La Audiencia pide interrogar al exdirector de la CIA con Trump sobre el espionaje a Assange

Cadena SER · 3 de junio de 2022

El exjefe de la CIA Mike Pompeo. / Joshua Roberts (Reuters)

El juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha accedido a la petición de la defensa de Julián Assange, y con el visto bueno de la Fiscalía, ha reclamado a EEUU que le permita interrogar como testigos al ex secretario de Estado y exdirector de la CIA con Trump, Mike Pompeo, y al exjefe de contravigilancia, William Evanina, después de que éste haya confesado que la Inteligencia norteamericana tenía acceso a las cámaras de la embajada de Ecuador en Londres, donde se encontraba asilado Assange, llegando a planear su secuestro o asesinato.

Evanina incluso admitió que la empresa española UC Global, encargada de la seguridad en la embajada ecuatoriana, formaba parte de la trama y colaboró desde 2017 con la CIA en el espionaje a Assange. Y ese es el motivo por el que la justicia española conoce de este caso; la nacionalidad de la empresa de seguridad dirigida por David Morales que supuestamente, fue pieza clave en el espionaje al activista.

Las declaraciones de William Evanina fueron realizadas al equipo de investigación de Yahoo News, que también obtuvo declaraciones de más de 30 oficiales norteamericanos y numerosa documentación para exponer sus conclusiones. Assange permaneció 7 años en la embajada por temor a las represalias de Estados Unidos tras la publicación en Wikileaks de miles de documentos clasificados sobre las guerras de Irak y Afganistán.

Los antecedentes para que EEUU acepte la solicitud de la justicia española sobre sus exaltos cargos no son halagüeños. Nunca accedieron a las peticiones sobre el caso Couso.

Pedraz pide interrogar al exjefe de la CIA por el espionaje a Julian Assange

Andalucía información · 3 de junio de 2022

El juez Santiago Pedraz ha pedido a las autoridades estadounidenses poder interrogar como testigo al exjefe de la CIA Mike Pompeo en la causa en la que investiga el presunto espionaje al fundador de Wikileaks Julian Assange durante su asilo en la embajada de Ecuador en Londres a través de una empresa española, Undercover Global (UC Global).

En una providencia, fechada 1 de junio y a la que ha tenido acceso Efe, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional ha acordado, a petición de la acusación que ejerce Assange en este procedimiento, ampliar la comisión rogatoria que envío hace casi dos años para que le permitan tomar declaración como testigos a Pompeo y a uno de sus subrodinados, el ex jefe de contrainteligencia William Evanina.

A la espera de que Estados Unidos responda a esta última petición de auxilio judicial, Pedraz ha llamado a declarar el próximo 30 de junio a la exministra de Exteriores de Ecuador y expresidenta de la Asamblea General de Naciones Unidas María Fernanda Espinosa Garcés.

Para pedir la declaración de ambos exresponsables de la contrainteligencia estadounidense, la representación de Assange se basa «en el escándalo mayúsculo que se había generado en Estados Unidos ante la confesión» de Evanina, y la posterior confirmación de Pompeo, de que «Estados Unidos tenía acceso a las cámaras de la Embajada de Ecuador en Londres, a grabaciones de conversaciones dentro de la misión, a los dispositivos de las visitas y a los documentos de viaje de todos ellos, habiendo llegado a planear incluso el asesinato o el secuestro del asilado».

Según el escrito del abogado de Assange, al que también ha tenido acceso Efe, «en esas declaraciones evidentemente se señalaba a UC Global como parte de la trama. Y de hecho el escándalo ha propiciado que el Comité de Inteligencia (United States House Permanent Select Committee on Intelligence) del Congreso de los Estados Unidos (House of Representatives) haya solicitado información al respecto de esta operación en la que estaría involucrada una mercantil con sede social en España».

Especifica además que pide su declaración como testigos porque, si bien podría considerarse citarles como investigados, «ello no es posible al ser un posible delito cometido por extranjero en país extranjero» por lo que España carecería de jurisdicción.

No obstante, insiste en que el testimonio de ambos «es necesario para la instrucción de esta causa, y todo ello por haber quedado acreditado que son conocedores directos, y así lo han confesado públicamente».

Por este presunto espionaje está siendo investigado en la Audiencia Naciona el dueño de la empresa UC Global, David Morales, tras la admisión a trámite de una querella interpuesta por estos hechos en 2019 por Assange, cuya defensa coordina el exjuez español Baltasar Garzón.

Su empresa se encargó de la seguridad de la sede diplomática ecuatoriana en Londres entre 2015 y 2018, durante parte de los siete años que Assange estuvo asilado en esa legación, protegido por el Gobierno del entonces presidente ecuatoriano Rafael Correa.

La Justicia británica dio el visto bueno el pasado abril para su extradición a Estados Unidos, si bien cabe recurso y después la entrega tiene que validarla el Gobierno británico.

