La Audiencia pide interrogar al exdirector de la CIA con Trump sobre el espionaje a Assange

Cadena SER · 3 de junio de 2022

El exjefe de la CIA Mike Pompeo. / Joshua Roberts (Reuters)

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha accedido a la petición de la defensa de Julián Assange, y con el visto bueno de la Fiscalía, ha reclamado a EEUU que le permita interrogar como testigos al ex secretario de Estado y exdirector de la CIA con Trump, Mike Pompeo, y al exjefe de contravigilancia, William Evanina, después de que éste haya confesado que la Inteligencia norteamericana tenía acceso a las cámaras de la embajada de Ecuador en Londres, donde se encontraba asilado Assange, llegando a planear su secuestro o asesinato.

Evanina incluso admitió que la empresa española UC Global, encargada de la seguridad en la embajada ecuatoriana, formaba parte de la trama y colaboró desde 2017 con la CIA en el espionaje a Assange. Y ese es el motivo por el que la justicia española conoce de este caso; la nacionalidad de la empresa de seguridad dirigida por David Morales que supuestamente, fue pieza clave en el espionaje al activista.

Las declaraciones de William Evanina fueron realizadas al equipo de investigación de Yahoo News, que también obtuvo declaraciones de más de 30 oficiales norteamericanos y numerosa documentación para exponer sus conclusiones. Assange permaneció 7 años en la embajada por temor a las represalias de Estados Unidos tras la publicación en Wikileaks de miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán.

Los antecedentes para que EEUU acepte la solicitud de la justicia española sobre sus exaltos cargos no son halagüeños. Nunca accedieron a las peticiones sobre el caso Couso.

Pedraz pide interrogar al exjefe de la CIA por el espionaje a Julian Assange

Andalucía información · 3 de junio de 2022

El juez Santiago Pedraz ha pedido a las autoridades estadounidenses poder interrogar como testigo al exjefe de la CIA Mike Pompeo en la causa en la que investiga el presunto espionaje al fundador de Wikileaks Julian Assange durante su asilo en la embajada de Ecuador en Londres a través de una empresa española, Undercover Global (UC Global).

En una providencia, fechada 1 de junio y a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha acordado, a petición de la acusación que ejerce Assange en este procedimiento, ampliar la comisión rogatoria que envío hace casi dos años para que le permitan tomar declaración como testigos a Pompeo y a uno de sus subrodinados, el ex jefe de contrainteligencia William Evanina.

A la espera de que Estados Unidos responda a esta última petición de auxilio judicial, Pedraz ha llamado a declarar el próximo 30 de junio a la exministra de Exteriores de Ecuador y expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas María Fernanda Espinosa Garcés.

Para pedir la declaración de ambos exresponsables de la contrainteligencia estadounidense, la representación de Assange se basa «en el escándalo mayúsculo que se había generado en Estados Unidos ante la confesión» de Evanina, y la posterior confirmación de Pompeo, de que «Estados Unidos tenía acceso a las cámaras de la Embajada de Ecuador en Londres, a grabaciones de conversaciones dentro de la misión, a los dispositivos de las visitas y a los documentos de viaje de todos ellos, habiendo llegado a planear incluso el asesinato o el secuestro del asilado».

Según el escrito del abogado de Assange, al que también ha tenido acceso Efe, «en esas declaraciones evidentemente se señalaba a UC Global como parte de la trama. Y de hecho el escándalo ha propiciado que el Comité de Inteligencia (United States House Permanent Select Committee on Intelligence) del Congreso de los Estados Unidos (House of Representatives) haya solicitado información al respecto de esta operación en la que estaría involucrada una mercantil con sede social en España».

Especifica además que pide su declaración como testigos porque, si bien podría considerarse citarles como investigados, «ello no es posible al ser un posible delito cometido por extranjero en país extranjero» por lo que España carecería de jurisdicción.

No obstante, insiste en que el testimonio de ambos «es necesario para la instrucción de esta causa, y todo ello por haber quedado acreditado que son conocedores directos, y así lo han confesado públicamente».

Por este presunto espionaje está siendo investigado en la Audiencia Naciona el dueño de la empresa UC Global, David Morales, tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por estos hechos en 2019 por Assange, cuya defensa coordina el exjuez español Baltasar Garzón.

Su empresa se encargó de la seguridad de la sede diplomática ecuatoriana en Londres entre 2015 y 2018, durante parte de los siete años que Assange estuvo asilado en esa legación, protegido por el Gobierno del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa.

La Justicia británica dio el visto bueno el pasado abril para su extradición a Estados Unidos, si bien cabe recurso y después la entrega tiene que validarla el Gobierno británico.

Washington reclama a Assange para procesarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal sobre los abusos de EE.UU. en su centro de detención de Guantánamo (Cuba) así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.

/…/

Puedes leer la noticia completa aquí.

NO a la extradición de Julian Assange

Spain4Assange · 16 de mayo de 2022

___________________

Barcelona, 16 de mayo de 2022

Este miércoles 18 de mayo se espera que la ministra de Interior del Reino Unido, Priti Patel, firme la orden de extradición de Julian Assange, periodista y editor de Wikileaks, a Estados Unidos. Assange se encuentra desde abril de 2019 en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh (la «Guantánamo británica»), en estricto aislamiento y bajo sofisticados métodos de tortura psicológica, como denunció el relator de la ONU para la tortura Nils Melzer.

Pero la historia viene de lejos. Julian Assange lleva más de 11 años privado de libertad, desde diciembre de 2010: primero dos años en arresto domiciliario y después siete años en la Embajada de Ecuador en Londres, todo ello a consecuencia de una euroorden de arresto emitida por Suecia por un posible delito de violación. Sin embargo, a pesar de la gravedad de la acusación y de los numerosos y escandalosos atropellos del estado de derecho y de una campaña de difamación y desprestigio minuciosamente planificada, el caso se cerró como si no hubiese pasado nada en 2019 con una declaración de la fiscal sueca: «la situación probatoria se ha debilitado en tal grado que ya no hay razones para continuar la investigación». El objetivo nunca fue que esa investigación progresara.

Para entonces, el gobierno de Ecuador -violando todas las convenciones internacionales sobre el derecho de asilo- le había retirado al señor Assange la ciudadanía y el estatus de asilante concedidos en 2012 y lo entregó a las autoridades británicas, que acto seguido lo condenaron a 50 semanas de cárcel por haber violado la libertad condicional impuesta por un presunto delito fabricado por el que nunca nadie llegó a presentar ningún cargo contra Assange. De nuevo, una sucesión interminable de irregularidades judiciales y vulneración de derechos.

En los países conocidos como autoritarios nadie tiene la ilusión de vivir en libertad. Pero, ¿y nosotros?

Nadie ha entendido mejor que Assange los cambios tecnológicos del siglo XXI y sus repercusiones en el ámbito de la información. Con Wikileaks ha puesto al servicio de toda la ciudadanía no solo sus conocimientos técnicos sino también su capacidad única de entender los entresijos del poder. Y el poder no perdona a los servidores públicos insobornables.

