Las turbias promesas de Biden a Julian Assange

Sputnik · 9 de julio de 2021

El retrato de Julian Assange - Sputnik Mundo, 1920, 09.07.2021

El entorno de Julian Assange reniega de la última oferta de la Administración de Joe Biden y pide al presidente estadounidense que retire los cargos y facilite la liberación inmediata del cofundador de WikiLeaks.

El «paquete de garantías» ofrecido por Estados Unidos se hizo público esta semana al mismo tiempo que el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales Estados concedía a Washington un «permiso limitado» para recurrir el fallo contra su petición de extradición de Assange.

«Lo que EEUU está proponiendo es una fórmula para mantener a Julian en prisión para el resto de su vida. No debería estar en la cárcel un día más, ni en el Reino Unido ni en Estados Unidos ni en Australia, porque el periodismo no es un crimen», protestó su prometida y madre de sus dos hijos pequeños, la abogada Stella Moris, a través de su cuenta de Twitter.

Apelación limitada

El servicio fiscal británico (CPS, en sus siglas en inglés), que representa a Estados Unidos en el proceso, confirmó que el tribunal de apelación ha autorizado el recurso en tres de los cinco puntos planteados contra la sentencia de la magistrada de Westminster, Vanessa Baraitser, dictada en enero de 2021.

Por una parte, los jueces han negado la venia para recurrir contra los informes y el testimonio de un testigo crucial de la defensa, el siquiatra y académico Michael Kopelman, quien concluyó que Assange correría un «alto riesgo» de quitarse la vida si la «extradición se tornara inminente o ya hubiera acontecido».

EEUU tendrá la oportunidad, sin embargo, de argumentar que la magistrada «se equivocó» en su interpretación práctica del artículo de la ley de extradición sobre salud mental y física. Baraitser concluyó que sería «opresivo» entregar al exeditor de WikiLeaks quien, según diversos testigos, sufre un «desorden depresivo recurrente… con alucinaciones sicóticas» y secuelas del síndrome de Asperger.

Oferta carcelaria

Por ahora las autoridades estadounidenses han contratacado el uno de los pilares sobre los que se sustenta el fallo de la corte de primera instancia, que relacionó el riesgo de suicidio con la reclusión del periodista y programador australiano en centros de máxima seguridad, bajo el régimen de aislamiento. En el juicio, que tuvo lugar en 2020, se dio por descontado que Assange pasaría de la celda de Belmarsh, en Londres, al «inhumano» sistema penitenciario federal antes y después de ser juzgado por supuestos crímenes que se castigan con hasta 175 años entre rejas.

En concreto, EEUU ha asegurado que el imputado bajo la ley de Espionaje y por un cargo de pirateo informático no sería encarcelado en las llamadas cárceles ADX de máxima seguridad, ni sometido a regímenes especiales de confinamiento, «salvo que hiciera algo después» que conlleve tal tratamiento. El documento difundido por el CPS indica además que la Administración de Biden «autorizará la transferencia del señor Assange a Australia» a fin de que cumpla la condena en su país natal.

Engañosas y absurdas

Moris ha denunciado la farsa de ambas ofertas. «El Gobierno estadounidense dice que puede cambiar de opinión si el director de la CIA así lo aconseja cuando Julian Assange se encuentre detenido en EEUU», declaró a los medios. En un posterior debate online, la abogada alegó que la «CIA está detrás» de la masiva trama de espionaje en la Embajada de Ecuador en Londres— ella misma y su primer bebé fueron víctimas directas, además de Assange— que la Audiencia Nacional de España sigue investigando. «Las garantías son absurdas», dijo.

Moris desmontó también la oferta de traslado a una prisión australiana. La abogada puntualizó que «no es una concesión, sino un derecho» de los reclusos extranjeros, que se activa una vez agotadas las vías de apelación. «Hasta que el caso llegue al Supremo puede pasar fácilmente una década e incluso dos», denunció.El director de WikiLeaks, Kristinn Hrafnsson, coincidió en que se trata de «una persecución política» sostenida en un «caso hueco» y testimonios falsos. «No solo está en juego la vida de Assange, sino también la libertad de prensa y el futuro de nuestros hijos», subrayó el periodista islandés.

Julian Assange y Rafael Correa: dos casos de Lawfare

Assange: Correa, asilo per no garanzie - LaProvincia.it ...