Washington reclama a Assange para procesarle por 18 delitos de espionaje e intrusión informática por las revelaciones de su portal sobre los abusos de EE.UU. en su centro de detención de Guantánamo (Cuba) así como presuntos crímenes de guerra en Irak y Afganistán.

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Defensa se niega a informar sobre David Morales, el ex militar procesado en la Audiencia Nacional por el caso Assange

Tomás F. Ruiz · Rebelión · 13 de noviembre de 2021

El ministerio de Defensa, a través de su Dirección de Comunicación Institucional, se ha negado a proporcionar a la prensa los informes militares que obran en su poder referidos al imputado por la Audiencia Nacional David Morales Guillén, propietario de Undercover Global, empresa española contratada por la Embajada de Ecuador en Londres para garantizar la seguridad del periodista Julian Assange durante la larga estancia de éste en las dependencias diplomáticas bajo la condición de refugiado.

Según ha podido confirmar la Audiencia Nacional, David Morales no dudó un momento en vender toda la información de que disponía sobre Julián Assange a agencias oficiales norteamericanas y traicionar de esta forma la confianza puesta en su persona por el gobierno ecuatoriano de Correa.

Apenas tuvo confirmación de esta práctica desleal, el juez José de la Mata -titular del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional- decretó su inmediata detención, aunque bajo supuestas presiones de instancias judiciales superiores (que pudieron actuar condicionadas por EE.UU), se vio obligado a decretar su puesta en libertad con medidas cautelares de comparecencia ante el juzgado dos veces por semana y prohibición de abandonar el país.

Las Fuerzas Armadas españolas, en las que David Morales sirvió durante 17 años -de 1991 a 2008- y en las que fue supuestamente adiestrado en tácticas de protección y seguridad, así como en procedimientos de sabotaje, espionaje, conspiración, traición y deslealtad profesional, procedimientos a los que recurrió sin ningún escrúpulo durante su trabajo en la embajada de Ecuador en Londres, se niegan a hacer público el currículum militar de este ex oficial procesado por la Audiencia Nacional.

Requeridas por el periodista Tomás F. Ruiz para ceder toda la información que obre en su poder sobre la trayectoria profesional de David Morales a su paso por el Ejército español, las Fuerzas Armadas (escudadas bajo el supuesto de silencio administrativo) se han negado a facilitar los datos requeridos por el informador.

La dirección de Comunicación Institucional de Defensa ha omitido premeditadamente proporcionar la información que se le ha requerido sobre los nombres de todos los centros militares por los que pasó David Morales (tanto en su periodo de formación como en activo), graduaciones que obtuvo durante su carrera militar, cuerpos especiales en los que sirvió, lugares donde el susodicho ex militar prestó sus servicios (relación detallada de lugares y funciones que tuvo, tanto dentro como fuera de España), así como todo lo referente a su situación militar de “excedencia”, entre la que se encuentran los logros que obtuvo (condecoraciones, si las hubiera), grados a los que accedió (tanto en su graduación militar como en su formación académica), sanciones y expedientes que se le impusieron y cuál es su situación actual, es decir, si ha prestado, presta o puede aún prestar sus servicios como militar, a pesar de estar en situación de «detenido» (según consta en el atestado de la Audiencia Nacional).

“El servicio de comunicaciones de Defensa se ha remitido a proporcionarme una información ridícula -asegura el periodista Tomás F. Ruiz-, limitándose a informarme exclusivamente del periodo de 17 años que David Morales pasó en el Ejército español. Esta irrisoria información me ha sido enviada a través de un correo electrónico en el que, para guardarse las espaldas, el oficial que me la envía ha evitado firmarla y se ha escudado en un cobarde anonimato, omitiendo incluso el cargo que desempeña e incurriendo así en infracciones a la ley del procedimiento administrativo. He tenido que cursar en varias ocasiones mi solicitud al Ejército y ellos han optado finalmente por el silencio administrativo, después de torearme y remitirme compulsivamente a varios departamentos diferentes, intentando conseguir así que me cansara y abandonase mis intenciones de averiguar qué hizo David Morales en el Ejército español para convertirse en el presunto delincuente que es hoy en día”.

Según el periodista Tomás F. Ruiz, la táctica de negar a un profesional de la comunicación información sobre uno de sus ex oficiales (información considerada como de dominio público, ya que no ha sido declarada bajo secreto de sumario) “sólo puede ser interpretada como un intento in extremis de proteger el reprobable comportamiento de David Morales.

Del mismo modo, Defensa puede incurrir en un delito de prevaricación, ya que ocultando premeditadamente esa información a la opinión pública, puede estar amparando todas las actividades delictivas cometidas por este individuo durante su reprobable actuación como propietario de la empresa de seguridad Undercover Global, la cual acabó incurriendo en deslealtad profesional y vendiendo información confidencial sobre el fundador de WikiLeaks a una organización norteamericana, supuestamente la CIA, que practica abiertamente el terrorismo internacional y que intentó, basándose en estos mismos informes proporcionados por David Morales, secuestrar o incluso asesinar a Julian Assange”.

