El juez Garzón cuestiona las garantías de EEUU a Reino Unido para la entrega de Assange

Sputnik · 23 de julio de 2021

Las garantías que el departamento de Justicia de EEUU dio al Reino Unido a cambio de la entrega del cofundador de Wikileaks, Julian Assange, no son fiables, declaró el abogado Baltasar Garzón, en una entrevista por correo electrónico con Sputnik.

«EEUU ha vulnerado sistemáticamente las garantías ofrecidas en otros procesos de extradición con países europeos. De hecho, es una tónica habitual que en el marco de una extradición se ofrezcan unas garantías que posteriormente no se atienden. En el caso de la jurisdicción española ha ocurrido anteriormente», constata Garzón.

La causa ha pasado al tribunal de Apelación de Inglaterra, que autorizó el recurso, a principios de mes, bajo tres de los cinco puntos legales planteados por EEUU. Estos incluyen «garantías» de que Assange no será encarcelado en condiciones de extrema seguridad si Londres consiente la extradición.Además, el periodista australiano, que se enfrenta a 175 años entre rejas por 18 cargos de espionaje e intrusión informática, tendría la oportunidad de cumplir la condena en su país natal, si los jueces de apelación aceptan la propuesta de Washington.

«Esas obligaciones internacionales que pretende suscribir Estados Unidos no deben ser tenidas en cuenta por el tribunal británico», subraya el exmagistrado.

Trama de espionaje contra Assange

La trama de escuchas ilegales que se descubrió en la sede diplomática de Ecuador constituye unos «hechos gravísimos», aseguró el abogado español.

«Se trata de hechos gravísimos. La presunta implicación de los servicios de inteligencia de EEUU, a través de UC GLOBAL, para espiar a Julian Assange, sus visitas y específicamente a mí dentro de la Embajada de Ecuador es de una gravedad inusitada», enfatizó.

Garzón subrayó que «evidentemente se han vulnerado todos los derechos posibles y cualquier atisbo de un debido proceso está anulado en este caso«.

A la vez, indicó que el equipo de abogados de Assange confía en una segunda victoria en el Alto Tribunal, con un veredicto que garantice su libertad y ampare la investigación y difusión informativas.

«No sólo está en juego una persona, Julian Assange, ni una organización, WikiLeaks, sino que está en juego la libertad de prensa en el mundo. Este es un elemento que estoy seguro la justicia británica va a tener en cuenta, el peligrosísimo precedente que se podría asentar», observa el exmagistrado español.

La causa abierta en la Audiencia Nacional de España –iniciada por una denuncia de Assange– apunta a que existen indicios de que la empresa sometió al periodista y sus visitantes a una vigilancia durante las 24 horas del día a través de cámaras y micrófonos ocultos entre 2015 y 2018.

De acuerdo con el sumario, con la información que se recababa a diario en la Embajada esta empresa realizaba una serie de informes que posteriormente eran «entregados a terceras personas o instituciones», entre las que «se mencionan autoridades de la República de Ecuador y agentes de los Estados Unidos».

La defensa de Assange mantiene que este sistema de espionaje, entre otras cosas, violó la confidencialidad de las reuniones con su cliente, lo que a su modo de ver invalida el proceso de extradición a EEUU que actualmente está activo en el Reino Unido.

Además, Garzón insistió en que su cliente, el cofundador de Wikileaks, debería afrontar el proceso sobre la petición de su extradición por EEUU en libertad provisional.

«Es evidente que una persona que ha sufrido casi siete años de encierro en un minúsculo piso londinense, sin acceso a la luz solar o al aire fresco, debía haber afrontado este juicio de extradición en libertad provisional», afirmó.

Subrayó que esta «era la forma óptima de garantizar su derecho a la defensa y su delicado estado de salud».

«Sin embargo, se ha optado por mantenerlo en una cárcel de máxima seguridad [Belmarsh, al sureste de Londres], en medio de una pandemia, prácticamente aislado y con difícil acceso a sus abogados por las políticas contra el COVID-19», denunció.

A la vez indicó que «la decisión ya fue tomada y ahora simplemente procede confirmar la sentencia de primera instancia y acabar con este caso”.