Baltasar Garzón · Nodal · 12 de marzo de 2021

En mi vida profesional como juez he investigado la respuesta más brutal de las dictaduras contra los opositores políticos. He hundido los dedos en las vísceras de las más criminales represiones violentas en diferentes partes del mundo. Una respuesta que se caracterizaba por la violencia contra los colectivos opositores, en forma de detenciones arbitrarias masivas, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales fuera de todo proceso y la desaparición forzada de personas.

Esa represión contra la oposición política de finales del siglo XX encontró una respuesta judicial, mejor o peor, desde países como España, a través de la jurisdicción universal y con el procesamiento de sus responsables en sus propios territorios. Es más, como culmen a estos procesos de lucha contra la impunidad, finalmente, la comunidad internacional decidió crear la Corte Penal Internacional, órgano judicial permanente para perseguir estos crímenes.

Sin embargo, la represión y persecución contra la oposición política no ha cesado. En el siglo XXI se ha cambiado la vestimenta. Ante la imposibilidad de desatar campañas violentas de persecución, ha mutado hacia sibilinos métodos de descrédito y encausamiento judicial, combinados sofisticadamente entre medios de comunicación y sectores del poder judicial, para expulsar a opositores políticos. Me refiero al denominado como “lawfare” o “guerra judicial”.

Actualmente la represión contra la oposición no se nos presenta vestida en forma castrense, con bandos militares y escenificando la ejecución de líderes políticos de oposición. En el siglo XXI esa represión ha y se ha vuelto sofisticada y quirúrgica, ejecutándose mediante el “lawfare”. Y para ello basta con desatar una campaña de calumnias mediáticas, aunque sean disparates, para que sean estratégicamente recogidas por ciertos jueces y fiscales que levanten el mazo y saquen del tablero político a esa oposición incómoda

Ejemplos de esta nueva forma de represión, más sofisticada, a través del “lawfare”, tenemos muchos en la región. Pero quizás el caso de estudio más relevante es el que se refiere a Ecuador. El “lawfare” en este país es paradigmático. Cumple con todos los requisitos exigidos y se manifiesta en la forma más pura. Al terminar su década de mandato Rafael Correa, entre 2007 y 2017, y tras dejar un país diferente al que encontró, con índices de desarrollo humano que se habían disparado, en forma orquestada se articuló un proceso instrumental contra él y contra toda persona que se sospechara aliada del exmandatario.

El gobierno de Lenin Moreno, a la sazón vicepresidente del propio Rafael Correa, desde el principio se mostró preocupado por el control de los tribunales. El Consejo de la Judicatura, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, después de “un proceso de evaluación” destituyó a 23 de 36 jueces de la Corte Nacional de Justicia, la más alta instancia judicial. Y se cubrieron las vacantes con jueces “temporales”. Se procedió a destituir sin dilación a varios jueces que fallaron causas a favor de los líderes de oposición de la Revolución Ciudadana, de manera especial en lo referido a Correa.  ¿Hace falta un mensaje más claro y contundente?: El juez que discrepe de la posición oficial, será destituido. A Rafael Correa se le instruyeron 38 disparatados procesos hasta por fin obtener una condena en el tiempo récord de 16 días, con pena privativa de libertad de 8 años y 22 de inhabilitación para ejercer sus derechos políticos.

Se sumó así Lenin Moreno a la lista de los mandatarios que echaron mano de la justicia para, vía lawfare, eliminar a quien pudiera perturbarle en el uso poco mesurado del poder. Comenzó a utilizar sus medios afines para lanzar acusaciones de todo tipo, desde secuestros contra opositores que parecerían sacados de una película, hasta ridículos préstamos personales que se dibujaban como una de las más sofisticadas operaciones de blanqueo de capitales. Incluso loables acciones como la campaña de “la mano negra” de Chevrón, la compañía petrolera que destrozó gran parte del Amazonas ecuatoriano fue utilizada para atacar al expresidente. Y todas esas denuncias milimétricamente lanzadas desde la actual Presidencia, eran recogidas inmediatamente por los medios afines al poder, dimensionadas, ficcionadas, engordadas y abiertamente falseadas. Dejando el camino para la última fase del “lawfare”, que los jueces y fiscales afines al poder de turno abrieran causas penales contra el expresidente Correacon la intención de, a través de sus sentencias, eliminar de la vida política del país a todo el “correismo”. Proscribirlo de la concurrencia política para garantizar el poder sin la posibilidad de que esa opción política pueda regresar. La misma finalidad que las acciones militares, pero con otros métodos más sofisticados.