Confusión en su directorio web

Cuando un ciudadano intenta contactar con la Armada Española y acude a las páginas web donde deberían figurar correos electrónicos de contacto, las únicas direcciones electrónicas que encuentra son cuadros informativos con referencias de correos electrónicos impracticables.

Así, se da el caso de varias páginas oficiales en las que se citan correos electrónicos a los que es imposible dirigirse por estar incompletos. Entre ellas, dentro de la página web oficial de la Oficina de Relaciones Públicas y Comunicación Social, se dan casos como el de la oficina Central de Madrid de Ajema (cuyo email se limita a la referencia “@ correo electrónico: oficina central de Madrid”), la de la oficina Flota (Cádiz), con el no menos inaccesible email “@ correo electrónico: Oficina Flota” (que nos redirige, entre otras búsquedas que no tienen nada que ver, a un correo de la armada de Ecuador), o el mismo “@ correo electrónico: instituto hidrográfico” desde el que se debería poder acceder a las cartas marinas y notificaciones de peligros para la navegación, pero desde el que el apartado de “contacto” de esta página web del Instituto hidrográfico nos deriva a la oficina central de Madrid.

La Justicia abre cinco acciones criminales relacionadas con el espionaje a Assange en la embajada de Ecuador en Londres

Joan Cantarero · Público · 31 de octubre de 2021

La Audiencia Nacional y un juzgado de Madrid instruyen las querellas presentadas en nuestro país por el espionaje al fundador de WikiLeaks, a sus abogados, a periodistas y a otros durante los siete años que estuvo refugiado.

A la izquierda, el informe policial del caso contra Morales. A la derecha, el contrato de Morales con Adelson.
A la izquierda, el informe policial del caso contra Morales. A la derecha, el contrato de Morales con Adelson. — PÚBLICO

Aún tendrán que pasar algunas semanas, o quizá meses, para conocerse el veredicto de la Corte de Justicia del Reino Unido acerca del futuro que aguarda al fundador de WikiLeaks, Julian Assange.

El tribunal deberá decidir si dar credibilidad al frágil estado de salud del periodista australiano argumentado por la defensa, basado en varios informes médicos, y si además reconoce a Assange y a WikiLeaks el derecho a la difusión y publicación de información obtenida por diversas fuentes, pero siempre veraz.

Por el contrario, el tribunal también puede optar por dar la razón a las pretensiones del Gobierno de los Estados Unidos, que se presenta como perjudicado por la difusión de información secreta y que, para tranquilidad de todos, asegura que Assange «tendrá un juicio justo», con atención a su salud, y que será tratado con todas las garantías. En caso de ser extraditado, Assange será entregado a la corte del Distrito Este de Virginia, un órgano judicial que reside en la misma localización que las grandes agencias de inteligencia norteamericanas.

Secuestrar o asesinar a Assange

En 2017, tras la llegada al poder de Donald Trump y con Mike Pompeo de director de la CIA, se planeó secuestrar o asesinar a Julian Assange. Algunos altos funcionarios dentro de la CIA y la administración Trump -según Yahoo! News– incluso valoraron matar directamente a Assange, llegando a solicitar «bocetos» u «opciones» sobre cómo asesinarlo. Las discusiones tuvieron lugar «en los niveles más altos» de la administración Trump, según declaró a Yahoo! News, con sede en Nueva York, un exfuncionario de alto nivel de contrainteligencia que añadió que «no parecía haber límites para ejecutar su plan».

En ese tiempo Lenin Morenoya era presidente de Ecuador y Assange cumplía su quinto año de asilo diplomático en la embajada de Londres, donde se refugió en 2012 gracias al apoyo del entonces presidente Rafael Correa, que le concedió protección en la legación diplomática, para estupor de la inteligencia norteamericana y británica.

Para garantizar la seguridad de Julian Assange y la sede diplomática, ante el temor de que la CIA pudiera asaltarla por sorpresa y llevarse al periodista, el gobierno ecuatoriano, a través del SENAIN (Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador), contrató, mediante un informador, a la empresa española UC Global, propiedad de un militar de infantería de Marina.

Este militar gaditano, David Morales, que había trabajado armado en la protección de atuneros españoles en el Cuerno de África, contratado por una desaparecida empresa de seguridad, siempre quiso montar su propio Blackwater y creó su empresa de seguridad internacional desde Jerez.

De protector a espía

Todo fue funcionando progresivamente, se fueron incrementando las medidas de seguridad en el espacio ocupado por Assange y colocando cámaras de seguridad interiores y exteriores e, incluso, su empresa UC Global recibió el encargo de otra misión, como fue la «protección» de las hijas del presidente ecuatoriano Rafael Correa, que estudiaban en Francia y Bélgica, y a las que entregaron aparatos de seguimiento y localización.

