitida por nuestro gobierno tras la sentencia de Hamza en los Estados Unidos

Dado que Hamza fue extraditado por condenas por actos terroristas en 2012 desde el Reino Unido (la misma jurisdicción donde se acaba de bloquear la extradición de Assange) a los Estados Unidos (la misma jurisdicción donde Assange habría terminado si su extradición no hubiera sido bloqueada) y dado que se reconoce comúnmente que Hamza es el actor no estatal de más alto perfil extraditado del Reino Unido a los Estados Unidos por cargos de terrorismo, ¿no deberíamos contrastar los crímenes de Hamza con los supuestos y presuntos crímenes de Assange?

Si bien Assange no fue acusado de terrorismo en la acusación anterior, sigue siendo un folclore cultural, legal y político en Estados Unidos que Assange realmente fue y es un terrorista o al menos funciona en la misma capacidad que un terrorista. Pero para reiterar, no se ha documentado ninguna evidencia de daño a los informantes, cuyas identidades fueron reveladas en los cables diplomáticos primero por muchas publicaciones de noticias y solo luego por Wikileaks. Y Assange no fue motivado por malicia homicida ni causó la muerte de inocentes. No hace falta decir que Hamza es todo lo contrario.

Recordemos que Assange fue juzgado por extradición por cargos de haber cometido 17 violaciones de la Ley de Espionaje de 1917 y una violación de la Ley de Abuso y Fraude Informático. Sin embargo, la conducta editorial en la que se involucró con Wikileaks nunca fue violenta. En el contexto de las observaciones del profesor Arafa sobre las definiciones de terrorismo y en el contexto del precedente establecido en el caso de Hamza, Assange definitivamente no es un terrorista, mientras que Hamza sí lo es. Sin embargo, es interesante que Hamza ahora se esté pudriendo en confinamiento solitario en la misma prisión supermax donde Assange aún podría terminar, ADX Florence en Florence, Colorado, tan frecuentemente llamada la peor prisión de Estados Unidos.

Si bien Assange ha sido identificado como terrorista implícita o explícitamente durante la última década, es inquietante e interesante observar que su comportamiento, idéntico al de cualquier otro periodista de seguridad nacional e inteligencia del gobierno y de todos los editores de tantas publicaciones de noticias en todo el mundo, parece ser equivalente a los ojos de nuestro gobierno al terrorismo.

El activista Ralph Nader escribió una vez: “La información es la moneda del poder”. En todo su activismo en torno a la libertad de información, Assange ha tenido la intención de empoderar a las personas vulnerables que están sujetas a regímenes abusivos. Por el contrario, al tratar de acabar con el periodista por excelencia que simboliza el poder democrático de la libertad de información, nuestro gobierno está demostrando una vez más que solo está interesado en suprimir nuestro poder y el de tantas personas en todo el mundo. Caracterizar a Assange como terrorista, ya sea implícita o explícitamente, trae consigo una consecuencia peligrosa, hacer ilegal la práctica del periodismo. También parece que nuestro gobierno siente que el periodismo es incluso un medio por el cual alguien puede perpetrar crímenes contra la humanidad.

El nuevo “plan de acción” del gobierno del Reino Unido para proteger a los periodistas

George Szamuely · Intermedia Press · 11 de marzo de 2021

El nuevo “plan de acción” del gobierno del Reino Unido para proteger a los periodistas hará poco para pulir las credenciales de un aspirante a campeón de la libertad de los medios de comunicación que sigue encarcelando al periodista disidente más famoso del mundo.

Continuando promoviéndose como el principal defensor mundial de la libertad periodística, el gobierno del Reino Unido acaba de presentar con gran orgullo un Plan de Acción Nacional para la Seguridad de los Periodistas para proteger a los periodistas del acoso y las amenazas. Aparentemente, los periodistas del Reino Unido han “sufrido abusos y ataques mientras realizaban su trabajo”, y el gobierno está cabalgando desinteresadamente en su rescate. El plan incluye “nueva capacitación para los agentes de policía, así como para los periodistas aspirantes y existentes, y compromisos de las plataformas de redes sociales y los servicios de fiscalía para tomar medidas duras contra los abusadores”.