Pero lo llamativo es que el “lawfare” acordado “ad intra”, hacia dentro del país, desgraciadamente tiene pocos límites, y han perseguido y condenado a muchos de los aliados de Rafael Correa. Sin embargo, eldesplegado “ad extra”, hacia fuera del país, se ha tornado en más complicado de presentar ante otros actores. Y ello porque Rafael Correa se encuentra en Bélgica. Esto ha motivado que, por ejemplo, la Comisión de Control de Ficheros de INTERPOL se haya negado a tramitar algunas de esas órdenes internacionales de detención. O que Bélgica, evidentemente, no se haya prestado a ese “lawfare”.

El odio que subyace en el “lawfare” desatado contra Rafael Correa ha afectado a toda persona cercana, y por supuesto, a toda su obra. Y uno de los mayores éxitos de la administración de Correa a nivel internacional, el asilo al periodista Julian Assange, también ha sido objeto de ataques del “lawfare”. La práctica totalidad de las organizaciones de derechos humanos del mundo, como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, se han posicionado contra la persecución de Estados Unidos a un periodista, simplemente por publicar información veraz que revelaba crímenes de guerra en Iraq y Afganistán. La mayoría de los organismos de protección de derechos humanos de la ONU igualmente se han posicionado contra la persecución desatada por Estados Unidos, ya que genera un peligroso precedente para la libertad de prensa en el mundo. Y en esa línea, Ecuador, bajo la administración de Rafael Correa, cumplió con sus obligaciones internacionales y se enfrentó a Estados Unidos, brindándole asilo al periodista en su misión diplomática en Londres y protegiéndole con uñas y dientes frente al país más poderoso del mundo.

Pero claro, esa obra de gallardía internacional olía a “correismo”, y el actual presidente, Lenin Moreno, apuntó su “lawfare” también hacia Julian Assange. Y de esta forma, la Embajada de Ecuador en Londres se convirtió en una cárcel, se incomunicó al asilado, se le prohibieron las visitas y el contacto con el exterior. Se le impuso un protocolo que no se registra en el país ni para los peores criminales con condenas carcelarias. Además, se habría estado espiando al asilado dentro de la embajada, en una trama que se investiga en la jurisdicción española. Pero todo eso no forzó la expulsión de Assange, por lo que, finalmente, el 11 de abril de 2019, Lenin Moreno decidió la expulsión unilateral del asilado, violando todos los instrumentos internacionales de asilo y protección de derechos humanos y dejándole en manos de la extradición de Estados Unidos por la que se le piden, nada menos, que 175 años de cárcel.

Curiosamente, el 11 de abril de este año, dos años después de aquella expulsión, se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Es muy probable que la opción afín al expresidente Correa gane, por lo que, de alguna forma, habrá perdido el sucio “lawfare” y habrán ganado Rafael Correa y Julian Assange, si no se vuelve a utilizar aquel, como ya se atisba, con acciones concordadas de las fiscalías generales de Colombia y Ecuador, para evitarlo, extremo que ha sido advertido y denunciado por el relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial.

Noam Chomsky, en su informe pericial sobre el caso Assange, advirtió: “El gobierno norteamericano busca criminalizar a Julian Assange por sacar a la luz del sol un poder que pudiera evaporarse si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto”…, “El supuesto crimen de Julian Assange, al esforzarse por descubrir secretos gubernamentales, es violar los principios básicos del gobierno, levantar el velo del secreto que protege el poder de miradas ajenas y evita que se disipe..” y los poderosos entienden que esto “.. puede hacer que el poder desaparezca”.  Por su parte el “crimen” de Rafael Correa es haber sacado a Ecuador de la sima de la corrupción y el no derecho y ponerlo en unos índices de gobernabilidad y bienestar altos y seguir siendo referente en un país en el que las instituciones han sucumbido al lawfare en el que el gobierno saliente las ha introducido con la inestimable dirección e impulso de la administración norteamericana. Así es.

Assange prepara en prisión la próxima batalla judicial contra su extradición a EE.UU.

Lourdes Gómez · Sputnik · 25 de febrero de 2021

Julian Assange contempla interponer un «contrarrecurso» en el procedimiento de extradición a Estados Unidos para reivindicar el interés público de las divulgaciones de WikiLeaks, la libertad de prensa y la naturaleza política de su persecución.

El fundador de WikiLeaks continúa en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en el sureste de Londres, en régimen similar al aislamiento solitario a fin de mitigar el riesgo de contraer Covid-19. Está confinado en la celda, con acceso a un ordenador conectado a un teclado prácticamente inservible y hablando con su equipo legal en esporádicas sesiones audiovisuales. «Sigue retenido en unas condiciones que merman su capacidad para preparar su caso legal», denuncia su prometida y madre de sus dos hijos pequeños, Stellla Moris.

