Julian Assange y Rafael Correa: dos casos de Lawfare

Assange: Correa, asilo per no garanzie - LaProvincia.it ...

Baltasar Garzón · Nodal · 12 de marzo de 2021

En mi vida profesional como juez he investigado la respuesta más brutal de las dictaduras contra los opositores políticos. He hundido los dedos en las vísceras de las más criminales represiones violentas en diferentes partes del mundo. Una respuesta que se caracterizaba por la violencia contra los colectivos opositores, en forma de detenciones arbitrarias masivas, torturas sistemáticas, ejecuciones extrajudiciales fuera de todo proceso y la desaparición forzada de personas.

Esa represión contra la oposición política de finales del siglo XX encontró una respuesta judicial, mejor o peor, desde países como España, a través de la jurisdicción universal y con el procesamiento de sus responsables en sus propios territorios. Es más, como culmen a estos procesos de lucha contra la impunidad, finalmente, la comunidad internacional decidió crear la Corte Penal Internacional, órgano judicial permanente para perseguir estos crímenes.

Sin embargo, la represión y persecución contra la oposición política no ha cesado. En el siglo XXI se ha cambiado la vestimenta. Ante la imposibilidad de desatar campañas violentas de persecución, ha mutado hacia sibilinos métodos de descrédito y encausamiento judicial, combinados sofisticadamente entre medios de comunicación y sectores del poder judicial, para expulsar a opositores políticos. Me refiero al denominado como “lawfare” o “guerra judicial”.

Actualmente la represión contra la oposición no se nos presenta vestida en forma castrense, con bandos militares y escenificando la ejecución de líderes políticos de oposición. En el siglo XXI esa represión ha y se ha vuelto sofisticada y quirúrgica, ejecutándose mediante el “lawfare”. Y para ello basta con desatar una campaña de calumnias mediáticas, aunque sean disparates, para que sean estratégicamente recogidas por ciertos jueces y fiscales que levanten el mazo y saquen del tablero político a esa oposición incómoda

Ejemplos de esta nueva forma de represión, más sofisticada, a través del “lawfare”, tenemos muchos en la región. Pero quizás el caso de estudio más relevante es el que se refiere a Ecuador. El “lawfare” en este país es paradigmático. Cumple con todos los requisitos exigidos y se manifiesta en la forma más pura. Al terminar su década de mandato Rafael Correa, entre 2007 y 2017, y tras dejar un país diferente al que encontró, con índices de desarrollo humano que se habían disparado, en forma orquestada se articuló un proceso instrumental contra él y contra toda persona que se sospechara aliada del exmandatario.

El gobierno de Lenin Moreno, a la sazón vicepresidente del propio Rafael Correa, desde el principio se mostró preocupado por el control de los tribunales. El Consejo de la Judicatura, nombrado por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, después de “un proceso de evaluación” destituyó a 23 de 36 jueces de la Corte Nacional de Justicia, la más alta instancia judicial. Y se cubrieron las vacantes con jueces “temporales”. Se procedió a destituir sin dilación a varios jueces que fallaron causas a favor de los líderes de oposición de la Revolución Ciudadana, de manera especial en lo referido a Correa.  ¿Hace falta un mensaje más claro y contundente?: El juez que discrepe de la posición oficial, será destituido. A Rafael Correa se le instruyeron 38 disparatados procesos hasta por fin obtener una condena en el tiempo récord de 16 días, con pena privativa de libertad de 8 años y 22 de inhabilitación para ejercer sus derechos políticos.

Se sumó así Lenin Moreno a la lista de los mandatarios que echaron mano de la justicia para, vía lawfare, eliminar a quien pudiera perturbarle en el uso poco mesurado del poder. Comenzó a utilizar sus medios afines para lanzar acusaciones de todo tipo, desde secuestros contra opositores que parecerían sacados de una película, hasta ridículos préstamos personales que se dibujaban como una de las más sofisticadas operaciones de blanqueo de capitales. Incluso loables acciones como la campaña de “la mano negra” de Chevrón, la compañía petrolera que destrozó gran parte del Amazonas ecuatoriano fue utilizada para atacar al expresidente. Y todas esas denuncias milimétricamente lanzadas desde la actual Presidencia, eran recogidas inmediatamente por los medios afines al poder, dimensionadas, ficcionadas, engordadas y abiertamente falseadas. Dejando el camino para la última fase del “lawfare”, que los jueces y fiscales afines al poder de turno abrieran causas penales contra el expresidente Correacon la intención de, a través de sus sentencias, eliminar de la vida política del país a todo el “correismo”. Proscribirlo de la concurrencia política para garantizar el poder sin la posibilidad de que esa opción política pueda regresar. La misma finalidad que las acciones militares, pero con otros métodos más sofisticados.