Si esta persecución política -en la mejor tradición estalinista- sigue adelante, cualquier persona de cualquier rincón del mundo podrá ser extraditada a Estados Unidos y juzgada bajo su legislación. Estados Unidos, en cambio, gozará de una impunidad global absoluta. Con un precedente así, ¿con qué autoridad podremos criticar a China o a Rusia cuando hagan lo mismo? En los países conocidos como autoritarios nadie tiene la ilusión de vivir en libertad. Pero, ¿y nosotros? Una de las cosas preocupantes que nos muestra el «caso Assange» es precisamente la soberanía cada vez más ficticia de nuestros gobiernos, empezando por los países insignia de la democracia occidental como Suecia, Gran Bretaña o Alemania. En este sentido, es revelador el testimonio del periodista alemán John Goetz en una de las audiencias del caso contra Assange (16 de septiembre de 2019), como también lo es el de Khaled al-Masri, ciudadano alemán secuestrado y torturado por la CIA en 2003 por error.

Por todo ello, defender a Assange es también defender a Europa, el verdadero legado europeo de la razón y la libertad, de la justicia y el derecho: los valores en los que se fundamenta(ba) nuestro «estilo de vida» y que creíamos intocables.

La víctima final de esta infame caza de brujas contra Wikileaks y Assange no será solo la libertad de expresión o la independencia de la prensa, sino también el entero espacio digital que se supone común.

Primero vinieron a por Assange y no hicimos nada porque… ¿Por qué?

En defensa de la verdad y de la justicia, exigimos:

A Priti Patel, ministra de Interior del Reino Unido: que respete la legislación de su propio país y, en particular, el artículo 4 del Tratado de Extradición entre Gran Bretaña y Estados Unidos, y que ordene la liberación inmediata de Julian Assange;

A la administración Biden: que acate el derecho internacional y la primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que retome la posición de la administración Obama, que retire todos los cargos contra Julian Assange y le compense los daños infligidos desde 2010; y que investigue a los verdaderos culpables, los que cometieron los crímenes revelados por Wikileaks;

A nuestros representantes políticos: que protejan la libertad de expresión y nuestro derecho a la información como elementos fundamentales de una sociedad democrática.

Apelamos a la prensa para que ejerza el periodismo con rigor e integridad profesional, revise el caso de Julian Assange y utilice todos los medios a su alcance para mostrar solidaridad con él y difundir la verdad.

Por Assange. Por su libertad que es la nuestra. Por la democracia.

_

La persecución de Assange «criminaliza» al periodismo de investigación

Público · 22 de diciembre de 2021

Debate sobre las consecuencias de la posible extradición del fundador de Wikileaks para la libertad de prensa organizado por Espacio Público.

Con Virginia Pérez Alonso, directora de Público, Fidel Narváez, ex-cónsul de Ecuador en Londres, Txema Guijarro, diputado de Unidas Podemos, y Renata Ávila, abogada especializada en derechos humanos y tecnología.

Moderado por Víctor Sampedro, catedrático de Comunicación Política en la URJC, que tiene como invitado especial a Carlos Enrique Bayo, periodista de investigación en Público.

Puedes ver el vídeo del debate aquí.

Entrevista a Txema Guijarro: “Julian Assange estuvo condenado desde el minuto cero y lo que estamos viendo es una condena pública, una tortura”

El Salto · 14 de diciembre de 2021

Txema Guijarro

El pasado 10 de diciembre, coincidiendo con el día internacional de los derechos humanos, se dio luz verde a la extradición a Estados Unidos del periodista y fundador de WikiLeaks Julian Assange. Un previsible jaque más, dentro de esta persecución y tortura psicológica, a la que viene siendo sometido el periodista desde hace once años. La defensa deberá ahora recurrir ante la Corte Suprema británica, en un plazo máximo de 14 días, y en el caso de no prosperar, deberá hacerlo ante el Tribunal de Magistrados. El argumento principal de la defensa, que consistía en desacreditar la capacidad de Estados Unidos para garantizar unas condiciones dignas que pudieran proteger su salud física y mental en suelo estadounidense, parece no haber sido suficiente para detener su posible extradición.

Su abogada y pareja Stella Morris reveló el mismo día que salió la última resolución, que Assange sufrió un derrame cerebral el pasado 27 de octubre, cuando compareció en vídeo durante el juicio de apelación para conseguir su extradición ante el Tribunal Supremo, según un artículo publicado en el Daily Mail. Una prueba más del deterioro que sufre, relacionado con las condiciones de encierro, acoso y tortura psicológica prolongada que ha padecido durante todos estos años.

Guijarro fue testigo de la persecución y el deterioro progresivo del fundador de WikiLeaks, y de las distintas fases por las que pasó, pues estuvo implicado de manera directa en la defensa de Julian Assange desde la embajada de Ecuador en Londres

En primer lugar, en 2010, estuvo en prisión preventiva y después bajo arresto domiciliario en Reino Unido, a petición de la fiscalía de Suecia, donde fue acusado de varios delitos sexuales. Una causa que quedó finalmente archivada. Posteriormente, en 2012, por miedo a ser extraditado a Estados Unidos, donde estaba acusado de desvelar crímenes de guerra, huyó en búsqueda de protección a la embajada de Ecuador del Reino Unido. Allí permaneció encerrado como asilado político durante siete años, cuando sería espiado por la CIA. En 2019 fue expulsado de la embajada, tras perder su condición de asilado político, con la llegada al gobierno de Ecuador de Lenin Moreno, siendo trasladado por las autoridades británicas a una celda de máxima seguridad de Belmarsh, en Londres, llamada “la Guantánamo Británica”. Julian Assange cumplió este 2021 50 años, lo que quiere decir que lleva más del 20% de su vida encarcelado de una u otra manera.

El pasado 4 de enero, parecía que la defensa se había apuntado un tanto, con el anuncio de una resolución que se decantaba por la no extradición a Estados Unidos, por motivos de salud y existiendo un alto riesgo de suicidio por parte del periodista. La apelación presentada por la fiscalía estadounidense ante la Corte Suprema consiguió de nuevo revertir la situación el pasado viernes. De esta manera se está generando un bucle de apelaciones, que mantienen al periodista en un limbo jurídico interminable.

De lo que no hay duda, es que Julian Assange ha sufrido “una persecución política de libro, sin ningún tipo de garantía jurídica”, según Txema Guijarro, diputado de Unidas Podemos en el Congreso, el cual actualmente ejerce como Secretario General del Grupo Parlamentario Unidas Podemos-En Comú Podem-Galicia en Común. Guijarro fue testigo de la persecución y el deterioro progresivo del fundador de WikiLeaks, y de las distintas fases por las que pasó durante su estancia en la embajada, ya que trabajó para el gobierno ecuatoriano de Rafael Correa, y estuvo implicado de manera directa en la defensa de Julian Assange desde la embajada de Ecuador en Londres, siendo parte del equipo que hizo posible la protección del periodista durante el tiempo que estuvo en dicha delegación diplomática.

Para este diputado, la última resolución simplemente es otra muestra de fuerza más, que viene a representar este callejón sin salida, donde está en juego no solo la vida del periodista sino también nuestros derechos básicos ciudadanos y nuestras relaciones con quienes sustentan el poder. La opinión de Guijarro es que defender a Assange, tomar partido en este caso, es de importancia histórica, para evitar sentar un precedente en el que la democracia quede herida de muerte.