Se nos dice que Facebook y Twitter están a bordo y prometen “responder con prontitud a las quejas de amenazas a la seguridad de los periodistas”. El gobierno no menciona la amenaza que representan Facebook y Twitter para el periodismo. Durante los últimos años, Twitter y Facebook han ido cerrando, o amenazando con cerrar, las cuentas de los periodistas, y con alegre abandono. Además, durante las elecciones presidenciales estadounidenses de 2020, los dos gigantes de las redes sociales interfirieron con el trabajo de los periodistas al evitar que se compartieran artículos poco halagadores del New York Post sobre Hunter Biden, hijo del entonces candidato Joe Biden. Twitter fue más allá y bloqueó la cuenta del periódico durante las dos semanas críticas antes de las elecciones.

El primer ministro (y ex periodista) Boris Johnson emitió una declaración en la que declaraba noblemente: “La libertad de expresión y la libertad de prensa son la esencia misma de nuestra democracia, y los periodistas deben poder realizar su trabajo sin ser amenazados. Los cobardes ataques y el abuso dirigido a los reporteros simplemente por hacer su trabajo no puede continuar. Este plan de acción es solo el comienzo de nuestro trabajo para proteger a quienes mantienen al público informado y defender a quienes exigen cuentas al gobierno “.

A pesar de toda la verborrea autocomplaciente que emana del gobierno, es difícil discernir mucho en este plan que no sea la promesa de recopilar datos sobre el supuesto acoso continuo a los periodistas. Entre los periodistas sobre los que el gobierno de Boris Johnson no se apresurará a recopilar datos se encuentra, por supuesto, Julian Assange. Assange ha estado languideciendo durante casi dos años en HMP Belmarsh, una prisión de máxima seguridad llamada Bahía de Guantánamo de Gran Bretaña. Entre sus detenidos se incluyen asesinos en serie, violadores de niños y asesinos de niños, los asesinos de 2013 de un soldado del ejército británico en Woolwich, el bombardero Manchester Arena y el bombardero de clavo de Londres.

Julian Assange ha sido condenado nada más que por el delito menor de procedimiento de saltarse la fianza. Assange, por supuesto, no se saltó la fianza. En noviembre de 2010, los fiscales suecos obtuvieron una orden de arresto europea, exigiendo que Assange fuera detenido en el Reino Unido para que pudiera ser interrogado en relación con las acusaciones de delitos sexuales formuladas por dos mujeres con las que había tenido breves relaciones sexuales y que querían que lo hiciera, hacerse la prueba del VIH. Assange debía ser interrogado en persona y solo en Suecia.

Assange se opuso a la solicitud de extradición, sospechando que era una artimaña para llevarlo a Suecia, desde donde lo extraditarían rápidamente a Estados Unidos, que, con toda probabilidad, había preparado una acusación secreta en su contra. Los tribunales británicos fallaron sistemáticamente en contra de Assange y a favor de la solicitud de extradición sueca. El 15 de junio de 2012, luego de que la Corte Suprema británica desestimara su impugnación de la solicitud de extradición sueca, Assange entró en la embajada ecuatoriana en Londres y pidió asilo político.

Posteriormente supimos de los intercambios de correo electrónico entre los fiscales suecos y el Servicio de Fiscalía de la Corona del Reino Unido, cuyo jefe en ese momento era el actual líder del Partido Laborista, Sir Keir Starmer, que los británicos estaban alentando a los suecos a negarse a venir a Londres para entrevistar a Assange.

Aunque Suecia anunció en mayo de 2017 que suspendería la investigación de Assange, las autoridades británicas insistieron en que Assange aún enfrentaría el arresto en el momento en que saliera de la embajada bajo el cargo de … saltarse la fianza.

El 11 de abril de 2019, el gobierno de Ecuador retiró el estatus de asilo de Assange e invitó a las autoridades británicas a ingresar a la embajada y arrestarlo. Assange fue llevado de urgencia ante un juez e inmediatamente sentenciado a prisión por 50 semanas. A los pocos minutos de su arresto, Estados Unidos confirmó lo que Assange había dicho todo el tiempo. Anunció que solicitaría su extradición sobre la base de una acusación secreta que se había preparado un año antes. El cargo fue que Assange había conspirado con Chelsea Manning para piratear un sistema informático seguro. Un mes después, Estados Unidos anunció 17 cargos adicionales contra Assange bajo su Ley de Espionaje.