Pero las cosas empezaron a cambiar en 2016 tras ser contactado por una persona en Estados Unidos. Al cabo de un tiempo y unos viajes trasatlánticos, la actividad de protección de Julian Assange pasó a convertirse en operación de espionaje, cuando en plena campaña electoral norteamericana, en la que Donald Trump se postulaba a la presidencia de Estados Unidos en las elecciones de ese año, fue contactado para prestar servicios al propietario de Las Vegas Sands, el conocido multimillonario judío Sheldon Adelson.

Adelson, fallecido en enero de este año, era amigo personal de Donald Trump y financiador de sus campañas. Además, el rey del juego era un importante colaborador de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, utilizando para ello sus propios casinos de juego repartidos en diversos países, entre ellos en Macao, donde colaboró en una operación de espionaje de la CIA contra funcionarios chinos.

Morales, el propietario de UC Global empezó a viajar a Estados Unidos, especialmente a Las Vegas, y llegó a firmar incluso un contrato con Adelson de servicios de seguridad. Llamaba la atención que un perfecto desconocido a nivel internacional como Morales, de la noche a la mañana, comenzara a trabajar con Adelson, quien casualmente tenía de numero dos a un superagente del servicio secreto de Estados Unidos, y que como jefe de seguridad contaba con un ciudadano norteamericano de origen israelí con importantes vínculos con el Mossad.

Como dijo el propio Morales en unos emails dirigidos a sus hombres destinados en la embajada de Ecuador en Londres: «Nos hemos pasado al lado oscuro».

Todo esto y mucho mas aparece recogido en la instrucción de las querellas que gestiona el Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional que dirige el magistrado José de la Mata Amaya. Se trata de una causa compleja que recoge cuatro querellas. La primera, presentada por Julian Assange; otra por periodistas alemanes, miembros de WikiLeaks y abogados; una tercera, por el expresidente Ecuador Rafael Correa y su familia; y una cuarta presentada por la periodista italiana Stefania Maurizi, del diario Il Fatto Quotidiano, media-partner de WikiLeaks..

Todas estas querellas están acumuladas en la causa 3291/2019, en la que están imputados David Morales Guillén, como propietario y director de UC Global; Michel Wallemacq, como director de operaciones; y la propia empresa Undecover UC Global, como responsable civil subsidiario.

En todas estas querellas se acusa al director y propietario de la empresa de la empresa de seguridad de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos; cohecho, blanqueo de capitales, contra la intimidad y contra el secreto de las comunicaciones abogado-cliente. Y en el caso de David Morales se añade la acusación del delito de tenencia ilícita de armas.

Igualmente, existe una quinta causa que instruye un juzgado  de Madrid contra la organización que comercializó vídeos y documentos obtenidos a través de vigilantes de una empresa de seguridad ecuatoriana al servicio del SENAIN, donde aparecen imágenes de Assange y documentos privados de abogados y periodistas, e incluso audios de reuniones. Entre estos primeros identificados aparecen vigilantes de seguridad ecuatorianos destinados en la embajada de Londres, cuyas familias residen en España, y otros personajes vinculados a casos de delincuencia común y corrupción.

Policía ve indicios de espionaje a Assange en embajada de Ecuador en Londres

La Vanguardia · 7 de julio de 2021

La Policía ha certificado la existencia de indicios de un presunto espionaje al fundador de Wikileaks Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, dónde estuvo refugiado varios años, mientras mantenía reuniones con su equipo de abogados, liderado por el exjuez Baltasar Garzón, o con otros visitantes.

Así consta en un oficio policial, al que ha tenido acceso Efe, en el que se analiza la información contenida en dos dispositivos de memoria USB que fueron entregados el pasado año al Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional por un testigo protegido en esta causa.

Este procedimiento se abrió al ser admitida una querella de Assange contra la empresa entonces responsable de la seguridad privada de la embajada de Ecuador en Londres (UC Global), y su propietario, David Morales, que está imputado.

La Policía explica en su informe que lo que expone «es el resultado del análisis de los USBs que entregó el Testigo Protegido-1 y que de momento no se ha podido comprobar si estos archivos se encuentran entre el material intervenido en los registros que se realizaron en la empresa UC GLOBAL», material del que anuncian que, «una vez se analice», informarán al juez «oportunamente».

De los archivos ahora analizados, el informe concluye que en el interior de la embajada había 7 cámaras con micrófonos y que contaban con un sistema de streaming que se realizaba directamente al NVR (Network Video Recorder).

También que se «grabaron diferentes vídeos con sonido de Julián Assange reunido con diferentes personas» y también «archivos de audio».

De hecho asegura que se elaboraron informes de reuniones «con diferentes personas e incluso en algunos se cita lo hablado en ellas», y un informe grafológico de Assange (estudio de la personalidad en el momento presente) por parte de la empresa UC GLOBAL.

Concluye también la Policía que se hicieron «copias de la documentación de las personas que David Morales indicó a los operadores de la empresa UC GLOBAL S.L, entre ellos Baltasar Garzón», y de otros abogados de su despacho como Aitor Martínez, así como de «los doctores que asistían a Julián Assange», de cuyas visitas también se elaboró «algún informe».