Pero lo llamativo es que el “lawfare” acordado “ad intra”, hacia dentro del país, desgraciadamente tiene pocos límites, y han perseguido y condenado a muchos de los aliados de Rafael Correa. Sin embargo, eldesplegado “ad extra”, hacia fuera del país, se ha tornado en más complicado de presentar ante otros actores. Y ello porque Rafael Correa se encuentra en Bélgica. Esto ha motivado que, por ejemplo, la Comisión de Control de Ficheros de INTERPOL se haya negado a tramitar algunas de esas órdenes internacionales de detención. O que Bélgica, evidentemente, no se haya prestado a ese “lawfare”.

El odio que subyace en el “lawfare” desatado contra Rafael Correa ha afectado a toda persona cercana, y por supuesto, a toda su obra. Y uno de los mayores éxitos de la administración de Correa a nivel internacional, el asilo al periodista Julian Assange, también ha sido objeto de ataques del “lawfare”. La práctica totalidad de las organizaciones de derechos humanos del mundo, como Amnistía Internacional o Reporteros Sin Fronteras, se han posicionado contra la persecución de Estados Unidos a un periodista, simplemente por publicar información veraz que revelaba crímenes de guerra en Iraq y Afganistán. La mayoría de los organismos de protección de derechos humanos de la ONU igualmente se han posicionado contra la persecución desatada por Estados Unidos, ya que genera un peligroso precedente para la libertad de prensa en el mundo. Y en esa línea, Ecuador, bajo la administración de Rafael Correa, cumplió con sus obligaciones internacionales y se enfrentó a Estados Unidos, brindándole asilo al periodista en su misión diplomática en Londres y protegiéndole con uñas y dientes frente al país más poderoso del mundo.

Pero claro, esa obra de gallardía internacional olía a “correismo”, y el actual presidente, Lenin Moreno, apuntó su “lawfare” también hacia Julian Assange. Y de esta forma, la Embajada de Ecuador en Londres se convirtió en una cárcel, se incomunicó al asilado, se le prohibieron las visitas y el contacto con el exterior. Se le impuso un protocolo que no se registra en el país ni para los peores criminales con condenas carcelarias. Además, se habría estado espiando al asilado dentro de la embajada, en una trama que se investiga en la jurisdicción española. Pero todo eso no forzó la expulsión de Assange, por lo que, finalmente, el 11 de abril de 2019, Lenin Moreno decidió la expulsión unilateral del asilado, violando todos los instrumentos internacionales de asilo y protección de derechos humanos y dejándole en manos de la extradición de Estados Unidos por la que se le piden, nada menos, que 175 años de cárcel.

Curiosamente, el 11 de abril de este año, dos años después de aquella expulsión, se celebrará la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Ecuador. Es muy probable que la opción afín al expresidente Correa gane, por lo que, de alguna forma, habrá perdido el sucio “lawfare” y habrán ganado Rafael Correa y Julian Assange, si no se vuelve a utilizar aquel, como ya se atisba, con acciones concordadas de las fiscalías generales de Colombia y Ecuador, para evitarlo, extremo que ha sido advertido y denunciado por el relator de Naciones Unidas sobre independencia judicial.

Noam Chomsky, en su informe pericial sobre el caso Assange, advirtió: “El gobierno norteamericano busca criminalizar a Julian Assange por sacar a la luz del sol un poder que pudiera evaporarse si la población aprovecha la oportunidad de convertirse en ciudadanos independientes de una sociedad libre, en lugar de súbditos de un amo que opera en secreto”…, “El supuesto crimen de Julian Assange, al esforzarse por descubrir secretos gubernamentales, es violar los principios básicos del gobierno, levantar el velo del secreto que protege el poder de miradas ajenas y evita que se disipe..” y los poderosos entienden que esto “.. puede hacer que el poder desaparezca”.  Por su parte el “crimen” de Rafael Correa es haber sacado a Ecuador de la sima de la corrupción y el no derecho y ponerlo en unos índices de gobernabilidad y bienestar altos y seguir siendo referente en un país en el que las instituciones han sucumbido al lawfare en el que el gobierno saliente las ha introducido con la inestimable dirección e impulso de la administración norteamericana. Así es.

Inauguración del Festival de Cine y Derechos Humanos de Barcelona

Barcelona · 1 de diciembre de 2020

Presentación del documental La guerra al periodismo, el caso de Julian Assange

Participan:

John Shipton, padre de Julian Assange

Nils Melzer, relator de la ONU

Juan Passarelli, realizador del documental

Una empresa de seguridad española espió los teléfonos de dos hijas de Rafael Correa

José María Irujo · El País · 29 de septiembre de 2020

La empresa de seguridad española UC Global S.L. espió durante años a dos hijas del expresidente de Ecuador Rafael Correa e instaló troyanos, sistema que permite el robo de datos confidenciales, en sus teléfonos móviles iPhone, según la documentación aportada en la querella que ha presentado en la Audiencia Nacional el político ecuatoriano contra el exmilitar David Morales, dueño de la compañía por presuntos delitos contra la intimidad y revelación de secretos.