En un mes, el secretario del Interior del Reino Unido, Sajid Javid, firmó la orden de extradición que permitiría la extradición de Assange a Estados Unidos. Javid hizo esto a pesar de que el tratado de extradición de 2004 entre los EE. UU. y el Reino Unido establece explícitamente que “no se concederá la extradición si el delito por el que se solicita la extradición es un delito político”. El “delito” de Assange, la publicación de documentos gubernamentales que detallan los crímenes de guerra y los abusos de poder oficiales, es tan “político” como cualquier delito.

A principios de enero de 2021, la jueza Vanessa Baraitser negó la solicitud de extradición de Assange por parte de Estados Unidos con el argumento de que las condiciones inhumanas en una prisión de Supermax estadounidense podrían llevar a Assange al suicidio. Luego, con una inconsistencia extraordinaria, ordenó a Assange que permaneciera en Belmarsh, el Supermax del Reino Unido, mientras que Estados Unidos apeló su decisión, un proceso legal que podría durar años.

Sin embargo, incluso cuando Assange languidecía en prisión, en medio de una pandemia mundial y entre algunos de los peores criminales del país, el gobierno del Reino Unido estaba lanzando una campaña para promocionarse como el campeón mundial de la libertad periodística y el flagelo de los regímenes no ilustrados que se resisten a la transparencia.

En julio de 2019, un mes después de que el Ministro del Interior aprobara la solicitud de extradición de los EE. UU., el gobierno del Reino Unido organizó conjuntamente con Canadá una Conferencia Global sobre Libertad de Medios, “parte de una campaña internacional para destacar a nivel mundial la libertad de los medios de comunicación y aumentar el costo para aquellos que intentan restringirlo “. Con el ánimo de destacar “la libertad de los medios de comunicación”, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido se negó a permitir que RT y Sputnik asistieran a la conferencia. “No hemos acreditado a RT o Sputnik debido a su papel activo en la difusión de desinformación”, explicó el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Sin rastro de ironía, el secretario de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Jeremy Hunt, declaró a los asistentes a la conferencia: “Estamos del lado de aquellos que buscan informar la verdad y sacar a la luz los hechos. Nos oponemos a quienes reprimen, censuran o cobran venganza ”.

Apenas pasa un día sin que el gobierno del Reino Unido suene sobre la persecución de periodistas en algún lugar, que no sea el Reino Unido, por supuesto. El canciller Dominic Raab ha intervenido sobre la persecución de periodistas en Bielorrusia. Sí, le molestó la denegación de la acreditación. “Las autoridades bielorrusas”, tuiteó en agosto de 2020, “continúan apuntando a BBCNews, los medios locales e internacionales al cancelar su acreditación para informar en Bielorrusia”. El Reino Unido defendió la causa de Svetlana Prokopyeva, quien fue condenada por cargos de “justificar el terrorismo”, aunque no fue enviada a prisión. Durante las recientes protestas por el juicio y encarcelamiento de Alexey Navalny, Raab advirtió severamente a Rusia que no atacara a los periodistas.

A pesar del compromiso autocomplaciente del gobierno del Reino Unido con la libertad de los medios de comunicación, su propio historial es bastante poco impresionante. La organización de defensa de periodistas Reporteros sin Fronteras publica una encuesta anual sobre el estado de la libertad periodística en el mundo. Según el Índice Mundial de Libertad de Prensa más reciente, el Reino Unido ha caído al número 35 del mundo. Entre los problemas que planteó Reporteros sin Fronteras se encuentran el encarcelamiento continuo de Assange, así como la investigación criminal de la publicación de julio de 2019 de cables diplomáticos embarazosos. Los documentos, como los de WikiLeaks, eran claramente genuinos, ya que su aparición impresa llevó a la rápida renuncia del embajador del Reino Unido en Washington.