Las pruebas aportadas confirmarían además que se revisaron los mensajes de WhatsApp del móvil de Charles C Thonson, y que se fotografiaron los dispositivos móviles y las tarjetas SIM de la periodistas italiana Stefania Maurizi.

También la existencia de vídeos sobre las reuniones que mantuvieron en la embajada Assange y Romy Vallejo (Jefe del Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador), y de informes de las visitas de personas procedentes de Estados Unidos, de los que se adjuntaron fotos de los pasaportes de éstas, como por ejemplo del congresista norteamericano Dana Tyrone Rohrabacher, «siguiendo las indicaciones de David Morales».

Constan asimismo otros informes a los que aludía la querella, como el de una reunión que mantuvieron en Madrid en 2017 Baltasar Garzón y Rafael Correa, al que se le realizó un seguimiento desde el aeropuerto de Madrid hasta supuestamente el domicilio del exjuez, aportando fotografías del encuentro. También uno que se redactó en inglés del exlíder de Podemos Pablo Iglesias.

Entre el material aportado se encuentra asimismo un documento de pago de diez mil euros a la entonces responsable de seguridad de la embajada Gabriela Paiz Jérez, «pero este documento carece de firma». observa la Policía.

La querella expone las sospechas de que Morales pagaba 20.000 euros al mes en metálico a Páliz para evitar que hiciera «reportes negativos» sobre UC.

En cuanto a «los movimientos de dinero», la Policía indica al juez que en «una de las cuentas se ha encontrado un ingreso de 10.000 € procedente de USA del año 2016 en concepto de trabajos». (EFE)

La empresa española que espió a Assange operó desde un hotel de Sheldon Adelson en Las Vegas

Voz pópuli · 15 de julio de 2021

Undercover Global (UC Global), la empresa española investigada por el presunto espionaje a Julian Assange para Estados Unidos desde la embajada de Ecuador en Londres (Reino Unido), envió instrucciones desde EEUU para, supuestamente, acceder por streaming a las cámaras instaladas en la sede diplomática a espaldas de los servicios de inteligencia del país sudamericano.

Así lo reflejan los correos, chats y documentación que analiza la Policía Judicial, a los que ha tenido acceso este diario. Las instrucciones fueron enviadas por David Morales, fundador de UC Global, desde un hotel de Las Vegas propiedad de Sheldon Adelson. Hay que destacar que UC Global fue contratada por el Gobierno de Ecuador en 2012 para responsabilizarse de la seguridad de su embajada en Londres cuando Julian Assange se refugió en la sede diplomática.

En su día David Morales, exmilitar y administrador único de UC Global, pidió a los técnicos de su compañía que habilitaran un acceso en “streaming” sobre el sistema de cámaras de la embajada, tal y como avanzó en exclusiva Vozpópuli. Algunas de las instrucciones para conectarse al sistema de streaming eran remitidas por Morales desde el Hotel The Venetian, ubicado en Las Vegas (EEUU), propiedad entonces de Las Vegas Sands, corporación del multimillonario Sheldon Adelson, fallecido en enero de este año. Como veremos más adelante, el objetivo, supuestamente, era acceder a las cámaras que monitorizaban a Assange sin que los servicios de inteligencia ecuatorianos lo supieran.

En cuanto a la figura de Sheldon Adelson, el multimillonario norteamericano financió en su día la campaña electoral del ex presidente norteamericano, Donald Trump y, además, era amigo personal del por aquel entonces director de la CIA, Mike Pompeo. Tal y como se ha expuesto en el proceso judicial español, la cúpula del Departamento de Seguridad de Las vegas Sands está dirigida por un ex agente del Servicio Secreto de Estados Unidos que se había desempeñado anteriormente en las instancias de ciberseguridad, precisamente las que habrían estado centradas en el caso WikiLeaks. Adelson fue también promotor del proyecto fallido de Eurovegas en Madrid.

Las Vegas Sands había sido señalada anteriormente por orquestar presuntamente estrategias de espionaje junto a la CIA

Las Vegas Sands había sido señalada anteriormente por orquestar presuntamente estrategias de espionaje junto a la CIA. Tal y como publicó The Guardian en 2015, tras acceder a un documento secreto y confidencial elaborado en 2010, e incorporado a un proceso judicial, la empresa habría permitido el espionaje de la CIA mediante dispositivos de grabación en sus habitaciones del Casino Hotel de Macao, como sugiere ese informe. La finalidad, según refleja el documento desclasificado por la Universidad de California Berkeley y publicado por The Guardian en 2015, era presuntamente poder extorsionar a los funcionarios chinos que apostaban dinero en los casinos.