Cuando abandonaste tu trabajo para el Gobierno ecuatoriano, ¿creías que la evolución del caso llegaría hasta el punto en el que estamos hoy y que iba a durar tanto tiempo el proceso?
Yo estuve trabajando en el caso desde principios del 2011 hasta el 2014. A partir de ese momento me nombraron subsecretario en la cancillería, donde cambié de funciones. Me desvinculé del caso en agosto de 2015, cuando abandoné Ecuador, pero hasta ese momento siempre me mantuve de alguna manera involucrado, ya que llevaba mucho tiempo implicado. Pero efectivamente las cosas han evolucionado mucho desde el inicio hasta ahora, desde luego el parteaguas definitivo, sin duda, fue la llegada del presidente Lenin Moreno al Gobierno, lo que condicionó y cambió, de manera determinante, los factores que permitían o hacían posible el asilo diplomático de Assange en Londres.

¿Cuándo fue la última vez que estuviste en contacto con Assange, y qué seguimiento habéis dado a este caso en Unidas Podemos desde que el periodista abandonó la embajada?
Personalmente, la última vez que hablé con Julian, fue en condición de amigo y creo que fue en 2017. Él estaba todavía en la embajada, el gobierno acababa de cambiar, luego ya después de que se produjera un cambio de gobierno entraron las reglas de Lenin y ya fue imposible ir a verlo. Yo ya estaba fuera de Ecuador, era diputado en Madrid y fui a verle en condición de amigo, como camarada, y también efectivamente, como representante del grupo parlamentario de Unidas Podemos, para tratar de darle un cierto apoyo y un cierto seguimiento, que es lo que hemos intentado a lo largo de estos años. Desde entonces, el contacto que he tenido con él es de manera indirecta, a través de gente que trabaja con él, abogados, su compañera Stella; pero hace al menos cuatro años que no hablo con él de manera directa.

¿Cómo fue evolucionando el acoso y la falta de privacidad dentro de la embajada?
Como ya sabéis, por aquel entonces habían empezado a cambiar mucho las cosas. El asilo diplomático tiene varias fases. Tal y como yo lo viví, diría que hay una primera fase, cuando yo estuve allí, de mayo hasta noviembre de 2012. Digamos que esos meses de inicio fueron muy movidos, en cuanto a que se especularon con varias posibilidades, con varias salidas y de alguna manera “la agenda Assange” se movió bastante. Pero a partir de finales de ese año entramos en un páramo largo, un stand off, como dicen los ingleses, donde las cosas no se movieron.

Se empezó a pudrir una situación donde no había ningún tipo de novedad política fuera de la embajada. Luego además, en ese momento se produce un cambio a una tercera fase mucho más peligrosa, que es cuando la empresa de seguridad que trabajaba para la cancillería y para la embajada, pues empieza no sólo ya a desviar información a la CIA, sino a facilitarle un canal directo, por el cual la CIA puede acceder a cualquier tipo de información visual, de video y audio, etc., de todo lo que está ocurriendo en la embajada. Ahí empieza una nueva fase donde el acoso, que ya venía de antes, se multiplica. Por supuesto ya una fase final, donde el acoso ya se produce desde el propio gobierno ecuatoriano y del señor Lenin Moreno, y sus allegados, que acaban por hacer imposible las condiciones del asilo, y se efectua la entrega vergonzosa que ya se conoce. 

¿Y cuándo se entera usted de que la empresa de seguridad UC Global trabaja con “el enemigo”?
Yo me enteré años después por los abogados de Julian, que llevan el caso, como sabéis (en gran medida) está ahí el despacho de Baltasar Garzón. Fue gente de su equipo, la que en su momento me trasladaron tres años después, que se había abierto el caso en la Audiencia Nacional, que ellos estaban inmersos en el mismo, y me explicaron cuáles eran los contenidos de esa instrucción que se estaba llevando a cabo, y todo lo que eso significaba.  

Al igual que en Francia se lanzó la propuesta de reconocer a Assange como asilado político, ¿se ha llegado a considerar desde el grupo parlamentario de Unidas Podemos lanzar una propuesta similar en territorio español, teniendo en cuenta que aquí legislativamente existe la figura de refugiado político?
El problema es que para poder plantear políticamente una alternativa de estas características, hay que tener una opción de poder dar cobijo. Al fin y al cabo, el asilo político o diplomático, en realidad es un hecho jurídico de facto. Un estado soberano decide dar protección a una determinada persona, porque considera verosímiles determinadas amenazas sobre su persona. En este caso, el Estado español nunca ha tenido la posibilidad de facto de ofrecer ningún tipo de asilo, porque no está en nuestro territorio y no está en ninguna de nuestras premisas diplomáticas. 

Hemos sabido que la defensa recurrirá la resolución de extradición en un plazo máximo de 14 días ante el Tribunal Supremo, y que posteriormente, si esto no prospera, recurrirá ante el Tribunal de Magistrados. ¿Cómo se podría evitar que este caso se quede bloqueado en un bucle infinito de apelaciones, que impidan que Julian Assange pueda ser liberado? 
Yo ahí, distinguiría dos cuestiones. Por un lado, Julian Assange estuvo condenado desde el minuto cero, y lo que estamos viendo, desde hace muchos años y en adelante, es una condena pública, “una tortura”, donde la propia condena es su propio estatus permanente de limbo jurídico político, que lo mantiene literalmente encerrado, aprisionado desde hace más de 11 años, cuando no tiene ningún delito formal por el cual se le puede estar acusando. Más allá de unas especulaciones que aparecieron por parte del gobierno norteamericano, una vez fue sacado de su asilo político. Lo cual, por cierto, hace todo esto mucho más sospechoso.

El aparato militar norteamericano lo condenó en el año 2010, y lo que estamos viendo desde entonces es la secuencia, que visto con la perspectiva histórica, permite entender esa condena. A Julian Assange ya le han amargado su existencia y su vida a lo largo de estos años. Todo lo que vaya a ocurrir en este sentido es ahondar en esa misma tortura y en esa misma condena vital. 

Por otro lado, el sistema británico es tan garantista y tiene esa lógica de pesos y contrapesos tan fuerte, donde efectivamente al final uno nunca termina de ver cuál es la última instancia de apelación. En estos años que llevo siguiendo el caso, siempre tuve la sensación de que esto era una especie de juego de muñecas de Matrioskas, donde nunca terminas de encontrar el último elemento, con esa sensación de infinitud, que ahonda en esa lógica de condena en la que está inmerso Julian desde hace más de diez años, que le mantiene en esa inestabilidad vital en la que se encuentra. 