El “plan de acción” del gobierno no solo es egoísta, sino también falso. ¿Por qué los periodistas tendrían protecciones especiales negadas a otros? Cualquiera en el ojo público (políticos, abogados, jueces, atletas, actores, celebridades de la televisión) es probable que experimente abusos, insultos personales y amenazas. Esta prisa por seleccionar a los periodistas para una protección especial huele a untuosidad gubernamental, un intento torpe de halagar a los periodistas sugiriendo que están haciendo algo terriblemente peligroso, algo que probablemente provoque intereses poderosos. Muy pocos periodistas hacen algo así. De hecho, que el gobierno esté tan ansioso por promocionar las virtudes de los periodistas seguramente indicaría que tiene poco que temer de ellos. El tipo de periodista que de hecho se arriesga, que dedica su vida a brindar transparencia al gobierno —un Julian Assange, en otras palabras— no es el tipo de periodista que el gobierno del Reino Unido haría algo por proteger. Al contrario, ayudará e incitará a su persecución.

Fuente: rt.com

EE.UU. sigue tras Julian Assange por mostrar vídeos como este

Spanish Revolution · 12 de febrero de 2021

A pesar de que el pasado 4 de enero la jueza británica Vanessa Baraitser decidiera no extraditar a Julian Assange a Estados Unidos, el Departamento de Justicia de ese país ha anunciado que apelaría la decisión y continuaría intentando que dicha extradición se produzca para que comparezca ante la Justicia norteamericana por los cargos de conspiración, piratería informática y manipulación en contra de altos mandos del Gobierno de Estados Unidos. 

Sin embargo, Assange lleva años de calvario simplemente por hacer su trabajo de periodista, que es el de mostrar la verdad al público. El problema es que esas verdades a veces son demasiado duras, como el vídeo publicado por WikiLeaks sobre un ataque aéreo en Bagdad del 12 de julio de 2007 en el que fueron asesinadas 12 personas por el ejército norteamericano, entre ellos dos periodistas de la agencia Reuters. Según testimonios de soldados que estuvieron presentes en esas fechas, lo que muestra el vídeo era algo habitual. 

En las imágenes puede apreciarse como el AH-64 Apache desde el cual se grabó el vídeo abre fuego contra 12 personas que mueren en el acto. El incidente ocurrió cuando una aeronave estadounidense visualizó una concentración de personas, en una zona abierta de Bagdad. Después de vigilar al grupo, el personal militar pensó que los iraquíes portaban armas, y bajo la presunción de que se trataba de insurgentes, los helicópteros Apache eran autorizados a abrir fuego contra de la multitud, hiriendo y asesinando a varios de ellos. Poco después, una furgoneta llegaba al lugar del ataque para intentar evacuar a un herido, pero también era atacada por los helicópteros. Tras los ataques, llegaban al lugar las tropas terrestres estadounidenses.

Una investigación subsecuente llevada a cabo por las Fuerzas estadounidenses determinó que, a pesar de que los helicópteros se enfrentaron a un grupo de insurgentes armados, este enfrentamiento dejó dos reporteros de Reuters muertos, aparentemente a causa de fuego amigo. Investigaciones subsecuentes han puesto en duda la historia de las fuerzas estadounidenses, incluyendo a testigos que afirman que los hombres atacados por los helicópteros no llevaban consigo ningún tipo de arma.

El 5 de abril de 2010, el portal WikiLeaks publicó el video clasificado del incidente al que tituló Collateral Murder (Asesinato colateral).​ El video fue adquirido por el sitio web al soldado Bradley Edward Manning (posteriormente Chelsea Manning) en 2009.​ Las imágenes, de 40 minutos de duración fueron tomadas desde el mismo helicóptero del ataque y describen el incidente de manera clara y completa. El vídeo incluye también la transmisión radial desde y hacia el helicóptero entre los oficiales. La agencia Reuters citó una fuente anónima en la cual se confirma la autenticidad del video y del audio.

La carta de 24 organizaciones por la libertad de prensa, las libertades civiles y los derechos humanos al Departamento de Justicia de Estados Unidos

RSF · 11 de febrero de 2021

Departamento de Justicia de Estados Unidos
950 Pennsylvania Avenue, NW
Washington, DC 20530-0001
8 de febrero de 2021

Fiscal General interino Monty Wilkinson:

Las organizaciones internacionales de defensa de la libertad de prensa, las libertades civiles y los derechos humanos abajo firmantes le escribimos hoy para compartir nuestra profunda preocupación por los procedimientos penales y de extradición en curso relacionados con Julian Assange, fundador de Wikileaks, en virtud de la Ley de espionaje y la Ley de abuso y fraude informático. Si bien nuestras organizaciones tienen diferentes perspectivas sobre el señor Assange y su organización, compartimos la opinión de que la acusación del gobierno contra él representa una grave amenaza para la libertad de prensa tanto en Estados Unidos como en el extranjero. Le instamos a que retire la apelación de la decisión de la jueza Vanessa Baraitser del Tribunal de Magistrados de Westminster de rechazar la solicitud de extradición de la administración Trump. Así mismo, le instamos a que desestime la acusación subyacente.