Sheldon G. Adelson en Singapur, en 2009

UC Global en Las Vegas, conexión Assange

El 3 de diciembre de 2017 David Morales remitía por correo electrónico a sus trabajadores de UC Global lo siguiente: “La semana próxima estaré de viaje y seria interesante que me pudiera llevar algo de información o resumen de Hotel [nombre en clave de la embajada], a menos que lo hayamos colgado todo en la plataforma que realizamos. Si es así no hay pegas”. Hay que recordar que, en el material obrante en la causa, tal y como han declarado los testigos protegidos, se apunta la creación de un Servidor FTP al que habrían estado accediendo IPs ubicadas en EEUU para presuntamente recolectar toda la información recogida en la embajada. Hasta el momento EEUU ha bloqueado la comisión rogatoria remitida por la Audiencia Nacional y se niega a identificar a los titulares de esas IPs, que se ubican en su territorio y que accedían a ese servidor.

Una semana después de ese email, David Morales visitaba el Hotel The Venetian, Las Vegas Sands, remitiendo desde la IP propiedad de ese resort instrucciones a sus trabajadores.

El 11 de diciembre de 2017, y mientras sus trabajadores (hoy testigos protegidos) estaban instalando nuevas cámaras (microfonadas) en la Embajada de Ecuador en Londres, Morales remitió el siguiente correo (literal): “Me indican que para los ecuatorianos al sistema en remoto (streaming) tengamos en cuenta que debemos de programarlo para que solo vean lo que nos interesa […] con el fin de que no puedan visualizar quien tiene mas conexiones o quien esta conectado al sistema… Todo debe de parecer como que tienen acceso ellos”.

Junto a esas instrucciones, añadía que hay “una serie de recomendaciones que debemos de seguir…. os lo adjunto en varios slides…. (están en ingles)”. En el Power Point adjunto a ese correo se pueden observar instrucciones en perfecto inglés para bloquear el acceso del perfil de Ecuador (“administrator”) al log en el que se visualizaban las entradas de otros usuarios, soliciando que además se creara otro usuario (“security”), que no podría ver Ecuador, y que sería la inteligencia de EEUU, según aseguran los testigos protegidos del caso. De esta manera, “administrator” (Ecuador) quedaría ciego y no sabría que “security” estaba accediendo a las cámaras en remoto.  Morales afirmaba en su correo remitido desde Las Vegas Sands que se trataba de que “no puedan visualizar quien tiene mas conexiones o quien esta conectado al sistema… … Todo debe de parecer como que tiene acceso ellos”.

A continuación reproducimos un slide de la presentación en Power Point en la que UC Global explicaba cómo acceder al sistema de cámaras de la embajada de ecuador en Londres a espaldas de los servicios de inteligencia del país latinoamericano.

Hay que destacar que Morales ha afirmado en repetidas ocasiones que tanto él como UC Global habrían realizado esas medidas de espionaje que se investigan siguiendo las peticiones del Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana de Ecuador. Algo que han negado los ministros de exteriores del país en sus manifestaciones al Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional.

En otro correo del 21 de septiembre de 2017 Morales manifestaba que “me gustaría que en primer lugar mi localización siempre que fuera posible se maneje con reserva ( especialmente mis viajes a USA ) […] quiero alertaros de que tengamos mucho cuidado con la información que transmitimos…y ya de camino a todos que tengan cuidado con la información….SENAIN nos esta investigando”. SENAIN es la principal agencia de inteligencia de Ecuador.

El contrato de UC Global para proteger la embajada ecuatoriana en Londres implicaba comunicar cualquier tipo de amenaza contra la embajada al Servicio Nacional de Inteligencia de Ecuador, denominado SENAIN. Para ello desde el comienzo del asilo se contaba con un circuito cerrado de cámaras de seguridad, pero sin sonido, ubicadas dentro del edificio, con el objetivo de detectar cualquier tipo de acceso ilegítimo al inmueble.

Los documentos consultados por este diario reflejan que «a partir de un determinado momento por parte de David Morales se dio órdenes de que se cambiase el sistema de cámaras para que las nuevas grabaran imagen y audio». De esta forma,  en diciembre de 2017 se cambiaron todas las cámaras y se instalaron otras con micrófono oculto. Los correos de la empresa acreditan cómo se solicitó expresamente a la empresa proveedora (espiamos.com) que las nuevas cámaras llevaran micrófonos que no pudieran ser perceptibles.

Otro de los testigos protegidos asegura que, al regresar el mes de enero de 2018 de Las Vegas, David Morales comentó abiertamente que “los amigos americanos” le habían pedido colocar micrófonos, esta vez en toda la embajada, pero que le habían solicitado que lo hiciera él personalmente, sin contar con nadie más.

Así, a los micrófonos de las cámaras de la embajada se unieron otros escondidos en distintos sitios. Un claro ejemplo de ello fue el micrófono lapa más potente, introducido en la base del extintor de la sala de reuniones. En esa estancia Assange tenía activado un distorsionador para dificultar la captación del sonido. Varias de las grabaciones de ese micrófono oculto están en manos de la Policía Judicial y han sido incorporadas a la causa.