Libertad de prensa

La desestimación de los aspectos políticos, en particular la libertad de prensa, para denegar la extradición de Assange

En enero de 2021 la magistrada de Westminster, Vanessa Baraitser, falló en contra de la entrega de Assange a EEUU por motivos humanitarios, incluido el riesgo de suicidio en el sistema penitenciario estadounidense, pero desestimó los argumentos «políticos» de la defensa de Assange.

Según Garzón, estos argumentos deberían de «formar parte de un pronunciamiento jurisprudencial contundente que erradique la posibilidad de procesar a periodistas por publicar información veraz sobre crímenes de guerra».

«Esa es la obligación de la prensa libre y el derecho de todo periodista. Todo lo que no sea proteger esas prerrogativas, acerca la prensa a un peligroso abismo. Y si la prensa cae por ese abismo, de alguna forma cae tras ella la democracia, ya que los ciudadanos dejaríamos de tener acceso a la información y el poder actuaría sin control», alerta Garzón.

Washington reclama a Londres la entrega del nacional australiano para juzgarle por un cargo de conspiración para infiltrar sistemas informáticos gubernamentales y otros diecisiete por supuestos delitos de obtención y difusión de información confidencial en violación de la ley de Espionaje.

Las 18 imputaciones, que se penalizan con hasta 175 años en prisión de máxima seguridad, están relacionadas con la publicación en WikiLeaks de unos 90.000 partes de la guerra de Afganistán, 400.000 de Irak, 250.000 cables del Departamento de Estado y más de 800 informes sobre Guantánamo.

Las informaciones desvelan aparentes abusos de derechos humanos y presión política por los que nadie ha sido condenado.

Julian Assange y Rafael Correa: dos casos de Lawfare

Assange: Correa, asilo per no garanzie - LaProvincia.it ...

Baltasar Garzón · Nodal · 12 de marzo de 2021

En mi vida profesional como juez he investigado la respuesta más brutal de las dictaduras contra los opositores políticos. He hundido los dedos en las vísceras de las más criminales represiones violentas en diferentes partes del mundo. Una respuesta que se caracterizaba por la violencia contra los colectivos opositores, en forma de detenciones arbitrarias masivas, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales fuera de todo proceso y la desaparición forzada de personas.

Esa represión contra la oposición política de finales del siglo XX encontró una respuesta judicial, mejor o peor, desde países como España, a través de la jurisdicción universal y con el procesamiento de sus responsables en sus propios territorios. Es más, como culmen a estos procesos de lucha contra la impunidad, finalmente, la comunidad internacional decidió crear la Corte Penal Internacional, órgano judicial permanente para perseguir estos crímenes.

Sin embargo, la represión y persecución contra la oposición política no ha cesado. En el siglo XXI se ha cambiado la vestimenta. Ante la imposibilidad de desatar campañas violentas de persecución, ha mutado hacia sibilinos métodos de descrédito y encausamiento judicial, combinados sofisticadamente entre medios de comunicación y sectores del poder judicial, para expulsar a opositores políticos. Me refiero al denominado como “lawfare” o “guerra judicial”.

Actualmente la represión contra la oposición no se nos presenta vestida en forma castrense, con bandos militares y escenificando la ejecución de líderes políticos de oposición. En el siglo XXI esa represión ha y se ha vuelto sofisticada y quirúrgica, ejecutándose mediante el “lawfare”. Y para ello basta con desatar una campaña de calumnias mediáticas, aunque sean disparates, para que sean estratégicamente recogidas por ciertos jueces y fiscales que levanten el mazo y saquen del tablero político a esa oposición incómoda

Ejemplos de esta nueva forma de represión, más sofisticada, a través del “lawfare”, tenemos muchos en la región. Pero quizás el caso de estudio más relevante es el que se refiere a Ecuador. El “lawfare” en este país es paradigmático. Cumple con todos los requisitos exigidos y se manifiesta en la forma más pura. Al terminar su década de mandato Rafael Correa, entre 2007 y 2017, y tras dejar un país diferente al que encontró, con índices de desarrollo humano que se habían disparado, en forma orquestada se articuló un proceso instrumental contra él y contra toda persona que se sospechara aliada del exmandatario.