¿Podría existir realmente una vía de escape ante esta situación?
No me cabe ninguna duda de que en algún momento se lo llevarán a Estados Unidos. No han invertido todos estos años, todos esos recursos y personas, para perseguir a un solo hombre, a una sola organización, y a un solo ejemplo (porque es lo que es: un ejemplo) para llegar ahora y rendirse. Van a hacer todo lo que tengan que hacer para conseguirlo. En ese sentido, el puño de hierro que cae sobre Julian desde hace tantos años, seguirá notando su gravedad hasta el final. La única vía de escape, y es donde tienen puesta la confianza los abogados de Julian (por lo menos con los que yo he hablado), es que precisamente el caso español que se estaba investigando en la Audiencia Nacional (en referencia al espionaje cometido por la empresa española de seguridad UC Global) suponga un elemento nuevo que haga reconsiderar la situación en los tribunales británicos. Al fin y al cabo, lo que está investigando ahora mismo la Audiencia Nacional es que efectivamente los aparatos de inteligencia norteamericanos hicieron un esfuerzo continuado, no ya solo por seguir a un sujeto de interés, sino (de alguna forma) por violar los secretos de las comunicaciones abogado-cliente a Julian Assange, las cuales fueron monitorizadas por la CIA. 

El aparato norteamericano dice que está siguiendo de forma “legal” a este señor. Sin embargo, claramente ellos mismos (si se demuestra lo que se está investigando en la Audiencia Nacional) habrían estado violando ese secreto de las declaraciones abogado-cliente, con lo cual, a una persona perseguida por su administración no podría ser juzgada, puesto que se han violado todos sus derechos como ciudadano que está siendo juzgado. Esta esperanza, que es en la que más capital han depositado los abogados de Julian, yo en eso soy pesimista. Tiendo a pensar que (como ya he dicho) no ha llegado ese aparato norteamericano hasta este punto como para ahora rendirse. Van a hacer todo lo que tengan que hacer, y creo que además tienen todo atado y muy bien atado. Es decir, hay un tratado de extradición EEUU-Reino Unido, y ahí no hay organismo internacional, ni tribunal internacional que pueda inmiscuirse en el cumplimiento de la aberración que se va a producir.

La defensa ha utilizado el caso del ciudadano español David Mendoza para tratar de justificar que Estados Unidos no cumplirá los acuerdos de extradición, ¿por qué cree que eso no ha sido suficiente para evitar la extradición? ¿Quiere decir esto que Estados Unidos realmente cumplirá ahora con las condiciones que fije con la justicia británica?
Yo creo que el juicio de la historia será preclaro. Cuando los juristas dentro de algunos años (confío en que esto se pueda llegar a estudiar) vean el caso objetivamente, verán que ha habido una persecución política de libro. En ese sentido, lo duro y lo deprimente, es que algo tan evidente para mí, y seguro que para tantos juristas también, no lo ha sido para las distintas instancias que han llevado a cabo esta persecución. Han querido vender permanentemente la idea, colocando unos determinados marcos que han terminado por desvincular la propia causa, de que Julian es un loco, un radical enloquecido… básicamente lo que quieren es tapar al mensajero, y eso precisamente es lo que el resto de ciudadanos y ciudadanas no nos podemos permitir.

Es necesario que denunciemos, como estáis haciendo vosotras y como están haciendo otros muchos, que esta persecución es una persecución política, sin ningún tipo de garantía jurídica. Este señor fue condenado políticamente hace once años, y lo que estamos viendo ahora es el despliegue de su condena.  La señal a navegantes que envía la historia triste, que quieren construir entorno a Assange, es que ellos son los que controlan y todo aquel que los desafíe y quiera arrojar algo de luz sobre las cloacas en las que ellos se mueven, será fulminado y acabado, no solo políticamente sino también vitalmente.

Para cerrar ya la entrevista, y regresando al inicio. Según tu opinión, ¿a qué crees que se debe este silencio mediático que hay entorno al caso Assange?, ¿por qué apenas hay movilización social sobre este caso en este país?
Entre otras cosas porque ha habido una cierta complicidad mediática que ha logrado tapar el caso. Aunque sí que me consta que hay muchos activistas mujeres y hombres en España que han puesto mucho trabajo y esfuerzo en este caso. Es cierto que, si te fijas, el caso Assange está rodeado, en muchos sentidos, por españoles y españolas que en algún sentido le han puesto voluntad y ganas para tratar de dar luz y arrojar justicia en este caso. En este sentido, mi caso es solo uno más, hay un gran grupo de españoles que han estado durante estos años militando en la causa de Julian Assange. 

¿Por qué no ha sido más extendido? Pues porque yo creo que también en España hay un problema con los medios de comunicación, y con la credibilidad que estos medios tienen, y cómo se manejan las políticas de comunicación en este país. Yo sí que creo que la ciudadanía española es suspicaz entorno a los grandes medios, que están muy desprestigiados, pero eso no impide el hecho de que haya un cierto secuestro de la información en España, en el sentido de que las agendas mediáticas que se ponen encima de la mesa están fabricadas y responden a unos determinados intereses políticos de determinadas élites. No hay un periodismo honesto en ese sentido, o por lo menos dentro de los grandes medios, eso sin duda ha contribuido a silenciar el caso.

Pero es verdad, o al menos eso trato de advertir y reclamar, aunque sea un cierto clamor en el desierto, cuando hablo con otros compañeros y compañeras, el hecho de que lo que nos estamos jugando aquí es de dimensiones históricas. Si salimos derrotados en esta batalla, no es que Julian termine en una cárcel de dimensiones penosas, es que la libertad de información, la libertad de expresión y la democracia se van a resentir como ya se están resintiendo, precisamente por la amenaza de estos aparatos sobre la voluntad de otras organizaciones por alcanzar mayores cotas de libertad.

La Alianza Contra la Corrupción condena la decisión de permitir la extradición de Assange

Prometheus News · 11 de diciembre de 2021

Roberto Macías, activista, Vicepresidente de la asociación Alianza Contra la Corrupción y cofundador del proyecto de noticias Prometheus News, crítica la decisión del Tribunal Británico: “La justicia al servicio de los poderosos”.

De forma insólita el Tribunal de Apelación de Londres dio la razón a Estados Unidos y este 10 de diciembre informó que aprobó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange. EE. UU. lo acusa de forma perversa de delitos relacionados con espionaje, luego de que publicara secretos militares de ese país en los que se revelaron decenas de irregularidades, crímenes y excesos en Medio Oriente.

Tras casi una década de estar luchando contra una posible extradición a Estados Unidos, Julian Assange está un paso más cerca de ser entregado a las autoridades de ese país. Estados Unidos ganó este 10 de diciembre un recurso ante el Tribunal de Apelación de Londres con el que refutó el fallo del pasado 4 de enero que había negado la extradición de Assange, luego de que la jueza a cargo, Vanessa Baraitser, expusiera un riesgo de suicidio.

En sus argumentos, Baraitser recordó que el detenido sufre un cuadro de depresión clínica, que se vería agravado por las potenciales condiciones de aislamiento a las que sería sometido en una prisión de EE. UU.

Sin embargo, ahora los magistrados han determinado que el activista y programador australiano puede ser trasladado al señalar que Washington ofreció suficiente evidencia de que garantizaría un trato adecuado hacia el acusado y protegería su salud mental. Al ser consultado Roberto Macías, señaló: “Parece que la Jueza, entiende que las cárceles americanas son una extensión de Disneyland. Resulta una aberración que un Magistrado, acepte sin más este tipo de infantiles evidencias”.