La Policía portuguesa detuvo a David Morales, exmilitar que espió a Assange en Londres, cuando viajaba a Lisboa

Público · 25 de abril de 2021

David Morales, propietario de UC Global, Julian Assange, creador de Wikileaks, e Ignacio Oliva, dueño de Hispa Exportaciones Deluxe.
David Morales y Julian Assange, fotos de archivo. — Público

El exmilitar español David Morales, propietario de propietario de UC Global, la empresa de seguridad que espió a Julian Assange en la embajada de Ecuador en Londres, fue interceptado el 8 de marzo por la policía portuguesa en el paso fronterizo de Castro Marim (limítrofe con Ayamonte, en Huelva).

Como Morales no puede salir de España por orden de la Audiencia Nacional, los agentes lusos alertaron a la Policía Española y procedieron a la devolución del exmilitar, que viajaba acompañado de Enrique y David Campos en un vehículo que portaba cuatro maletas, informa El Mundo.

Morales justificó el viaje alegando que estaba trasladando a Lisboa a sus acompañantes, según el informe de la policía portuguesa, que confirmaron con las autoridades españolas la prohibición de abandonar España que pesaba sobre Morales.

Tras la detención, un juzgado de la Audiencia Nacional ha deducido testimonio contra Morales «por un posible delito de quebrantamiento de medida cautelar a petición de la Fiscalía», añade el diario madrileño. Así, el juez Santiago Pedraz lo ha citado este lunes en calidad de investigado para que dé su versión sobre los hechos.

El exmilitar fue detenido en 2019 por ordenar la interceptación de las conversaciones del fundador de Wikileaks con sus abogados en las que preparaba su estrategia de defensa. Como recuerda El Mundo, entonces el juez José de la Mata acreditó la «invasión de la intimidad de Assange y sus abogados mediante la instalación de micrófonos ocultos y otros medios en la Embajada de Ecuador en Londres».

El espionaje se realizó «sin consentimiento de los afectados», por lo que el juez ordenó que se le retirase el pasaporte a Morales, quien podría haber incurrido en la «posible comisión de un delito de quebrantamiento de medida cautelar con respecto a la limitación de la libertad deambulatoria contenida en el auto de libertad», según Carlos Bautista, fiscal del caso Assange.

Morales ha alegado que acompañaba a unos clientes «hasta la frontera con Portugal en Ayamonte para que desde allí tomaran un taxi que les trasladaría desde el puesto fronterizo a Lisboa».

Según El Mundo, su versión «contradice por completo lo expuesto en su informe por la policía portuguesa», lo que ha llevado a Aitor Martínez, representante de la defensa de Assange, a calificarla de «falsa», pues entiende que ya se encontraba en territorio portugués.

Dos años después, Fiscalía abre investigación por denuncia de espionaje en la embajada ecuatoriana contra Assange

Confirmado.net · 23 de abril de 2021

Carlos Poveda, quien forma parte del equipo de abogados del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, reveló que en las últimas horas la Fiscalía General del Estado ha enviado un impulso fiscal sobre la denuncia presentada el 29 de abril de 2019 respecto a presuntos delitos como la violación de la intimidad, escuchas y la sustracción y divulgación de datos personales sobre Assange que se habrían cometido en la Embajada del Ecuador en Londres.

En declaraciones a Pichincha Universal, Poveda se mostró sorprendido por este impulso fiscal ya que se realiza dos años después de presentada la acción pública.

“Casualmente el día de ayer me llegó un impulso fiscal de la FGE. Hace 2 años presentamos una denuncia de espionaje contra Julian Assange donde están involucrados personal de la Embajada ecuatoriana en Londres y ya convocan para mediados de mayo para que declaren Baltasar Garzón, Aitor Martínez, Steve Rapson de Wikileaks, eso me parece sorprendente (…) este es otro tema muy candente que no ha sido investigado en Ecuador…”

En contexto

Según reportó diario El Comercio, Carlos Poveda, sostuvo que esos hechos se habrían perpetrado desde marzo de 2018, y que también se ha requerido una investigación en España en dónde se habría intentando extorsionar al actual director de WikiLeaks por fotografías, videos y audios filtrados. 

“Hay filtraciones también de certificados médicos, hay audios y videos, filmaciones inclusive ya de carácter privado y de otra índole y eso es lo que nosotros tenemos que investigar”, expresó. La denuncia, precisó Poveda, es contra tres funcionarios de la misión diplomática, incluido el embajador Jaime Marchán y cuatro de la empresa encargada de su seguridad Promsecurity”. 

Los delitos que piden sean investigados y su tipificación en el Código Penal:

“[…] Art. 178.- Violación a la intimidad

La persona que, sin contar con el consentimiento o la autorización legal, acceda, intercepte, examine, retenga, grabe, reproduzca, difunda o publique datos personales, mensajes de datos, voz, audio y vídeo, objetos postales, información contenida en soportes informáticos, comunicaciones privadas o reservadas de otra persona por cualquier medio, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

No son aplicables estas normas para la persona que divulgue grabaciones de audio y vídeo en las que interviene personalmente, ni cuando se trata de información pública de acuerdo con lo previsto en la ley.