La acusación del señor Assange amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en dicha acusación es la conducta de muchos periodistas en su día a día, y la que deben adoptar para poder hacer el trabajo que el público necesita que hagan. Los periodistas de las principales cabeceras de noticias hablan regularmente con fuentes, piden aclaraciones o más documentación, y reciben y publican documentos que el gobierno considera secretos. En nuestra opinión, tal precedente en este caso podría criminalizar de manera eficaz estas prácticas periodísticas corrientes.

Además, algunos de los cargos incluidos en la acusación se basan completamente en la decisión del señor Assange de publicar información clasificada. Las agencias de noticias publican con frecuencia y necesariamente información clasificada para informar al público de asuntos de profunda importancia pública. Apreciamos que el gobierno tenga un interés legítimo en proteger los intereses de seguridad nacional auténticos, pero los procedimientos contra el señor Assange ponen en peligro el periodismo, crucial para la democracia.

La administración Trump se posicionó como antagonista de la institución de la prensa libre y sin restricciones de muchas maneras. El abuso de sus poderes acusatorios fue uno de lo más inquietantes. Estamos profundamente preocupados de que este precedente creado por el enjuiciamiento de Assange pueda aprovecharse, tal vez por una administración futura, contra editores y periodistas de todo tipo. Los principales medios de información comparten esta preocupación, motivo por el cual la declaración de los cargos contra el señor Assange, en mayo de 2019, fue recibido con una vehemente y casi universal condena de prácticamente todos los grandes medios de comunicación estadounidenses, a pesar de que muchos de esos medios han criticado a Assange en el pasado.

Tenemos entendido que los altos funcionarios de la administración Obama también compartieron esta preocupación. En 2013, el ex portavoz del Departamento de Justicia, Matthew Miller, dijo a The Washington Post que “el problema que el Departamento siempre ha tenido al investigar a Julian Assange es que no hay forma de procesarlo por publicar información sin que se aplique la misma teoría a los periodistas”. Supuestamente, fueron las implicaciones a la libertad de prensa en los juicios de Julian Assange las que llevaron al Departamento de Justicia del Fiscal General Eric Holder a decidir no acusarlo después de haber considerado lo contrario.

Desafortunadamente, la libertad de prensa está amenazada a nivel mundial. Ahora más que nunca, es crucial que protejamos a una prensa fuerte y discrepante – lo que el juez Murray Gurfein en el caso de los Papeles del Pentágono llamó memorablemente una “prensa cascarrabias, una prensa obstinada, una prensa ubicua” – en los Estados Unidos y en el extranjero. Con este fin en mente, le instamos respetuosamente a que renuncie a la apelación del fallo del juez Baraitser y que desestime la acusación contra el Sr. Assange.

Respetuosamente,

(por orden alfabético)

  • Access Now
  • American Civil Liberties Union
  • Amnesty International – USA
  • Center for Constitutional Rights
  • Committee to Protect Journalists
  • Defending Rights and Dissent
  • Demand Progress
  • Electronic Frontier Foundation
  • Fight for the Future
  • First Amendment Coalition
  • Free Press
  • Freedom of the Press Foundation
  • Human Rights Watch
  • Index on Censorship
  • Knight First Amendment Institute at Columbia University
  • National Coalition Against Censorship
  • Open The Government
    Partnership for Civil Justice Fund
  • PEN America
  • Project on Government Oversight
  • Reporters Without Borders
  • Roots Action
  • The Press Freedom Defense Fund of First Look Institute
  • Whistleblower & Source Protection Program (WHISPeR) at ExposeFacts

Más de veinte organizaciones de derechos humanos y por la libertad de prensa piden a la administración Biden que retire los cargos contra Assange

Intermedia Press · 9 de febrero de 2021

El Departamento de Justicia de la administración Biden debe retirar su enjuiciamiento y apelación de extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, según una petición organizada por la Freedom of the Press Foundation y a la que se unió una coalición de dos docenas de grupos internacionales de libertad de prensa, libertades civiles y derechos humanos.