El gobierno de Lenin Moreno, a la sazón vicepresidente del propio Rafael Correa, desde el principio se mostró preocupado por el control de los tribunales. El Consejo de la Judicatura, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, después de “un proceso de evaluación” destituyó a 23 de 36 jueces de la Corte Nacional de Justicia, la más alta instancia judicial. Y se cubrieron las vacantes con jueces “temporales”. Se procedió a destituir sin dilación a varios jueces que fallaron causas a favor de los líderes de oposición de la Revolución Ciudadana, de manera especial en lo referido a Correa.  ¿Hace falta un mensaje más claro y contundente?: El juez que discrepe de la posición oficial, será destituido. A Rafael Correa se le instruyeron 38 disparatados procesos hasta por fin obtener una condena en el tiempo récord de 16 días, con pena privativa de libertad de 8 años y 22 de inhabilitación para ejercer sus derechos políticos.

Se sumó así Lenin Moreno a la lista de los mandatarios que echaron mano de la justicia para, vía lawfare, eliminar a quien pudiera perturbarle en el uso poco mesurado del poder. Comenzó a utilizar sus medios afines para lanzar acusaciones de todo tipo, desde secuestros contra opositores que parecerían sacados de una película, hasta ridículos préstamos personales que se dibujaban como una de las más sofisticadas operaciones de blanqueo de capitales. Incluso loables acciones como la campaña de “la mano negra” de Chevrón, la compañía petrolera que destrozó gran parte del Amazonas ecuatoriano fue utilizada para atacar al expresidente. Y todas esas denuncias milimétricamente lanzadas desde la actual Presidencia, eran recogidas inmediatamente por los medios afines al poder, dimensionadas, ficcionadas, engordadas y abiertamente falseadas. Dejando el camino para la última fase del “lawfare”, que los jueces y fiscales afines al poder de turno abrieran causas penales contra el expresidente Correacon la intención de, a través de sus sentencias, eliminar de la vida política del país a todo el “correismo”. Proscribirlo de la concurrencia política para garantizar el poder sin la posibilidad de que esa opción política pueda regresar. La misma finalidad que las acciones militares, pero con otros métodos más sofisticados.

Pero lo llamativo es que el “lawfare” acordado “ad intra”, hacia dentro del país, desgraciadamente tiene pocos límites, y han perseguido y condenado a muchos de los aliados de Rafael Correa. Sin embargo, eldesplegado “ad extra”, hacia fuera del país, se ha tornado en más complicado de presentar ante otros actores. Y ello porque Rafael Correa se encuentra en Bélgica. Esto ha motivado que, por ejemplo, la Comisión de Control de Ficheros de INTERPOL se haya negado a tramitar algunas de esas órdenes internacionales de detención. O que Bélgica, evidentemente, no se haya prestado a ese “lawfare”.

El odio que subyace en el “lawfare” desatado contra Rafael Correa ha afectado a toda persona cercana, y por supuesto, a toda su obra. Y uno de los mayores éxitos de la administración de Correa a nivel internacional, el asilo al periodista Julian Assange, también ha sido objeto de ataques del “lawfare”. La práctica totalidad de las organizaciones de derechos humanos del mundo, como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, se han posicionado contra la persecución de Estados Unidos a un periodista, simplemente por publicar información veraz que revelaba crímenes de guerra en Iraq y Afganistán. La mayoría de los organismos de protección de derechos humanos de la ONU igualmente se han posicionado contra la persecución desatada por Estados Unidos, ya que genera un peligroso precedente para la libertad de prensa en el mundo. Y en esa línea, Ecuador, bajo la administración de Rafael Correa, cumplió con sus obligaciones internacionales y se enfrentó a Estados Unidos, brindándole asilo al periodista en su misión diplomática en Londres y protegiéndole con uñas y dientes frente al país más poderoso del mundo.

Pero claro, esa obra de gallardía internacional olía a “correismo”, y el actual presidente, Lenin Moreno, apuntó su “lawfare” también hacia Julian Assange. Y de esta forma, la Embajada de Ecuador en Londres se convirtió en una cárcel, se incomunicó al asilado, se le prohibieron las visitas y el contacto con el exterior. Se le impuso un protocolo que no se registra en el país ni para los peores criminales con condenas carcelarias. Además, se habría estado espiando al asilado dentro de la embajada, en una trama que se investiga en la jurisdicción española. Pero todo eso no forzó la expulsión de Assange, por lo que, finalmente, el 11 de abril de 2019, Lenin Moreno decidió la expulsión unilateral del asilado, violando todos los instrumentos internacionales de asilo y protección de derechos humanos y dejándole en manos de la extradición de Estados Unidos por la que se le piden, nada menos, que 175 años de cárcel.