Afortunadamente, quedan más recursos antes de que Assange pueda ser enviado a ese país. Es probable que la disputa legal llegue hasta la Corte Suprema, el último tribunal ante el que es posible apelar en Reino Unido. Por eso, responde Macías que “desde la Alianza Contra la Corrupción condenamos la decisión del Tribunal Británico”. “Una vez más la Justicia se pone al servicio de los poderosos”, enfatizó en su declaración.

Cabe recordar que Assange vivió en la sede diplomática ecuatoriana desde 2012 y permaneció allí por siete años, tiempo en el que tuvo dos hijos. Pero el entonces presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo y asilo que le había otorgado su antecesor, Rafael Correa, la Policía británica tuvo acceso a la embajada para arrestarlo.

Un caso de violación a la libertad de expresión

Hasta el momento la Justicia británica de forma extraña, no ha contemplado el derecho a la libertad de expresión en este caso, mientras reporteros y organizaciones humanitarias sostienen que este proceso judicial socava ese derecho en todo el mundo. La Alianza Contra la Corrupción, lo tiene claro que es una represalia por ejercer su derecho fundamental a dar y recibir información.

Incluso la jueza Baraitser rechazó los argumentos de la defensa, que sostiene que el hombre de 50 años actuó como periodista y tiene derecho a las protecciones de la Primera Enmienda de la libertad de expresión por publicar documentos filtrados.

Assange y su equipo legal aseguran que los cargos en su contra tienen motivaciones políticas. Además, afirman que él y sus abogados fueron espiados en la embajada de Ecuador e insisten en que su salud mental está en riesgo. Por su parte, las autoridades estadounidenses sostienen que son asuntos que deberían abordarse en un juicio en su país.

Defensa se niega a informar sobre David Morales, el ex militar procesado en la Audiencia Nacional por el caso Assange

Tomás F. Ruiz · Rebelión · 13 de noviembre de 2021

El ministerio de Defensa, a través de su Dirección de Comunicación Institucional, se ha negado a proporcionar a la prensa los informes militares que obran en su poder referidos al imputado por la Audiencia Nacional David Morales Guillén, propietario de Undercover Global, empresa española contratada por la Embajada de Ecuador en Londres para garantizar la seguridad del periodista Julian Assange durante la larga estancia de éste en las dependencias diplomáticas bajo la condición de refugiado.

Según ha podido confirmar la Audiencia Nacional, David Morales no dudó un momento en vender toda la información de que disponía sobre Julián Assange a agencias oficiales norteamericanas y traicionar de esta forma la confianza puesta en su persona por el gobierno ecuatoriano de Correa.

Apenas tuvo confirmación de esta práctica desleal, el juez José de la Mata -titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional- decretó su inmediata detención, aunque bajo supuestas presiones de instancias judiciales superiores (que pudieron actuar condicionadas por EE.UU), se vio obligado a decretar su puesta en libertad con medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado dos veces por semana y prohibición de abandonar el país.

Las Fuerzas Armadas españolas, en las que David Morales sirvió durante 17 años -de 1991 a 2008- y en las que fue supuestamente adiestrado en tácticas de protección y seguridad, así como en procedimientos de sabotaje, espionaje, conspiración, traición y deslealtad profesional, procedimientos a los que recurrió sin ningún escrúpulo durante su trabajo en la embajada de Ecuador en Londres, se niegan a hacer público el currículum militar de este ex oficial procesado por la Audiencia Nacional.

Requeridas por el periodista Tomás F. Ruiz para ceder toda la información que obre en su poder sobre la trayectoria profesional de David Morales a su paso por el Ejército español, las Fuerzas Armadas (escudadas bajo el supuesto de silencio administrativo) se han negado a facilitar los datos requeridos por el informador.

La dirección de Comunicación Institucional de Defensa ha omitido premeditadamente proporcionar la información que se le ha requerido sobre los nombres de todos los centros militares por los que pasó David Morales (tanto en su periodo de formación como en activo), graduaciones que obtuvo durante su carrera militar, cuerpos especiales en los que sirvió, lugares donde el susodicho ex militar prestó sus servicios (relación detallada de lugares y funciones que tuvo, tanto dentro como fuera de España), así como todo lo referente a su situación militar de “excedencia”, entre la que se encuentran los logros que obtuvo (condecoraciones, si las hubiera), grados a los que accedió (tanto en su graduación militar como en su formación académica), sanciones y expedientes que se le impusieron y cuál es su situación actual, es decir, si ha prestado, presta o puede aún prestar sus servicios como militar, a pesar de estar en situación de «detenido» (según consta en el atestado de la Audiencia Nacional).

“El servicio de comunicaciones de Defensa se ha remitido a proporcionarme una información ridícula -asegura el periodista Tomás F. Ruiz-, limitándose a informarme exclusivamente del periodo de 17 años que David Morales pasó en el Ejército español. Esta irrisoria información me ha sido enviada a través de un correo electrónico en el que, para guardarse las espaldas, el oficial que me la envía ha evitado firmarla y se ha escudado en un cobarde anonimato, omitiendo incluso el cargo que desempeña e incurriendo así en infracciones a la ley del procedimiento administrativo. He tenido que cursar en varias ocasiones mi solicitud al Ejército y ellos han optado finalmente por el silencio administrativo, después de torearme y remitirme compulsivamente a varios departamentos diferentes, intentando conseguir así que me cansara y abandonase mis intenciones de averiguar qué hizo David Morales en el Ejército español para convertirse en el presunto delincuente que es hoy en día”.

Según el periodista Tomás F. Ruiz, la táctica de negar a un profesional de la comunicación información sobre uno de sus ex oficiales (información considerada como de dominio público, ya que no ha sido declarada bajo secreto de sumario) “sólo puede ser interpretada como un intento in extremis de proteger el reprobable comportamiento de David Morales.

Del mismo modo, Defensa puede incurrir en un delito de prevaricación, ya que ocultando premeditadamente esa información a la opinión pública, puede estar amparando todas las actividades delictivas cometidas por este individuo durante su reprobable actuación como propietario de la empresa de seguridad Undercover Global, la cual acabó incurriendo en deslealtad profesional y vendiendo información confidencial sobre el fundador de WikiLeaks a una organización norteamericana, supuestamente la CIA, que practica abiertamente el terrorismo internacional y que intentó, basándose en estos mismos informes proporcionados por David Morales, secuestrar o incluso asesinar a Julian Assange”.

Confusión en su directorio web

Cuando un ciudadano intenta contactar con la Armada Española y acude a las páginas web donde deberían figurar correos electrónicos de contacto, las únicas direcciones electrónicas que encuentra son cuadros informativos con referencias de correos electrónicos impracticables.