ACLU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch, el Instituto Knight de la Primera Enmienda, el Comité para la Protección de Periodistas y Reporteros sin Fronteras se encuentran entre los signatarios que transmitieron este mensaje unificado al Fiscal General en funciones.

Como dice la carta, “Si bien nuestras organizaciones tienen diferentes perspectivas sobre Assange y su organización, compartimos la opinión de que la acusación del gobierno contra él representa una grave amenaza para la libertad de prensa tanto en los Estados Unidos como en el extranjero”. Los expertos de la Primera Enmienda de todo el espectro han dicho durante mucho tiempo que la acusación de Assange amenaza los derechos básicos de libertad de prensa de innumerables periodistas en todo el país. El presidente Biden hizo campaña para restaurar los valores de la libertad de prensa en los Estados Unidos, y esta es una forma de importancia crítica para que el Departamento de Justicia cumpla con esa promesa.

La administración Trump presentó cargos ampliamente denunciados bajo la Ley de Espionaje y la Ley de Fraude y Abuso Informático en 2019, que culminó con un juicio de extradición en el Reino Unido que terminó el mes pasado con una decisión contra el gobierno de los Estados Unidos. Esa decisión se tomó con el argumento de que someter a Assange al sistema penitenciario de los Estados Unidos sería “opresivo”.

Los cargos, como hemos escrito anteriormente, se encuentran entre los problemas de libertad de prensa más desastrosos del país. El Departamento de Justicia de la administración Biden ahora tiene la oportunidad y la obligación de poner fin a esta peligrosa farsa. Como describimos en la carta, el camino apropiado a seguir es dejar de perseguir la apelación de la extradición y retirar los cargos (y el alarmante precedente que podrían establecer) por completo. Como argumenta nuestra carta de coalición:

La acusación contra Assange amenaza la libertad de prensa porque gran parte de la conducta descrita en la acusación es una conducta en la que los periodistas se involucran de manera rutinaria y en la que deben participar para hacer el trabajo que el público necesita que hagan. Los periodistas de las principales publicaciones de noticias hablan con regularidad con las fuentes, piden aclaraciones o más documentación y reciben y publican documentos que el gobierno considera secretos. En nuestra opinión, tal precedente en este caso podría efectivamente criminalizar estas prácticas periodísticas comunes.

El expresidente Obama asumió el cargo prometiendo la “administración más transparente de la historia”, pero su uso de la Ley de Espionaje contra fuentes periodísticas dejó una mancha oscura en su legado de libertad de prensa. Biden ha asumido el cargo con una retórica igualmente elevada sobre la importancia de la libertad de prensa y el papel de los periodistas. El enjuiciamiento continuo de Assange es quizás la primera prueba importante de esos ideales, y su Departamento de Justicia debería actuar en consecuencia.

Puedes leer la carta de la coalición (en inglés) y ver la lista completa de signatarios aquí.

Noam Chomsky: El veredicto por el caso de Julian Assange es un severo golpe a la libertad de prensa»

Intermedia Press · 7 de febrero de 2021

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Prensa libre significa Assange libre

“Julian Assange no debería ser objeto de una audiencia con un gran jurado, debería recibir una medalla. Está contribuyendo a la democracia ”, suele decir Chomsky.

Cuando se le preguntó en este informe sobre cómo ve el caso de Assange como políticamente motivado por el régimen de Washington, Chomsky, más que un brillante analista, un ser humano de rara belleza interior, indivisiblemente humanitario en el sentido más profundo del término en un mundo lleno de oportunistas. , señala que el único tema de seguridad nacional que surge es la protección del poder estatal de la exposición a la ciudadanía.

“La persecución de Assange por esta ‘violación de seguridad’ tiene motivaciones políticas, prácticamente por definición”, dice el experto más respetado del mundo.

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Puedes leer el artículo completo aquí.