Art. 180.- Difusión de información de circulación restringida

La persona que difunda información de circulación restringida será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años.

Es información de circulación restringida: 1. La información que está protegida expresamente con una cláusula de reserva previamente prevista en la ley. 2. La información producida por la Fiscalía en el marco de una investigación previa. 3. La información acerca de las niñas, niños y adolescentes que viole sus derechos según lo previsto en el Código Orgánico de la Niñez y Adolescencia.

Art. 229.- Revelación ilegal de base de datos

La persona que, en provecho propio o de un tercero, revele información registrada, contenida en ficheros, archivos, bases de datos o medios semejantes, a través o dirigidas a un sistema electrónico, informático, telemático o de telecomunicaciones; materializando voluntaria e intencionalmente la violación del secreto, la intimidad y la privacidad de las personas, será sancionada con pena privativa de libertad de uno a tres años. Si esta conducta se comete por una o un servidor público, empleadas o empleados bancarios internos o de instituciones de la economía popular y solidaria que realicen intermediación financiera o contratistas, será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años.

Art. 230.- Interceptación ilegal de datos

Será sancionada con pena privativa de libertad de tres a cinco años:

1. La persona que, sin orden judicial previa, en provecho propio o de un tercero, intercepte, escuche, desvíe, grabe u observe, en cualquier forma un dato informático en su origen, destino o en el interior de un sistema informático, una señal o una transmisión de datos o señales con la finalidad de obtener información registrada o disponible.

2. La persona que diseñe, desarrolle, venda, ejecute, programe o envíe mensajes, certificados de seguridad o páginas electrónicas, enlaces o ventanas emergentes o modifique el sistema de resolución de nombres de dominio de un servicio financiero o pago electrónico u otro sitio personal o de confianza, de tal manera que induzca a una persona a ingresar a una dirección o sitio de internet diferente a la que quiere acceder.

3. La persona que a través de cualquier medio copie, clone o comercialice información contenida en las bandas magnéticas, chips u otro dispositivo electrónico que esté soportada en las tarjetas de crédito, débito, pago o similares.

4. La persona que produzca, fabrique, distribuya, posea o facilite materiales, dispositivos electrónicos o sistemas informáticos destinados a la comisión del delito descrito en el inciso anterior.

(…)

Imágenes exclusivas de Assange reunido con el congresista republicano Dana Rohrabacher que le ofreció el perdón de Trump

La Sexta · 23 de febrero de 2021

Son imágenes de 2017 que no han visto la luz hasta hoy.

Toda la conversación quedó recogida en un informe confidencial de UC Global, en el que se detallaba que el congresista «puso un precio al indulto», lo que suponía que Assange revelaría las fuentes de la filtración que publicó WikiLeaks de los correos electrónicos del partido demócrata durante la campaña electoral de 2016. Obviamente, Julian Assange rechazó la propuesta.

Ninguno de los que participaron en la reunión, que duró tres horas, sabía en ese momento que les estaban grabando y espiando por agentes que «protegían» la embajada.

Puedes ver el vídeo aquí.

Un subinspector de la Policía Nacional y TEDAX vendió a UC Global equipos para espiar a Assange en Londres

Joan Cantarero · Público · 14 de enero de 2021

David Morales, propietario de UC Global, Julian Assange, creador de Wikileaks, e Ignacio Oliva, dueño de Hispa Exportaciones Deluxe.
David Morales, propietario de UC Global, Julian Assange, creador de Wikileaks, e Ignacio Oliva, dueño de Hispa Exportaciones Deluxe. — PÚBLICO

El operativo de control y espionaje al que fue sometido Julian Assange por UC Global para la inteligencia estadounidense mientras permaneció refugiado en la embajada de Ecuador en Londres no hubiera sido posible sin la tecnología aportada por una empresa especializada en productos y software de espionaje, propiedad de un policía español experto en desactivación de explosivos.

Ignacio Oliva, subinspector de la Policía Nacional y especialista TEDAX, es el propietario de Hispa Importaciones Deluxe SL, una compañía creada en 2015 en Palma de Mallorca y domiciliada actualmente en Madrid, especializada en tecnología de última generación para el espionaje en el más amplio sentido de la palabra, tal como ha podido constatar Público mediante documentos oficiales a los que ha tenido acceso:

Documentos que demuestran que el subinspector Ignacio Oliva es propietario de la empresa Hispa Importaciones Deluxe, SL, pero no tiene concedida ninguna compatibilidad para ejercer una segunda actividad.
Documentos que demuestran que el subinspector Ignacio Oliva es propietario de la empresa Hispa Importaciones Deluxe, SL, pero no tiene compatibilidad para ejercer segunda actividad. — AGENCIA IFS-AIP

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