Documentalista del caso Assange desconfía del último giro judicial

Sputnik · 7 de julio de 2021

Juan Passarelli, realizador del documental ‘War on Journalism: Julian Assange case’ (La guerra contra el periodismo), expone a Sputnik su temor de que EEUU «juegue sucio» ahora que el Alto Tribunal inglés ha recortado el alcance de su apelación contra el bloqueo de su petición de extradición del cofundador de WikiLeaks.»Ha habido tantas irregularidades en este caso que no me sorprendería que haya una más y que EEUU juegue sucio otra vez, porque lo han hecho antes», sostiene en una entrevista telefónica.Periodista de investigación, de doble nacionalidad guatemalteco-italiana, mira con desconfía la decisión del juzgado de apelación de Inglaterra y Gales, que ha limitado las circunstancias en que admitirá el recurso de EEUU contra la sentencia desfavorable a la extradición dictada en enero de 2021.La magistrada Vanessa Baraitser, de la Corte de Westminster, frenó la extradición debido a la frágil salud de Assange, que intentaría suicidarse de perder la causa, y al riesgo que correría en una cárcel estadounidense, según expuso en su dictamen.

Los jueces de apelación han aceptado sus conclusiones médicas y han limitado el recurso a los puntos críticos sobre el sistema penitenciario de EEUU, de acuerdo con informaciones recogidas por Sputnik en el entorno del fundador de WikiLeaks.

«Aunque pareciera una pequeña victoria, estoy reticente a expresarme de una manera positiva porque lo que siempre he visto en estos once años es que Assange es la excepción a cualquier norma», lamenta Passarelli.

El realizador y productor se encuentra estos días en Berlín preparando una serie documental sobre Assange, que cubrirá la cadena de atropellos registrados en la persecución del periodista e informático australiano desde 2010.

Así, Passarelli considera que la decisión de apelar es «muy congruente» con la evolución del caso y la estrategia de «mantenerlo en un limbo legal lo más posible, usando el sistema jurídico, el sistema diplomático y todas las fuentes de poder que tiene EEUU».

«Tratan de atrasar y alargar el tiempo del limbo legal en que se encuentra Julian y, mientras tanto, torturarlo y hacerlo sufrir lo más posible», afirma. El reportero de investigación no duda de que «tratan de hacer de Julian un ejemplo para que ningún otro periodista se atreva a exponer los crímenes del gobierno más poderoso del mundo». «Ningún periodista debe sentirse cómodo con la decisión de la jueza Baraitser porque el que haya publicado o recibido material que EEUU considere secreto está en riesgo, y en Inglaterra, hoy día, no hay periodista que cubra la política exterior estadounidense que esté a salvo», señala.

Passarelli advierte que «EEUU y Reino Unido perdieron ya la credibilidad internacional con respecto a los derechos humanos» con la deriva de la situación de Assange, quien estuvo siete años refugiado en la Embajada de Ecuador en Londres y lleva cerca de tres en prisión cautelar.

«EEUU y el Reino Unido no pueden levantar un frente para condenar abusos internacionales de derechos humanos porque ellos mismos los están rompiendo; tienen a un periodista, un prisionero político, en una cárcel de máxima seguridad en condiciones de tortura, según el relator especial de la ONU», denuncia.

No se ha anunciado la fecha del juicio de apelación, que probablemente presidirían tres jueces del Alto Tribunal de Inglaterra y Gales, con sede en el Strand de Londres.

Washington reclama a Londres la entrega del nacional australiano para juzgarle por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros diecisiete por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.

Las 18 imputaciones, que se penalizan con hasta 175 años en prisión de máxima seguridad, están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de la guerra de Afganistán, 400.000 de Irak, 250.000 cables del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre Guantánamo.

Los informes desvelan aparentes abusos de derechos humanos y presión política por los que nadie ha sido condenado.

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