La hipótesis Assange

Francisco Sierra · Mundo Obrero · 5 de febrero de 2021

Dejó escrito Marx que la seguridad es el supremo concepto de la sociedad burguesa, el concepto de la policía, según el cual toda la sociedad existe solamente para garantizar a cada uno de sus miembros la conservación de su persona, de sus derechos y de su propiedad. Un empeño condenado al fracaso cuando la inseguridad de la existencia del precariado, el empobrecimiento de los sectores populares que ven desintegrarse la Seguridad Social, marca, en nuestro tiempo, todo avatar de la coyuntura política que los medios pretenden, por sistema, ocultar. Ya advertía Simmel, en El secreto y las sociedades secretas, que una de las características de la dialéctica moderna es el mito de la transparencia por la que se impone la ocultación como norma y no como excepción, desplegando técnicas de gubernamentalidad sofisticadas para evitar desviaciones: la indiscreción, las filtraciones o la confesión.

Además del mito del progreso y la libertad, la era moderna de la comunicación se proyecta como relato de la sociedad positiva en esta noción iluminista. El discurso de luz y taquígrafos es la panoplia de la prensa liberal para justificar lo evidente: la opacidad constitutiva del modelo de mediación que oculta el trabajo y la miseria del mundo en el modo de producción capitalista. Por ello preocupa al Foro de Davos y a los adláteres de los paraísos fiscales que se proponga vigilar a los vigilantes. De un tiempo a esta parte, tal aseveración se torna tesis indiscutible para ilustrar la naturaleza de nuestra contemporaneidad. La minería de datos, la vigilancia global del Pentágono y la NSA dan cuenta, como revelara Snowden, de una sistemática política institucional de control biopolítico contra toda resistencia, como antaño la Comisión Trilateral advertía de las amenazas de la migración, el narcotráfico y el crimen organizado para justificar la política de represión contra los movimientos revolucionarios.

Hoy, como ayer analizara Mattelart, el complejo industrial-militar con anuencia de la Casa Blanca y Silicon Valley despliegan esta lógica biopolítica de control que nos amenaza pervirtiendo el futuro de la democracia por el control opaco del algoritmo. Mientras los GAFAM (acrónimo de Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft) y las start-up anexas al universo Google obtienen ganancias de más de 20.000 millones de dólares sin retribución a autores, periodistas, analistas, programadores y, en general, el cognitariado que hace posible, con su proletarización, la multiplicación de la riqueza, asiste inconsciente a la era del control y la pantalla total, mientras Google reconoce que escucha nuestras conversaciones privadas y Alexa (Amazon), como la Smart TV de Samsung, realizan a diario la distopía de Orwell.

Criminalizar la disidencia e imponer la muerte civil

El problema es que, aquí la hipótesis Assange, Wikileaks violó la ley de secretos oficiales. La sentencia que de momento impide la extradición a Estados Unidos no aborda la cuestión esencial que nos ocupa: la estrategia de lawfare, la guerra asimétrica, basada en la criminalización de la disidencia, las relaciones públicas y el sometimiento por medio de la muerte civil de las fuerzas antagonistas, actualizando así la estrategia de la ideopolítica y la doctrina de seguridad nacional que arranca con la Guerra de Baja Intensidad (GBI) y la era Reagan en la guerra sucia contra la Nicaragua sandinista y tiene ya un recorrido, merced a la noción y estrategia de golpes blandos, contra Lugo (2012), Dilma (2016), Correa (2017), Kirchner (2018) y Petro (2019). Ello sin mencionar la guerra sucia contra Cuba y Venezuela, o la variante catalana en España y el 135.

Pero esto parece no conveniente decirlo en los medios mainstream, que defienden la libertad de expresión solo donde sus intereses son afectados, proyectando como modelo países como Colombia donde ni es posible el derecho de reunión y manifestación, salvo arriesgando la propia vida. Assange, en fin, es la prueba del algodón que demuestra la limitada concepción liberal del periodismo en nuestros días y Wikileaks, el ejemplo de que el núcleo de poder de nuestro tiempo depende de la capacidad de hackeo del espacio público. Más aun cuando sabemos, desde el fallo de la justicia europea, que Facebook, y en general los GAFAM, no garantizan la protección de los datos personales ni, mucho más allá, la soberanía sobre los territorios en el flujo transatlántico de datos tras la USA Patriot Act.