MICROFINANCIACIÓN

Abogada de formación, con experiencia en derechos humanos, Moris ha lanzado una nueva campaña de recaudación de fondos (https://www.crowdjustice.com/case/assangeappeal/) para costear el proceso judicial. Más de 72.500 libras (unos 84.000 euros) se habían asegurado para el jueves 25 en contribución del recurso de apelación, que atenderá el Alto Tribunal de Inglaterra y Gales en una fecha aún por determinar.

La batalla judicial se aproxima a un punto crítico y decisivo, de acuerdo con expertos legales consultados por Sputnik. Assange ganó en enero el primer asalto contra el Gobierno estadounidense, que le acusa de conspiración para piratear sistemas informáticos oficiales y de obtener y difundir información confidencial sobre las guerras de Irak y Afganistán, partes diplomáticos y ficheros de los presos de Guantánamo. Se enfrenta a condenas de hasta 175 años en prisión si es entregado por el Reino Unido y juzgado en el Estado de Virginia.

La administración de Joe Biden revalidó este mes la decisión del Gobierno de Donald Trump de apelar la sentencia de la magistrada Vanessa Baraitser, quien rechazó la solicitud de extradición debido al riesgo de suicidio en una cárcel de alta seguridad estadounidense. «La salud mental del señor Assange se deterioraría, llevándole al suicidio con la ‘firme determinación’ de su trastorno del espectro autista», dictó antes de concluir que sería «opresivo» entregarle a EEUU en su estado de salud.

HECHO IRREBATIBLE

«No creo que Estados Unidos tenga alguna posibilidad de ganar la apelación. Cuando la magistrada falló que Assange correría un riesgo severo de suicidio, esa circunstancia se convirtió en un hecho legal, que ningún juez de apelación querrá ni podrá rebatir», sostiene un analista británico que atendió el juicio de extradición en Londres.

Hay dos precedentes judiciales recientes a favor de Assange. Su principal abogado a lo largo del procedimiento, Edward Fitzgerald, logró impedir la entrega a Washington de dos «hackers», Lauri Love y Gary McKinnon, sobre los que pesaban presuntos delitos de crimen cibernético. En 2017, el Alto Tribunal inglés reconoció que Love sufría Asperger y corría riesgo de suicidarse si era extraditado. Muchos confían en que el mismo juzgado eche por tierra la apelación estadounidense y ponga en libertad a Assange.

«Es un caso que desgasta al Reino Unido y terminará con la sentencia del Alto Tribunal. Es una barbaridad tener a un periodista entre rejas por publicar información veraz», denuncia un asesor jurídico europeo, tras recordar que el programador informático y exdirector de la plataforma digital lleva más de un año en prisión preventiva en Londres, sin cargos pendientes con la Justicia británica. «Debería estar en casa con sus hijos, pero le denegaron la libertad condicional», protesta su novia.

LIMPIAR LA REPUTACIÓN

El equipo de Assange baraja lanzar una «contraapelación» centrada en los motivos políticos y las cuestiones de derechos civiles fundamentales que Baraitser descartó en su sentencia. «Daría una oportunidad de limpiar la reputación de Julian», explica Moris en su último parte de la campaña de micro financiación.

«El «contrarrecurso» es una estrategia libre de riesgo, que permite a los abogados de Assange airear sus argumentos de nuevo», defiende al analista británico. Si los jueces admiten esta opción de recurso, el equipo del australiano tratará de obtener un veredicto que apuntale la libertad de expresión y reivindique el trabajo del exdirector de WikiLeaks y el interés público que avala la publicación de los muchos videos e informes secretos sobre aparentes crímenes de guerra y otros abusos perpetrados por EEUU.

Operación contra Assange: atentado a la libertad de prensa

Javier Segura · Público · 23 de septiembre de 2020

/…/

Las acusaciones contra Assange y el juicio de extradición constituyen un claro ejemplo de lo que ha venido en denominarse «lawfare» (guerra judicial), es decir, el uso de procedimientos judiciales ilícitos pero con apariencia legal, como las pruebas falsas, para destruir la imagen pública, inhabilitar o perseguir a quien sea señalado como rival a batir. Constituye, dicho «lawfare», la herramienta coercitiva que, cumpliendo la función represiva de las dictaduras, sitúa a la democracia dentro del perímetro marcado por los intereses de las altas esferas económico-financieras y geopolíticas.

/…/

Puedes leer el artículo completo aquí y aquí.