Así, se da el caso de varias páginas oficiales en las que se citan correos electrónicos a los que es imposible dirigirse por estar incompletos. Entre ellas, dentro de la página web oficial de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Social, se dan casos como el de la oficina Central de Madrid de Ajema (cuyo email se limita a la referencia “@ correo electrónico: oficina central de Madrid”), la de la oficina Flota (Cádiz), con el no menos inaccesible email “@ correo electrónico: Oficina Flota” (que nos redirige, entre otras búsquedas que no tienen nada que ver, a un correo de la armada de Ecuador), o el mismo “@ correo electrónico: instituto hidrográfico” desde el que se debería poder acceder a las cartas marinas y notificaciones de peligros para la navegación, pero desde el que el apartado de “contacto” de esta página web del Instituto hidrográfico nos deriva a la oficina central de Madrid.

La Justicia abre cinco acciones criminales relacionadas con el espionaje a Assange en la embajada de Ecuador en Londres

Joan Cantarero · Público · 31 de octubre de 2021

La Audiencia Nacional y un juzgado de Madrid instruyen las querellas presentadas en nuestro país por el espionaje al fundador de WikiLeaks, a sus abogados, a periodistas y a otros durante los siete años que estuvo refugiado.

A la izquierda, el informe policial del caso contra Morales. A la derecha, el contrato de Morales con Adelson.
A la izquierda, el informe policial del caso contra Morales. A la derecha, el contrato de Morales con Adelson. — PÚBLICO

Aún tendrán que pasar algunas semanas, o quizá meses, para conocerse el veredicto de la Corte de Justicia del Reino Unido acerca del futuro que aguarda al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

El tribunal deberá decidir si dar credibilidad al frágil estado de salud del periodista australiano argumentado por la defensa, basado en varios informes médicos, y si además reconoce a Assange y a WikiLeaks el derecho a la difusión y publicación de información obtenida por diversas fuentes, pero siempre veraz.

Por el contrario, el tribunal también puede optar por dar la razón a las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos, que se presenta como perjudicado por la difusión de información secreta y que, para tranquilidad de todos, asegura que Assange «tendrá un juicio justo», con atención a su salud, y que será tratado con todas las garantías. En caso de ser extraditado, Assange será entregado a la corte del Distrito Este de Virginia, un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia norteamericanas.

Secuestrar o asesinar a Assange

En 2017, tras la llegada al poder de Donald Trump y con Mike Pompeo de director de la CIA, se planeó secuestrar o asesinar a Julian Assange. Algunos altos funcionarios dentro de la CIA y la administración Trump -según Yahoo! News– incluso valoraron matar directamente a Assange, llegando a solicitar «bocetos» u «opciones» sobre cómo asesinarlo. Las discusiones tuvieron lugar «en los niveles más altos» de la administración Trump, según declaró a Yahoo! News, con sede en Nueva York, un exfuncionario de alto nivel de contrainteligencia que añadió que «no parecía haber límites para ejecutar su plan».

En ese tiempo Lenin Morenoya era presidente de Ecuador y Assange cumplía su quinto año de asilo diplomático en la embajada de Londres, donde se refugió en 2012 gracias al apoyo del entonces presidente Rafael Correa, que le concedió protección en la legación diplomática, para estupor de la inteligencia norteamericana y británica.

Para garantizar la seguridad de Julian Assange y la sede diplomática, ante el temor de que la CIA pudiera asaltarla por sorpresa y llevarse al periodista, el gobierno ecuatoriano, a través del SENAIN (Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador), contrató, mediante un informador, a la empresa española UC Global, propiedad de un militar de infantería de Marina.

Este militar gaditano, David Morales, que había trabajado armado en la protección de atuneros españoles en el Cuerno de África, contratado por una desaparecida empresa de seguridad, siempre quiso montar su propio Blackwater y creó su empresa de seguridad internacional desde Jerez.

De protector a espía

Todo fue funcionando progresivamente, se fueron incrementando las medidas de seguridad en el espacio ocupado por Assange y colocando cámaras de seguridad interiores y exteriores e, incluso, su empresa UC Global recibió el encargo de otra misión, como fue la «protección» de las hijas del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que estudiaban en Francia y Bélgica, y a las que entregaron aparatos de seguimiento y localización.

Pero las cosas empezaron a cambiar en 2016 tras ser contactado por una persona en Estados Unidos. Al cabo de un tiempo y unos viajes trasatlánticos, la actividad de protección de Julian Assange pasó a convertirse en operación de espionaje, cuando en plena campaña electoral norteamericana, en la que Donald Trump se postulaba a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de ese año, fue contactado para prestar servicios al propietario de Las Vegas Sands, el conocido multimillonario judío Sheldon Adelson.

Adelson, fallecido en enero de este año, era amigo personal de Donald Trump y financiador de sus campañas. Además, el rey del juego era un importante colaborador de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, utilizando para ello sus propios casinos de juego repartidos en diversos países, entre ellos en Macao, donde colaboró en una operación de espionaje de la CIA contra funcionarios chinos.

Morales, el propietario de UC Global empezó a viajar a Estados Unidos, especialmente a Las Vegas, y llegó a firmar incluso un contrato con Adelson de servicios de seguridad. Llamaba la atención que un perfecto desconocido a nivel internacional como Morales, de la noche a la mañana, comenzara a trabajar con Adelson, quien casualmente tenía de numero dos a un superagente del servicio secreto de Estados Unidos, y que como jefe de seguridad contaba con un ciudadano norteamericano de origen israelí con importantes vínculos con el Mossad.

Como dijo el propio Morales en unos emails dirigidos a sus hombres destinados en la embajada de Ecuador en Londres: «Nos hemos pasado al lado oscuro».

Todo esto y mucho mas aparece recogido en la instrucción de las querellas que gestiona el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado José de la Mata Amaya. Se trata de una causa compleja que recoge cuatro querellas. La primera, presentada por Julian Assange; otra por periodistas alemanes, miembros de WikiLeaks y abogados; una tercera, por el expresidente Ecuador Rafael Correa y su familia; y una cuarta presentada por la periodista italiana Stefania Maurizi, del diario Il Fatto Quotidiano, media-partner de WikiLeaks..

Todas estas querellas están acumuladas en la causa 3291/2019, en la que están imputados David Morales Guillén, como propietario y director de UC Global; Michel Wallemacq, como director de operaciones; y la propia empresa Undecover UC Global, como responsable civil subsidiario.

En todas estas querellas se acusa al director y propietario de la empresa de la empresa de seguridad de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos; cohecho, blanqueo de capitales, contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente. Y en el caso de David Morales se añade la acusación del delito de tenencia ilícita de armas.

Igualmente, existe una quinta causa que instruye un juzgado  de Madrid contra la organización que comercializó vídeos y documentos obtenidos a través de vigilantes de una empresa de seguridad ecuatoriana al servicio del SENAIN, donde aparecen imágenes de Assange y documentos privados de abogados y periodistas, e incluso audios de reuniones. Entre estos primeros identificados aparecen vigilantes de seguridad ecuatorianos destinados en la embajada de Londres, cuyas familias residen en España, y otros personajes vinculados a casos de delincuencia común y corrupción.