Desde los atentados de las Torres Gemelas, se viene impulsando una política de control en la que la vigilancia clandestina se ha extendido al tiempo que se privatizan los dispositivos y procesos de organización de la red telemática. Programas informáticos como mSpy, EasySpy, Flexispy o Spyes y los acuerdos de Facebook, Twitter, Microsoft y Whatsapp con la NSA dejan en evidencia un problema de libertades civiles y de soberanía ajeno al escrutinio público. Pues la opacidad es la condición de la doctrina del shock. Como advierte Ignacio Ramonet (El imperio de la vigilancia), en la era Internet, el control del Estado y las corporaciones privadas es extrema, desnudan literalmente nuestro cuerpo, espíritu y prácticas privadas en una suerte de escáner o radiografía compleja del cuerpo social.

Lo que está en juego

Si Julian Assange es eliminado por la CIA y los lacayos del imperio, la ventana abierta por Wikileaks para imponer la lógica de la confianza y la rendición de cuentas de los profesionales del silencio, en la era de la diplomacia Facebook, asistiremos impávidos al reino de la censura previa sin límites. Y a la criminalización de la pobreza, pues no es posible la acumulación por desposesión sin asegurar el control total del proceso de reproducción, así sea con la necropolítica, máxima expresión de la biopolítia contemporánea en la era de la fábrica social, o con la videovigilancia total. Ya Morozov ha demostrado el control férreo de este sistema contra los activistas de izquierda en las redes sociales. Pero algunos, como Yoani Sánchez, a sueldo del capital, al tiempo que considera demócrata a Donald Trump, cargan contra Maduro, Cuba o el gobierno plurinacional de Bolivia y niega la mayor y evidente lógica de captura e interceptación de las redes sociales por Estados Unidos. Cuando está comprobado, en los propios documentos del Pentágono, que la verdadera ciberguerra de nuestro tiempo no es solo un problema de seguridad sino la lucha ideológica por el código para legitimar el proceso de acumulación por desposesión y las instituciones que lo hacen posible. En palabras de Terry Eagleton, si los soviets han desaparecido, siempre nos quedarán los musulmanes, nacionalistas, indígenas o periodistas de investigación. La OTAN precisa conspirar contra todo enemigo potencial o imaginario. Solo así es posible la reproducción del orden y del progreso. El discurso securitario no tiene, en este sentido, otra función que legitimar la aporafobia y el uso ideológico del miedo para la reproducción de los medios de representación del orden reinante como legitimidad en el espacio público. Y ello, incluso, a condición de planificar y producir masivamente programas de terror mediático y militar, como viene exportando el poder sionista, para cubrir los objetivos imperiales, anulando todo resquicio de crítica y pluralismo informativo en la comprensión de los problemas fundamentales de nuestra sociedad.

Por ello, de acuerdo con Žižek, Assange representa una nueva práctica de comunismo que democratiza la información. Lo público sólo se salvará por la épica de los héroes de la civilización tecnológica. Y por ello muchos seguimos exigiendo su libertad: en Quito, desde CIESPAL, en Sevilla con su abogada Renata Ávila, en ULEPICC, en CLACSO con la Universidad y donde quiera que el lawfare siga criminalizando la verdad y la justicia social. Somos conscientes de que con la libertad del fundador de Wikileaks nos jugamos el futuro de la democracia y los derechos humanos. Ahí es nada.

Condena a Assange e indulto para Bannon

Víctor Sampedro · Público · 22 de enero de 2021

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En resumen y que lo entiendan bien los periodistas de investigación y filtradores: «os pudriréis en la cárcel y desearéis suicidaros». Días después y antes de abandonar el poder, Trump indultó a varios criminales de guerra. Y, entre ellos, a quien dirigió la ofensiva contra los periodistas – considerados por el ex-presidente «el enemigo número uno del pueblo norteamericano» – que le llevó a la Casa Blanca.

Steven Bannon ha sido premiado con un indulto, tras embolsarse un millón de dólares que decía recabar para construir el muro con México «sin percibir un centavo». ¿Cuánto valían en el mercado negro los cables de las guerras de Irak y Afganistán o los del Departamento de Estado que Wikileaks entregó gratis a unos medios que tanto los rentabilizaron? ¿Y qué han hecho por Assange? El periodismo corporativo vende a los ciudadanos digitales que se reclaman sujetos comunicativos de pleno derecho y se vende al mejor postor.

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Puedes leer el artículo completo aquí.