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Manifiesto de la Internacional Progresista

Condenamos el juicio-espectáculo contra Julian Assange y exigimos su liberación inmediata

"Cada vez que somos testigos de una injusticia y no actuamos, entrenamos a nuestro carácter a ser pasivo en su presencia y así, eventualmente perdemos toda capacidad para defendernos a nosotrxs mismxs y a quienes amamos". ―Julian Assange

Nosotrxs, miembros del Consejo de la Internacional Progresista, apoyamos la libertad de Julian Assange frente al juicio de extradición ilegal y peligroso que se lleva a cabo actualmente en su contra en Londres. Julian Assange ha sido un periodista, editor e intelectual que ha definido el mundo y cuya labor ha sido crucial para promover la justicia mundial. El enjuiciamiento por parte de los Estados Unidos de un ciudadano australiano por sus actividades periodísticas realizadas en países soberanos de Europa, constituye una grave violación de los derechos humanos y del derecho internacional. Lo que es más peligroso, sienta un precedente jurídico que significa que cualquier disidente de la política exterior de los Estados Unidos puede ser enviadx a los Estados Unidos para enfrentar una cadena perpetua o incluso a la pena de muerte. Los resultados del caso amenazan la libertad de expresión y la soberanía nacional en todo el mundo.

WikiLeaks ha sido una inspiración para los movimientos sociales de todo el mundo en su lucha por la verdad y la justicia. El trabajo de Assange como editor y periodista de WikiLeaks ha revelado más irregularidades gubernamentales que cualquier otro medio editorial en este siglo, desde el lavado de dinero hasta la corrupción en países como Islandia o Namibia. Aunque recibió premios mundiales por su trabajo en defensa de los derechos humanos, sólo cuando WikiLeaks comenzó a revelar los crímenes del gobierno de EE. UU. —en particular, sus crímenes de guerra en Irak, la tortura en la Bahía de Guantánamo y el programa ilegal de guerra cibernética de la CIA revelado por los documentos filtrados de «Vault 7«— Assange fue tratado como un criminal y terrorista por los Estados Unidos.

Debemos recordar que Assange está siendo procesado ahora por nada más que actos de publicación.

Creemos que el apoyo a Julian Assange en el caso contra la extradición es una prueba de fuego para las fuerzas progresistas en todo el mundo. A pesar de sus consecuencias históricas, este caso se ha mantenido en demasiado silencio —y es la responsabilidad de todas las fuerzas progresistas levantar sus voces ahora. Mientras tanto, se ha dejado a Assange languidecer en el aislamiento, primero en la Embajada de Ecuador en Londres, y ahora en la prisión de Belmarsh, donde permanece en confinamiento 23 horas al día. Assange ya ha sufrido bastante y su prolongado encarcelamiento podría llevar a la pérdida de uno de los más valientes editores del siglo XXI. No apoyar a Assange en esta coyuntura sería un acto de cobardía monumental, y una autolesión excepcional.

Sabemos que el caso de Julian Assange determinará más que solo su destino. El resultado del caso de Assange lleva el peso de nuestra seguridad colectiva contra los abusos de lxs poderosxs. Si no nos levantamos ahora, si no encontramos el valor para hablar en nombre de Assange, será enviado a un tribunal secreto, encarcelado de por vida, y lo dejarán morir. No podemos quedarnos de brazos cruzados. La solidaridad internacional con Assange es ahora más necesaria que nunca.

Lucharemos contra la extradición a EE. UU. hasta que sea libre.

Firmantes:

Julian Aguon
Abogado de Derechos Humanos, Micronesia

Slim Amamou
Activista, Túnez

Celso Amorim
Ex Ministro de Exterior de Brasil

Renata Avila
Abogada de Derechos Humanos, Guatemala

Alicia Castro
Activista política y sindical, Argentina

Noam Chomsky
Lingüista, EE. UU.

Rafael Correa
Ex Presidente de Ecuador

Tasneem Essop
Activista climática y por la justicia social, Sudáfrica

Nick Estes
Historiador, Tribu Lower Brule Sioux

Harry Halpin
Co-fundador de Nym Technologies, EE. UU.

Rachmi Hertanti
Indonesia por la Justicia Global

Srećko Horvat
Filósofo y co-fundador de DiEM25, Croacia

Giorgio Jackson
Político y activista, Chile

Scott Ludlam
Escritor, activista y ex senador, Australia

Harsh Mander
Activista por los derechos humanos y escritor, India

John McDonnell
MP del Partido Laborista, Reino Unido

Kavita Naidu
Defensora de los derechos humanos, Fiji

Vijay Prashad
Director de Tricontinental: Instituto para la Investigación Social, India

Aruna Roy
Fundora MKSS, India

Arundhati Roy
Novelista, India

Ahdaf Soueif
Autor, Egipto

Yanis Varoufakis
Economista and Secretario General de MeRA25, Grecia

Mona Seif
Activista de derechos humanos, Egipto

Natália Bonavides
Congresista, Brasil

Andrés Arauz
Candidato presidencial, Ecuador

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