Nueva filtración de WikiLeaks: 17.000 documentos internos de Hazte Oír y CitizenGo

Carlos Enrique Bayo · Público · 5 de agosto de 2021

>> https://wikileaks.org/intolerancenetwork/press-release

Santiago Abascal e Ignacio Arsuaga, en 2012 cuando Hazte Oír concedió uno de sus premios al líder de Vox, quien entonces presidía la Fundación para la Defensa de la Nación Española (Denaes). – HO

La plataforma de filtraciones y protección de whistleblowers (alertadores) WikiLeaks vuelve hoy a la palestra (tras mucho tiempo de silencio por el encarcelamiento en Londres, bajo total aislamiento en solitario, de su creador, Julian Assange) con una publicación conjunta por medios de Italia (Il Fatto Quotidiano), Alemania (Taz), España (Público) y México (Contralínea), de miles de documentos internos y confidenciales generados por las organizaciones españolas de ultraderecha Hazte Oír y CitizenGo entre 2001 y 2017, en un proyecto que se denomina The Intolerance Network (La Red de Intolerancia).

Expurgados de todas las identificaciones personales protegidas por la Ley de Protección de Datos, y contrastados uno a uno por Wikileaks y por los medios que hemos colaborado durante meses en esta investigación, dos millares de archivos han sido descartados para mantener una biblioteca de unos 17.000 documentos, que incluyen campañas de propaganda y captación de fondos, instrucciones internas sobre la gestión de informaciones adversas, power-points, cartas dirigidas a socios internacionales y mucho más.

El material cubre tanto las actividades de Hazte Oír, fundada en 2001 por Ignacio Arsuaga Rato (sobrino tercero de Rodrigo Rato y amigo íntimo del líder de Vox, Santiago Abascal), como de CitizenGo, que puso en marcha el mismo Arsuaga en 2013 como plataforma internacional de su organización y ha extendido sus operaciones a medio centenar de países, con sedes permanentes en 15 ciudades.

Entre lo más destacable de toda esta base de datos figuran las tablas de Excel con todos los donantes que financiaron el nacimiento y crecimiento de esta plataforma internacional ultracatólica, tal como reza su Guía para Comunicar en Situaciones de Crisis (cuyo borrador de 2014 llevaba marca de agua como «Confidencial»):

«HazteOir se financia única y exclusivamente con las aportaciones y donativos de sus socios y de las personas que desean ayudarnos» […] «tiene casi 7.000 socios, más de 20.000 colaboradores y más de 400.000 simpatizantes«.

Millonarios para financiar el Congreso Mundial de Familias

Sin duda, los Excel estudiados por los que hemos participado en esta nueva exclusiva mundial de Wikileaks muestran pequeños donativos de miles de personas, que quedan registradas con sus direcciones, correos electrónicos y teléfonos. Pero además de los muchos ciudadanos corrientes que aportan cuotas, destacan numerosos millonarios y altos ejecutivos, entre los que hay grandes fortunas que no son socios pero aportaron muchos miles de euros para acontecimientos como el Congreso Mundial de Familias de 2012, año en que por primera vez se celebró en España ese World Family Congress (WFC) anual que organiza el estadounidense The Howard Center for Family y reúne al núcleo duro de las asociaciones ultra-católicas de todo el mundo.

En 2017, ese WFC tuvo lugar en Budapest, con la participación e intervención del ultraderechista primer ministro húngaro, Víctor Orban, y al de 2019, que se celebró en Verona, asistió el entonces vicepresidente del Gobierno italiano y líder de la neofascista Liga Norte, Matteo Salvini.

Aquel año 2012 en el que el WFC fue organizado en España por HazteOír, el listado de «grandes donantes» incluye a 800 personas que aportan unos cientos de euros cada una, pero en ese mismo Excel hay una segunda página, identificada como «Grandes Grandes Donantes» en la que figuran 209 contribuyentes a las finanzas de la organización ultra-católica, con aportaciones de miles de euros, y donde saltan a la vista algunos nombres más que conocidos, como los de Esther Koplowitz (FCC), Isidoro Álvarez (El Corte Inglés) o Juan Miguel Villar-Mir (OHL).

Aquí abajo reproducimos el principio de ese listado, donde hemos tachado los nombres de todos los que no tienen una clara relevancia pública, así como todos los datos personales de teléfonos o direcciones (los que restan, corresponden a las sedes corporativas de las compañías que dirigen las personalidades correspondientes):

Inicio del Excel de Hazte Oír denominado “Grandes Grandes Donantes” con motivo del Congreso Mundial de Familias y la Marcha por la Vida (antiabortista), ambos actos de 2012. – WikiLeaks

Inicio del Excel de Hazte Oír denominado “Grandes Grandes Donantes” con motivo del Congreso Mundial de Familias y la Marcha por la Vida (antiabortista), ambos actos de 2012. — Wikileaks

Del Grupo Eulen a Esther Koplowitz y Villar Mir

El primero de la lista, por haber contribuido con 20.000 euros al Congreso Nacional de Familias, es David Álvarez Díez, propietario del Grupo Eulen (un imperio multinacional de servicios externalizados con más de 84.000 empleados en una docena de países) que falleció en 2015 y dejó a sus siete hijos enzarzados en una guerra familiar sin cuartel por el control de ese holding, con unos ingresos anuales que rondan los 700 millones de euros.

En segundo lugar (con 10.000 euros de donativo) aparece Esther Alcocer Koplowitz, marquesa de Peñalver, presidenta en ese momento de Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), y dueña de hoteles Ritz en diversas ciudades del mundo, cuya fortuna estimaba Forbes en más mil millones de euros antes de la pandemia.

La misma cantidad que Esther Koplowitz donó para el ultraconservador Congreso Mundial de Familias el ya fallecido Isidoro Álvarez, quien fuera presidente de El Corte Inglés, tras suceder a su tío Ramón Areces. En cambio, Juan Miguel Villar-Mir, exministro de Hacienda y dueño entonces de la constructora OHL y muchas otras grandes empresas, contribuyó a esa misma iniciativa con la mitad: 5.000 euros.

Del estudio de las diferentes hojas de cálculo de los grandes donantes que contribuyeron a la expansión de Hazte Oír, base sobre la que se alzarían después los cimientos del partido Vox y sus éxitos electorales, se concluye que fueron muchos los multimillonarios que participaron en el auge de la ultraderecha española. Por ejemplo, en esta misma hoja de Excel aparecen otros donantes importantes de ese año, aunque sean menos conocidos.

Más de 17 millones de euros en donaciones

Entre ellos, Bernard Meunier (consejero delegado de Nestlé Península Ibérica en 2012, quien ascendió el pasado marzo a vicepresidente ejecutivo de Nestlé S.A., así como director de Negocios Estratégicos, Marketing y Ventas de la multinacional suiza); Ignacio Esquer De Oñate (secretario del Consejo de Administración de Fertiberia, con cargos en otra decena de empresas); o Javier Javaloyes (de Agencia Negociadora y el Grupo Reacciona).

Más adelante en el listado figuran otros altos ejecutivos como Luis Vilaclara Pont (apoderado o administrador de una decena de empresas inmobiliarias).

Son los dos centenares de donantes de ese nivel los que permiten que Hazte Oír cierre el año 2013 con un presupuesto de casi dos millones de euros. Ese año, el entonces ministro del Interior de Rajoy, Jorge Fernández Díaz (hoy imputado en la causa Kitchen por la destrucción de pruebas sobre la Caja B del PP), firmó la resolución que dotaba al lobby ultraconservador, con su plataforma internacional CitizenGo, de los beneficios fiscales de una «asociación de utilidad pública», y a partir de entonces las donaciones crecieron hasta sumar en total más de 17 millones de euros.