Curiosamente, el 11 de abril de este año, dos años después de aquella expulsión, se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Es muy probable que la opción afín al expresidente Correa gane, por lo que, de alguna forma, habrá perdido el sucio “lawfare” y habrán ganado Rafael Correa y Julian Assange, si no se vuelve a utilizar aquel, como ya se atisba, con acciones concordadas de las fiscalías generales de Colombia y Ecuador, para evitarlo, extremo que ha sido advertido y denunciado por el relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial.

Noam Chomsky, en su informe pericial sobre el caso Assange, advirtió: “El gobierno norteamericano busca criminalizar a Julian Assange por sacar a la luz del sol un poder que pudiera evaporarse si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto”…, “El supuesto crimen de Julian Assange, al esforzarse por descubrir secretos gubernamentales, es violar los principios básicos del gobierno, levantar el velo del secreto que protege el poder de miradas ajenas y evita que se disipe..” y los poderosos entienden que esto “.. puede hacer que el poder desaparezca”.  Por su parte el “crimen” de Rafael Correa es haber sacado a Ecuador de la sima de la corrupción y el no derecho y ponerlo en unos índices de gobernabilidad y bienestar altos y seguir siendo referente en un país en el que las instituciones han sucumbido al lawfare en el que el gobierno saliente las ha introducido con la inestimable dirección e impulso de la administración norteamericana. Así es.

Baltasar Garzón: No han conseguido matar al mensajero

InfoLibre · 4 de enero de 2021

'Garzón/Assange' | "En el 'caso Assange' está en juego la ...

No sé si el nombre de Vanessa Baraitser, magistrada del Tribunal Penal Central de Londres, pasará a la historia del Derecho Penal Internacional o al de las extradiciones de su país, pero la decisión que ha emitido este lunes marcará un antes y un después en su carrera, al denegar la entrega de Julian Assange, fundador de Wikileaks, a los Estados Unidos de Norteamérica. Así ocurrió, como antecedente, con el juez Ronald Bartle cuando concedió la extradición de Augusto Pinochet en 1999.

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Los abogados de Assange declaran que ignoraban haber sido espiados por una empresa española

Baltasar Garzón, a su llegada a la Audiencia Nacional

José María Irujo · El País · 27 de julio de 2020

Stella Moris y Baltasar Garzón, abogados de Julian Assange, y el excónsul Fidel Narváez han declarado este lunes en la Audiencia Nacional que desconocían haber sido espiados por la empresa española UC Global SL, encargada de la seguridad de la Embajada de Ecuador en Londres donde permaneció el fundador de Wikileaks durante siete años.

Los tres han comparecido en calidad de testigos en la causa que sigue el juez José de la Mata contra el exmilitar David Morales, dueño de la empresa jerezana UC Global SL por distintos delitos, entre ellos la grabación de las conversaciones de los letrados del ciberactivista, para el que EE UU ha solicitado su extradición.

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Baltasar Garzón testifica en Audiencia Nacional sobre el espionaje a Assange

La Vanguardia · 27 de julio de 2020

Según precisan fuentes de la defensa, también están citados otros abogados que fueron presuntamente espiados, además del excónsul de Ecuador en Londres Fidel Narváez, la actual pareja de Assange, Stella Morris, que también integra su equipo legal; mientras que el martes el magistrado interrogará por videoconferencia a operadores de seguridad de la compañía UC Global.

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Baltasar Garzón sobre espionaje a Assange: «El agente de persecución es EEUU»

El Periódico · 27 de julio de 2020

Baltasar Garzón, coordinador de la defensa de Julian Assange, ha reiterado que el líder de Wikileaks ha sido objeto de «persecución política» «por revelar hechos gravísimos» y ha apuntado directamente a Estados Unidos como el «agente de persecución», que ahora le reclama por la filtración de documentos confidenciales.

Garzón ha acudido este lunes a la Audiencia Nacional, tribunal donde ejerció como juez durante años hasta que fue inhabilitado, para declarar como testigo en la causa donde se investiga el supuesto espionaje que Assange denuncia que sufrió por parte de la empresa española UC Global, que estuvo a cargo de la seguridad de la embajada de Ecuador en Londres entre 2015 y 2018.

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