Arsuaga pidió 100.000€ a un oligarca ruso

Carta de Arsuaga al oligarca ruso Maloféyev, pidiéndole 100.000 euros.
Carta de Arsuaga al oligarca ruso Maloféyev, pidiéndole 100.000 euros. — Wikileaks

El impulso financiero de esos millonarios españoles se combinó con otras aportaciones de magnates extranjeros, como se demuestra con la carta que mostramos, fechada en París el 4 de abril de 2013, en la que Arsuaga pide una contribución de 100.000 euros al oligarca ruso Konstantín Maloféyev, fundador del fondo de capital riesgo y banca de inversión Marshall Capital y presidente del grupo de medios de comunicación Tsargrady; un think tank de extrema derecha que mantiene estrechas relaciones con el lobby ultra-religioso de EEUU y que contrató al productor Jack Hanick, de Fox News, para crear en 2014 Tsargrad TV, un canal integrista ortodoxo.

En su misiva en inglés, encabezada «Dear Mr. Malofeev» (grafía inglesa del apellido ruso), Arsuaga le agradece haberle permitido presentarle personalmente el proyecto CitizenGo, del que espera que «se convierta, en tres años, en el sitio web más influyente de la movilización internacional de inspiración cristiana«. También informa al magnate ruso de que «ya hemos encontrado a dos donantes que se han comprometido a ayudarnos a impulsar CitizenGo con 170.000 euros (218.000 dólares USA). Pero aún así nos quedamos cortos en 258.000 euros para financiar el proyecto completo«.

«Espero de verdad que esté usted interesado en participar en el lanzamiento de este proyecto con una contribución inicial de 100.000 euros«.

Abascal despegó con el apoyo ultra en Europa

No cabe duda de que las aportaciones de multimillonarios a las arcas de CitizenGo lograron convertir esa plataforma ultra-católica en un motor internacional de impulso a los partidos y organizaciones de extrema derecha, en vista de su rápida extensión y consolidación en cincuenta países. Algo que también propulsó el despegue de Vox, tras sus fracasos electorales iniciales en España, en el ámbito europeo a partir de su participación en la cumbre de la derecha “euroescéptica” de 2017 en Coblenza (Alemania), donde Abascal estableció contacto directo con la francesa Marine Le Pen, el holandés Geert Wilders y la alemana Frauke Petry, entre otros líderes de potentes partidos ultras.

Sin embargo, las relaciones entre Arsuaga y Abascal empezarían a complicarse tras los grandes éxitos electorales de Vox (2018 y 2019) y sus acuerdos con PP y Ciudadanos para formar un Ejecutivo derechista en la Junta de Andalucía y apoyar los gobiernos regionales de la derecha en Madrid y Murcia. Así que en agosto de 2019 Hazte Oír anunció su ruptura con Vox como respuesta a la marcha atrás de Abascal en su exigencia de derogar las leyes LGTBI: «Se han vendido muy barato», proclamó Arsuaga.

En realidad, Abascal también estaba intentando independizarse de Hazte Oír, una vez ya liberado de la hipoteca de su apoyo económico a través de los generosos donantes de CitizenGo, para alejarse del descrédito que suponían las crecientes pruebas de que Arsuaga formaba parte de la cúpula de la sociedad secreta integrista El Yunque, como explicaremos en el próximo capítulo de esta exclusiva.

Policía ve indicios de espionaje a Assange en embajada de Ecuador en Londres

La Vanguardia · 7 de julio de 2021

La Policía ha certificado la existencia de indicios de un presunto espionaje al fundador de Wikileaks Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, dónde estuvo refugiado varios años, mientras mantenía reuniones con su equipo de abogados, liderado por el exjuez Baltasar Garzón, o con otros visitantes.

Así consta en un oficio policial, al que ha tenido acceso Efe, en el que se analiza la información contenida en dos dispositivos de memoria USB que fueron entregados el pasado año al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por un testigo protegido en esta causa.

Este procedimiento se abrió al ser admitida una querella de Assange contra la empresa entonces responsable de la seguridad privada de la embajada de Ecuador en Londres (UC Global), y su propietario, David Morales, que está imputado.

La Policía explica en su informe que lo que expone «es el resultado del análisis de los USBs que entregó el Testigo Protegido-1 y que de momento no se ha podido comprobar si estos archivos se encuentran entre el material intervenido en los registros que se realizaron en la empresa UC GLOBAL», material del que anuncian que, «una vez se analice», informarán al juez «oportunamente».

De los archivos ahora analizados, el informe concluye que en el interior de la embajada había 7 cámaras con micrófonos y que contaban con un sistema de streaming que se realizaba directamente al NVR (Network Video Recorder).

También que se «grabaron diferentes vídeos con sonido de Julián Assange reunido con diferentes personas» y también «archivos de audio».

De hecho asegura que se elaboraron informes de reuniones «con diferentes personas e incluso en algunos se cita lo hablado en ellas», y un informe grafológico de Assange (estudio de la personalidad en el momento presente) por parte de la empresa UC GLOBAL.

Concluye también la Policía que se hicieron «copias de la documentación de las personas que David Morales indicó a los operadores de la empresa UC GLOBAL S.L, entre ellos Baltasar Garzón», y de otros abogados de su despacho como Aitor Martínez, así como de «los doctores que asistían a Julián Assange», de cuyas visitas también se elaboró «algún informe».

Las pruebas aportadas confirmarían además que se revisaron los mensajes de WhatsApp del móvil de Charles C Thonson, y que se fotografiaron los dispositivos móviles y las tarjetas SIM de la periodistas italiana Stefania Maurizi.

También la existencia de vídeos sobre las reuniones que mantuvieron en la embajada Assange y Romy Vallejo (Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador), y de informes de las visitas de personas procedentes de Estados Unidos, de los que se adjuntaron fotos de los pasaportes de éstas, como por ejemplo del congresista norteamericano Dana Tyrone Rohrabacher, «siguiendo las indicaciones de David Morales».

Constan asimismo otros informes a los que aludía la querella, como el de una reunión que mantuvieron en Madrid en 2017 Baltasar Garzón y Rafael Correa, al que se le realizó un seguimiento desde el aeropuerto de Madrid hasta supuestamente el domicilio del exjuez, aportando fotografías del encuentro. También uno que se redactó en inglés del exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

Entre el material aportado se encuentra asimismo un documento de pago de diez mil euros a la entonces responsable de seguridad de la embajada Gabriela Paiz Jérez, «pero este documento carece de firma». observa la Policía.

La querella expone las sospechas de que Morales pagaba 20.000 euros al mes en metálico a Páliz para evitar que hiciera «reportes negativos» sobre UC.

En cuanto a «los movimientos de dinero», la Policía indica al juez que en «una de las cuentas se ha encontrado un ingreso de 10.000 € procedente de USA del año 2016 en concepto de trabajos». (EFE)